Empresarios pidieron a parlamentarios que no avalen la Ley de Abastecimiento

Empresarios tucumanos reclamaron a legisladores nacionales, del oficialismo y de la oposición, que intercedan para que la Casa Rosada no avance en el Congreso con la reforma de la Ley de Abastecimiento. Ayer, durante una reunión en la Federación Económica de Tucumán (FET), referentes del sector privado volvieron a rechazar la iniciativa oficial, al señalar que atenta contra la libertad de comercio y contra la propiedad privada.

Los diputados oficialistas, Alfredo Dato y Miriam Gallardo, recibieron los planteos, aunque avalaron la iniciativa del Ejecutivo de defender a los consumidores y de monitorear los precios que establecen las empresas oligopólicas y monopólicas. Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez, y el diputado Juan Casañas, ambos de la UCR, sumaron sus críticas al proyecto de reforma, y adelantaron su voto negativo cuando la propuesta ingrese al Parlamento.

El debate sobre el polémico proyecto, que se inició la semana pasada en el Senado, continuará hoy, a las 13, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Derechos Humanos y Garantías y de Justicia y Asunto Penales reanuden las consultas a diferentes entidades de consumidores, según consignó la agencia de noticias DyN. Al final de la jornada, las comisiones emitirán el dictamen que será tratado en el recinto la próxima semana.

Economías regionales

El presidente de la FET, Pedro Omodeo, y sus pares Sebastián Robles Terán, de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), y Felipe Salas, de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), coincidieron en que si el proyecto del Ejecutivo apunta, entre otras cosas, a controlar los precios que forman las grandes empresas monopólicas y oligopólicas, se debería sancionar una ley específica para este fin, y no avanzar con un instrumento que perjudique a las economías regionales.

La iniciativa que el Gobierno nacional envió al Congreso pretende concederle a la Secretaría de Comercio de la Nación facultades para establecer márgenes de utilidades, así como niveles máximos y mínimos de precios. Además, la propuesta oficial busca habilitar al organismo, que conduce Augusto Costa, para incautar, consignar e incluso a vender bienes y servicios escasos, sin juicio de expropiación previo, con el fin de garantizar precios y provisión de bienes y de servicios a los consumidores.

Omodeo cuestionó los alcances de la reforma, al advertir que “si hay que atacar a los monopolios, se debería impulsar una ley particular”. “De esta forma, se evitaría, afectar a todo el sector privado, argumentando una defensa al consumidor que impide la libertad de trabajo”, insistió.

Por su parte, Robles Terán recalcó que, “tal como está planteada, la norma reprime los derechos privados, porque el Estado quiere imponer cuándo, cómo y qué producir”. “Además, tendrá el poder de ingresar a las propiedades privadas sin orden judicial, y aplicar multas económicas. El Estado quiere convertirse en empresario, y creemos que cada uno debe cumplir su rol”, cuestionó el ruralista.

Salas, en tanto, enfatizó que el proyecto para modificar la Ley de Abastecimiento no ayudará a controlar la inflación que afecta la cadena productiva. “La propuesta oficial desalienta a los inversores. Si se aprueba, traccionará en sentido contrario al que busca cualquier emprendedor. Para estimular la producción, se deben bajar la presión fiscal, y el gasto público”, observó el titular de la UIT.

A favor y en contra

Los parlamentarios oficialistas coincidieron en que llevarán las preocupaciones de los empresarios tucumanos a los debates de las comisiones que se retomarán hoy en Senador. Sin embargo, avalaron el proyecto del Gobierno nacional, al señalar que busca proteger a los consumidores de las maniobras especulativas. “Los empresarios expresaron objeciones. Cuando la Presidenta (Cristina Fernández) pide un instrumento, intentamos acordarlo en las mejores condiciones posibles, para cumplir con el objetivo y para que sean asumidas las objeciones que plantearon, en este caso, los empresarios tucumanos”, manifestó Dato.

Por su parte, Gallardo opinó que la reforma a Ley de Abastecimiento ayudará a controlar la inflación. “Cuando el empresario saca su producción del mercado, se genera una mayor demanda y esto provoca especulación y aumentos de precios en artículos que son de primera necesidad”, argumentó.

Respecto de las objeciones que plantearon los empresarios y los productores locales, la diputada oficialista consideró que “cuando se debate una ley, siempre hay un sector que se siente afectado y otro que la defiende”. “El Gobierno trata de defender a los consumidores, para que quienes tienen poder económico no especulen con sus necesidades”, agregó la parlamentaria.

En tanto, los legisladores de la oposición coincidieron en que la iniciativa oficial afectará las inversiones, y repercutirá en el empleo privado. “Nos parece una aberración que el Estado quiera ‘chavizar’ la Argentina, e introducirse en la cadena de valor para determinar qué deben producir los empresarios y cuánto deben vender”, criticó Elías de Pérez. Por su parte, Casañas cuestionó el apuro del Gobierno nacional por tratar el proyecto de reforma. “Es nefasto para la Argentina, porque se le otorgan ‘superpoderes’ la Secretaría de Comercio. Esto va en contra de la Constitución”, finalizó.