20 Agosto 2014
El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, se refirió al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), publicado ayer por LA GACETA y que detalla una serie de irregularidades que incurrieron varias provincias -incluida Tucumán- en la gestión, ejecución y administración de las casas construidas con fondos nacionales. Durán defendió su labor al frente del Ipvdu, al afirmar que las anomalías detectadas fueron comunicadas debidamente al organismo nacional que confeccionó el informe.
El trabajo de la AGN presenta una serie de observaciones sobre la ejecución del programa de financiamiento nacional “Techo Digno” en las provincias más beneficiadas, entre ellas Tucumán, entre 2009 y 2011. En el compendio de irregularidades detalladas se adjuntan demoras en la construcción, improlijidades financieras y la falta de control sobre las unidades. En el contexto de ese último punto, se cita un documento de la Dirección del departamento de Promoción Social del Ipvdu tucumano. Fechado en noviembre de 2011, da cuenta de la situación de las 2.098 unidades adjudicadas hasta entonces, es decir, de casi la mitad del emprendimiento. “De este estudio resultó que el 69% (1.446 viviendas) estaban habitadas por familias adjudicatarias y el 31% (652 viviendas) presentaban algún tipo de irregularidad”, consigna la AGN.
Al ser consultado sobre este informe, Durán aseguró que fue el organismo que preside el que envió los datos a la Nación.
“Esos datos se los dimos nosotros a la AGN porque cuando construimos Lomas de Tafí realizamos un seguimiento. Ustedes publican una nota como si estuviésemos escondiendo información. Y no es así. Nosotros venimos advirtiendo a la gente que no hay que comprar transferencias, que no había que hacerle caso a las publicaciones sobre la venta de casas. Pero ponen un título como dando a entender que nosotros sabíamos y no hacíamos nada. Al contrario. Hicimos todas las presentaciones. Fiscalía de Estado mandó 118 casos (irregularidades) de los 170 que nosotros veníamos estudiando”, explicó Durán, y aseguró que las responsabilidades del caso recaen sobre los adjudicatarios y no sobre las autoridades del Ipvdu.
“Nosotros no podemos sentirnos culpables, de ninguna manera. Cuando nosotros le entregamos una vivienda a una persona le pedimos que cumpla. Pasa por una actitud del adjudicatario y no por una mala actitud de los funcionarios de turno. Nos quieren echar la culpa a nosotros de que la gente no cumple con la ley y se dedica a vender las viviendas”, señaló el interventor. Y agregó: “las irregularidades provienen de los adjudicatarios. Nosotros, obviamente, realizamos una fiscalización, pero el sistema es perverso. Desgraciadamente los tiempos de los controles son tremendamente eternos porque hay que cumplir con los procedimientos y las leyes vigentes. No podemos patear la puerta de una casa y sacar a los ocupantes irregulares. Tenemos que cumplir con los tiempos, porque la gente judicializa todo”.
Según Durán, los controles que realiza el Ipvdu para detectar anomalías no son eficientes. “Es verdad que los sistemas de controles que tenemos no son sistemas eficientes y se escapan por muchos lados. La razón es porque el sistema es perverso”, concluyó.
El trabajo de la AGN presenta una serie de observaciones sobre la ejecución del programa de financiamiento nacional “Techo Digno” en las provincias más beneficiadas, entre ellas Tucumán, entre 2009 y 2011. En el compendio de irregularidades detalladas se adjuntan demoras en la construcción, improlijidades financieras y la falta de control sobre las unidades. En el contexto de ese último punto, se cita un documento de la Dirección del departamento de Promoción Social del Ipvdu tucumano. Fechado en noviembre de 2011, da cuenta de la situación de las 2.098 unidades adjudicadas hasta entonces, es decir, de casi la mitad del emprendimiento. “De este estudio resultó que el 69% (1.446 viviendas) estaban habitadas por familias adjudicatarias y el 31% (652 viviendas) presentaban algún tipo de irregularidad”, consigna la AGN.
Al ser consultado sobre este informe, Durán aseguró que fue el organismo que preside el que envió los datos a la Nación.
“Esos datos se los dimos nosotros a la AGN porque cuando construimos Lomas de Tafí realizamos un seguimiento. Ustedes publican una nota como si estuviésemos escondiendo información. Y no es así. Nosotros venimos advirtiendo a la gente que no hay que comprar transferencias, que no había que hacerle caso a las publicaciones sobre la venta de casas. Pero ponen un título como dando a entender que nosotros sabíamos y no hacíamos nada. Al contrario. Hicimos todas las presentaciones. Fiscalía de Estado mandó 118 casos (irregularidades) de los 170 que nosotros veníamos estudiando”, explicó Durán, y aseguró que las responsabilidades del caso recaen sobre los adjudicatarios y no sobre las autoridades del Ipvdu.
“Nosotros no podemos sentirnos culpables, de ninguna manera. Cuando nosotros le entregamos una vivienda a una persona le pedimos que cumpla. Pasa por una actitud del adjudicatario y no por una mala actitud de los funcionarios de turno. Nos quieren echar la culpa a nosotros de que la gente no cumple con la ley y se dedica a vender las viviendas”, señaló el interventor. Y agregó: “las irregularidades provienen de los adjudicatarios. Nosotros, obviamente, realizamos una fiscalización, pero el sistema es perverso. Desgraciadamente los tiempos de los controles son tremendamente eternos porque hay que cumplir con los procedimientos y las leyes vigentes. No podemos patear la puerta de una casa y sacar a los ocupantes irregulares. Tenemos que cumplir con los tiempos, porque la gente judicializa todo”.
Según Durán, los controles que realiza el Ipvdu para detectar anomalías no son eficientes. “Es verdad que los sistemas de controles que tenemos no son sistemas eficientes y se escapan por muchos lados. La razón es porque el sistema es perverso”, concluyó.
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