21 Agosto 2014
Los holdouts piden que Griesa sancione al país
Mientras los fondos buitre reclaman al juez estadounidense que tome medidas contra la Argentina, el Senado de la Nación se dispone a tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo para cambiar la jurisdicción de pago de los bonos emitidos por la Argentina. El jefe de Gabinete señala que el magistrado de Nueva York no puede declarar en desacato al país
BUENOS AIRES.- El fondo NML Capital solicitó ayer al juez Thomas Griesa una audiencia “de emergencia” para evaluar “sanciones” contra la Argentina, en respuesta al plan de cambio del domicilio de pago. Según reportes de agencias internacionales, los holdouts calificaron el proyecto como “una grava afrenta” a la justicia federal de Manhattan. En consecuencia, le pidieron a Griesa que convoque a una audiencia para tratar el nuevo escenario, tras la iniciativa dada a conocer por el gobierno argentino.
“Este plan no tiene ninguna pretensión de que Argentina cumplirá sus obligaciones en virtud de los bonos de los demandantes”, señaló Robert Cohen, abogado de los holdouts, en declaraciones citadas por la agencia Bloomberg.
El proyecto de ley para modificar el domicilio de pago de la deuda reestructurada que envió al Senado la presidenta Cristina Fernández comenzará a ser tratado la semana próxima y disparó ayer reuniones de posicionamiento entre las fuerzas opositoras, generó tensión en los mercados. El presidente del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Angel Pichetto, adelantó que ya la Cámara giró la iniciativa a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores, ambas controladas por el kirchnerismo, y estimó que se invitará para el miércoles próximo a los funcionarios del Ejecutivo para que ofrezcan explicaciones.
La iniciativa oficial agitó las aguas en todo el arco político y entre los principales economistas y abogados especialistas en temas de deuda y además generó tensión entre operadores e inversores que tomaron posiciones en dólares.
Según la mayor parte de los economistas, el proyecto para cambiar el domicilio de pago a los bonistas reestructurados provocará “mayor recesión y desempleo”. Sin embargo, desde el kirchnerismo, el economista de La Gran Makro, Agustín D’Atellis, defendió la medida al alegar que “con esta iniciativa legal del Gobierno se está evitando un default el 30 de septiembre”, cuando opera el próximo vencimiento de intereses de la deuda reestructurada.
Por el lado de los abogados que son especialistas en deuda pública hubo objeciones hacia la decisión del Gobierno, ya que confesaron no entender cuál es la estrategia legal de la Argentina y señalaron que el proceso podría disparar situaciones de “aceleración” de pago de toda la deuda que le haría gastar al país “mucho dinero” en estudios jurídicos. “Había diferentes maneras de plantarse ante los holdouts y ésta fue la peor solución posible”, afirmó el especialista Marcelo Etchebarne.
En tanto, el asesor legal de acreedores italianos que ingresaron al canje de deuda, Tulio Zembo, respaldó ayer el proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para cambiar el domicilio de pago a bonistas reestructurados al considerar que es una decisión “correcta”. Además, el abogado dijo que le aconsejaría a los bonistas “aceptar” el cambio de domicilio de pago, y abogó para que el gobierno sea “más comunicativo” para explicar la situación y convencer a los acreedores. Zembo evaluó que “probablemente esta sea la solución más difícil, más ardua, pero la correcta para seguir, porque Argentina no puede poner en riesgo el equilibrio financiero de una nación sencillamente porque ciertas sentencias son una realidad, pero una realidad que hay criticar y combatir”. “La situación es difícil, pero esta es una alternativa posible, viable y tiene que hacerse”, alegó. En este sentido, manifestó que la solución “ideal” sería que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, decidiera desbloquear el pago a bonistas regulares “pero esto no pasa, no está pasando y no va a pasar, entonces hay que encontrar una solución para que esa plata que Argentina tiene en disponibilidad y quiere que llegue a los bolsillos de los bonistas, sea factible”.(DyN)
“Este plan no tiene ninguna pretensión de que Argentina cumplirá sus obligaciones en virtud de los bonos de los demandantes”, señaló Robert Cohen, abogado de los holdouts, en declaraciones citadas por la agencia Bloomberg.
El proyecto de ley para modificar el domicilio de pago de la deuda reestructurada que envió al Senado la presidenta Cristina Fernández comenzará a ser tratado la semana próxima y disparó ayer reuniones de posicionamiento entre las fuerzas opositoras, generó tensión en los mercados. El presidente del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Angel Pichetto, adelantó que ya la Cámara giró la iniciativa a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores, ambas controladas por el kirchnerismo, y estimó que se invitará para el miércoles próximo a los funcionarios del Ejecutivo para que ofrezcan explicaciones.
La iniciativa oficial agitó las aguas en todo el arco político y entre los principales economistas y abogados especialistas en temas de deuda y además generó tensión entre operadores e inversores que tomaron posiciones en dólares.
Según la mayor parte de los economistas, el proyecto para cambiar el domicilio de pago a los bonistas reestructurados provocará “mayor recesión y desempleo”. Sin embargo, desde el kirchnerismo, el economista de La Gran Makro, Agustín D’Atellis, defendió la medida al alegar que “con esta iniciativa legal del Gobierno se está evitando un default el 30 de septiembre”, cuando opera el próximo vencimiento de intereses de la deuda reestructurada.
Por el lado de los abogados que son especialistas en deuda pública hubo objeciones hacia la decisión del Gobierno, ya que confesaron no entender cuál es la estrategia legal de la Argentina y señalaron que el proceso podría disparar situaciones de “aceleración” de pago de toda la deuda que le haría gastar al país “mucho dinero” en estudios jurídicos. “Había diferentes maneras de plantarse ante los holdouts y ésta fue la peor solución posible”, afirmó el especialista Marcelo Etchebarne.
En tanto, el asesor legal de acreedores italianos que ingresaron al canje de deuda, Tulio Zembo, respaldó ayer el proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para cambiar el domicilio de pago a bonistas reestructurados al considerar que es una decisión “correcta”. Además, el abogado dijo que le aconsejaría a los bonistas “aceptar” el cambio de domicilio de pago, y abogó para que el gobierno sea “más comunicativo” para explicar la situación y convencer a los acreedores. Zembo evaluó que “probablemente esta sea la solución más difícil, más ardua, pero la correcta para seguir, porque Argentina no puede poner en riesgo el equilibrio financiero de una nación sencillamente porque ciertas sentencias son una realidad, pero una realidad que hay criticar y combatir”. “La situación es difícil, pero esta es una alternativa posible, viable y tiene que hacerse”, alegó. En este sentido, manifestó que la solución “ideal” sería que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, decidiera desbloquear el pago a bonistas regulares “pero esto no pasa, no está pasando y no va a pasar, entonces hay que encontrar una solución para que esa plata que Argentina tiene en disponibilidad y quiere que llegue a los bolsillos de los bonistas, sea factible”.(DyN)
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