20 Agosto 2014
DYN
BUENOS AIRES.- La Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las cámaras Argentina de Comercio y de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) y la Bolsa de Comercio rechazaron ayer por unanimidad la reforma de la Ley de Abastecimiento y advirtieron que recurrirán a la Justicia en caso de ser sancionada por el Congreso nacional. Las entidades también solicitaron a las fuerzas políticas que expresen su posición, ya que consideraron que el proyecto atenta contra la división de poderes debido a la delegación de funciones que se derivan hacia la secretaría de Comercio.
Las cámaras privadas están aglutinadas en el denominado Grupo de los Seis (G-6) y se reunieron ayer en la sede de la UIA. En análisis, consideraron que la futura ley será inconstitucional y que el proyecto viola la propiedad privada, además de conspirar contra la generación de empleo. De la reunión participaron el presidente de la UIA, Héctor Méndez, y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren, junto con los titulares de la SRA, Luis María Etchevehere; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y de Adeba, Jorge Brito.
El G-6 dio a conocer un comunicado tras el encuentro en el que hizo eco de la relevancia de mejorar la normativa de defensa del consumidor, aunque expusieron sus reparos sobre la Regulación de la Producción y el Comercio (modificatoria de la Ley de Abastecimiento), que tiene como objetivo incrementar la intervención del Estado en toda la actividad privada.
En el manifiesto, también dijo que en un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico, iniciativas como ésta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a estos objetivos que el propio Gobierno manifiesta promover. Puntualizaron que el mundo demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desarrollan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene en forma arbitraria. En esa línea recordaron, sin nombrar el caso de Venezuela, que en pocas naciones donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo exponencialmente el mercado informal.
Los empresarios aseguraron que regímenes de este tipo terminaron fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos.
Gabbi, quien hoy tiene previsto recibir a la presidenta Cristina Fernández en el aniversario de la Bolsa Comercio, adelantó que en su discurso va a resaltar la importancia de la empresa en el país y lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad bursátil.
Brito coincidió en que el proyecto afectará al trabajador porque va a generar menor fuentes de empleo. (DyN)
Las cámaras privadas están aglutinadas en el denominado Grupo de los Seis (G-6) y se reunieron ayer en la sede de la UIA. En análisis, consideraron que la futura ley será inconstitucional y que el proyecto viola la propiedad privada, además de conspirar contra la generación de empleo. De la reunión participaron el presidente de la UIA, Héctor Méndez, y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren, junto con los titulares de la SRA, Luis María Etchevehere; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y de Adeba, Jorge Brito.
El G-6 dio a conocer un comunicado tras el encuentro en el que hizo eco de la relevancia de mejorar la normativa de defensa del consumidor, aunque expusieron sus reparos sobre la Regulación de la Producción y el Comercio (modificatoria de la Ley de Abastecimiento), que tiene como objetivo incrementar la intervención del Estado en toda la actividad privada.
En el manifiesto, también dijo que en un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico, iniciativas como ésta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a estos objetivos que el propio Gobierno manifiesta promover. Puntualizaron que el mundo demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desarrollan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene en forma arbitraria. En esa línea recordaron, sin nombrar el caso de Venezuela, que en pocas naciones donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo exponencialmente el mercado informal.
Los empresarios aseguraron que regímenes de este tipo terminaron fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos.
Gabbi, quien hoy tiene previsto recibir a la presidenta Cristina Fernández en el aniversario de la Bolsa Comercio, adelantó que en su discurso va a resaltar la importancia de la empresa en el país y lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad bursátil.
Brito coincidió en que el proyecto afectará al trabajador porque va a generar menor fuentes de empleo. (DyN)
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