03 Agosto 2014
Frente a la realidad del default recrudeció en las últimas horas la discusión acerca de las posibles consecuencias que sufrirá la economía argentina, quiénes las padecerán y desde cuándo. Es recomendable hacer un poco de memoria sobre lo que ocurrió en el país desde la última instancia de cesación de pagos, en diciembre de 2001, para luego aventurar algunas conjeturas.
La economía argentina mantuvo una presencia activa en los mercados financieros internacionales, en parte gracias a la reestructuración de la deuda adquirida a fines de los ‘70 y comienzos de los ‘80. Esta participación fue interrumpida en forma abrupta por el default de 2001 y por el posterior abandono del Plan de Convertibilidad. Desde ese momento, el país entró en un período en el que dejó de acceder al financiamiento externo.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, con la reestructuración de parte de la deuda en default, y con los precios internacionales de los commodities favorables para las exportaciones argentinas, esta situación no significó un problema. Las arcas nacionales no dejaron de disfrutar de continuos superávits. Esta dinámica siguió por algún tiempo en la primera presidencia de Cristina Fernández, aunque con algunos altibajos.
Sin embargo, transcurridos los primeros meses de la segunda gestión de la Presidenta, la situación económico-financiera del Estado nacional, como así también el frente externo, comenzó a deteriorarse en parte por la percepción cada vez más generalizada de problemas provocados por las variables internas de la economía. Esta situación parece haber conducido al Gobierno a intentar un regreso a los mercados financieros internacionales, expresado este año con el pago al Club de París. Por supuesto, el objetivo era (y es) volver a tomar préstamos en los mercados financieros mediante una nueva emisión de bonos públicos. En medio de estos intentos, apareció la confirmación del fallo del juez, Thomas Griesa, que obligaba a pagar a los fondos buitre (tenedores de bonos en default).
El fracaso de las negociaciones con los holdouts afecta, primero, la posibilidad de regresar a los mercados financieros internacionales en el corto plazo. Si bien no se vería alteradas las necesidades de financiamiento que tiene el Gobierno para solucionar el déficit fiscal, la continuidad de este escenario no es una buena noticia. Implica una mayor presión sobre el frente interno, para evitar un incremento en el déficit potencialmente financiado por del Banco Central. Este riesgo está contemplado en la percepción de los analistas, pero el problema es que el default prolongaría una especie de “agonía” en lo económico: alta inflación y desaceleración (o recesión) en la actividad económica y en el empleo.
El otro gran problema aparecerá en el horizonte de quien asuma el Gobierno en 2015. El default implicará una baja en la reputación internacional que, con alta probabilidad, hará más dificultoso financiar actividades productivas, como la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
También la propia situación de default causaría una demanda por parte de inversores internacionales hacia el nuevo Gobierno sobre cómo salir de esa situación. Por eso, llama la atención el silencio de la oposición acerca de estas consecuencias, ya que debería comenzar a trabajar sobre cómo, si llegan a asumir el poder en diciembre de 2015, solucionarán este problema. Sin embargo, no se observan demasiados movimientos en ese sentido. Y eso sí que es preocupante para la población.
La economía argentina mantuvo una presencia activa en los mercados financieros internacionales, en parte gracias a la reestructuración de la deuda adquirida a fines de los ‘70 y comienzos de los ‘80. Esta participación fue interrumpida en forma abrupta por el default de 2001 y por el posterior abandono del Plan de Convertibilidad. Desde ese momento, el país entró en un período en el que dejó de acceder al financiamiento externo.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, con la reestructuración de parte de la deuda en default, y con los precios internacionales de los commodities favorables para las exportaciones argentinas, esta situación no significó un problema. Las arcas nacionales no dejaron de disfrutar de continuos superávits. Esta dinámica siguió por algún tiempo en la primera presidencia de Cristina Fernández, aunque con algunos altibajos.
Sin embargo, transcurridos los primeros meses de la segunda gestión de la Presidenta, la situación económico-financiera del Estado nacional, como así también el frente externo, comenzó a deteriorarse en parte por la percepción cada vez más generalizada de problemas provocados por las variables internas de la economía. Esta situación parece haber conducido al Gobierno a intentar un regreso a los mercados financieros internacionales, expresado este año con el pago al Club de París. Por supuesto, el objetivo era (y es) volver a tomar préstamos en los mercados financieros mediante una nueva emisión de bonos públicos. En medio de estos intentos, apareció la confirmación del fallo del juez, Thomas Griesa, que obligaba a pagar a los fondos buitre (tenedores de bonos en default).
El fracaso de las negociaciones con los holdouts afecta, primero, la posibilidad de regresar a los mercados financieros internacionales en el corto plazo. Si bien no se vería alteradas las necesidades de financiamiento que tiene el Gobierno para solucionar el déficit fiscal, la continuidad de este escenario no es una buena noticia. Implica una mayor presión sobre el frente interno, para evitar un incremento en el déficit potencialmente financiado por del Banco Central. Este riesgo está contemplado en la percepción de los analistas, pero el problema es que el default prolongaría una especie de “agonía” en lo económico: alta inflación y desaceleración (o recesión) en la actividad económica y en el empleo.
El otro gran problema aparecerá en el horizonte de quien asuma el Gobierno en 2015. El default implicará una baja en la reputación internacional que, con alta probabilidad, hará más dificultoso financiar actividades productivas, como la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
También la propia situación de default causaría una demanda por parte de inversores internacionales hacia el nuevo Gobierno sobre cómo salir de esa situación. Por eso, llama la atención el silencio de la oposición acerca de estas consecuencias, ya que debería comenzar a trabajar sobre cómo, si llegan a asumir el poder en diciembre de 2015, solucionarán este problema. Sin embargo, no se observan demasiados movimientos en ese sentido. Y eso sí que es preocupante para la población.
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