04 Agosto 2014
César Chelala - Ganador del premio "Overseas Press Club of América"
El ex primer ministro británico, Tony Blair, declaró recientemente que los ataques aéreos tripulados y no tripulados deben utilizarse una vez más en Irak para frenar el reciente resurgimiento extremista. Blair parece ignorar la responsabilidad que comparte con el ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush por una de las violaciones más graves al derecho internacional en los últimos tiempos. El enjuiciamiento de Blair y de Bush, en la línea de acciones similares llevadas a cabo en Argentina, Chile y Perú, es la única respuesta adecuada a tan temerarias e infelices declaraciones.
En ese sentido, conviene recordar los trágicos acontecimientos de la invasión a Irak: George W. Bush y sus asesores estaban planeando un ataque premeditado contra el régimen de Saddam Hussein incluso muco de asumir el poder en enero de 2001. Este plan se describe en detalle en el documento: “Reconstruyendo las Defensas de América: Estrategias, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo”, escrito en 2000 por el “think tank” neoconservador Proyecto para el Nuevo Siglo Americano.
La advertencia
En enero de 2003, un grupo de profesores de derecho de Estados Unidos advirtió al presidente Bush que él y altos funcionarios de su gobierno podrían ser procesados por crímenes de guerra si la intervención militar a Irak violara el derecho internacional humanitario. Advertencias similares se les hicieron al primer ministro británico Tony Blair y el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, desde el Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York. El caso llevado adelante por la fiscalía estaba sustentado en los tratados de derecho y en el derecho internacional consuetudinario, tal como se refleja en la Carta de la ONU y en los Principios de Nuremberg.
La Carta de las Naciones Unidas, un tratado ratificado en 1945 por los Estados Unidos y sus principales aliados de la coalición que intervino en Irak es ampliamente considerado como el fundamento del derecho internacional moderno. El artículo 2 (4) de la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza en términos muy claros, excepto cuando se justifique en condiciones muy específicas y bien definidas: “Todos los miembros deben abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.
Por consiguiente, en ausencia de un ataque armado contra los Estados Unidos o los miembros de la coalición, el uso o amenaza del uso de la fuerza debe encontrar apoyo mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que podría autorizar un curso de acción tan excepcional. Dicha autorización no se obtuvo, lo que provocó que el secretario general de la ONU, Kofi Annan afirmara, en septiembre del 2004: “Desde nuestro punto de vista y de la carta de la ONU la guerra contra Irak fue ilegal.” Sumado a que, en febrero de 2006, Luis Moreno-Ocampo, en ese momento el principal fiscal de la Corte Penal Internacional, reconoció haber recibido 240 comunicaciones sobre varios crímenes de guerra cometidos en marzo de 2003.
Las responsabilidades
Los Principios de Nuremberg, que codifican los principios de derecho internacional consuetudinario, también incriminan a Bush y a Blair por la muerte de cientos de miles de personas, muchos de ellos niños, y la devastación de la infraestructura de un país en la guerra patrocinada por ambos mandatarios.
La conducta y las consecuencias de la guerra llevada a cabo en Irak son parte de los “Delitos contra la Paz y Crímenes de Guerra” codificados en el Principio de Nuremberg VI, que definen los “crímenes contra la paz” como “(i) Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra en violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales; (ii) Participación en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en (i)”.
Los Estados Unidos no son parte del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional creada por este tratado. Sin embargo, según lo sugerido por Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, funcionarios de los Estados Unidos podrían ser enjuiciados en otros países respetando la Convención de Ginebra. Ratner comparó la acusación a Blair y Bush a la acusación contra el dictador militar chileno Augusto Pinochet, quien quedó bajo arresto domiciliario en Londres a instancias del juez español Baltazar Garzón.
La postura en Latinoamérica
Los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos son parte de la “ley suprema de la nación” y, tal como señala el Juez Jackson, Fiscal Jefe del Tribunal de Nuremberg por este país: “Iniciar una guerra de agresión es un crimen y ninguna situación política o económica puede justificarla”.
Podría argumentarse que el enjuiciamiento a un ex presidente de los EE.UU. y a un ex primer ministro británico por crímenes de guerra no es de fácil resolución y es probable, además, que cause un malestar significativo tanto en el ámbito nacional como global. Sin embargo, los tres países de América Latina, Argentina, Chile y Perú, que llevaron adelante sus juicios con éxito y condenaron a sus líderes a prisión, lo hicieron por delitos de mucha menor magnitud que los perpetrados en la guerra de Irak. No sería improcedente que los Estados Unidos y el Reino Unido adopten el mismo camino que estos países latinoamericanos.
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