Por Álvaro José Aurane
02 Agosto 2014
El nefasto julio se ha hecho historia amarga para la Argentina, pero ha dejado para el oficialismo vernáculo un triunfo histórico. No es una victoria rimbombante, pero sí trascendental. Tras 11 años de bastardeo ininterrumpido de la democracia y la república por parte del Gobierno local, los tucumanos asisten a la convalidación de ese memorial de agravios gubernamentales por parte de la segunda fuerza política tucumana. La UCR, aquí, ha resuelto abrazar fanáticamente el credo de la colonización y la devastación institucional. Con ello, se ha desautorizado a sí misma, justo cuando sobreviene otra embestida del poder político nada menos que contra la Justicia y el régimen electoral.
Entonces, al menos en el plano político, el alperovichismo se ha impuesto en la “madre” de las peleas: ha ganado la batalla cultural. Ese era el único enfrentamiento en el cual rendirse no era opción. Lo sabían los padres fundadores del partido centenario, que proclamaban, al borde del misticismo, que se podía perder un centenar de elecciones antes que resignar un solo principio. No eran derrotistas: estaban estatuyendo que el radicalismo sería el ejemplo vivo del resguardo de la calidad institucional, o sería la nada. Ahora, aquí, se ha convertido en la copia claudicante del más barato alperovichismo. La Casa de Gobierno es toda su escuela.
Cartografía buitre
El plazo para presentar listas de candidatos a autoridades de la UCR fue prorrogado hasta antes de ayer, pero originalmente vencía el lunes pasado: el 28. La convención provincial de esa fuerza sesionó el día anterior. El domingo 27, el máximo órgano radical eliminó el artículo 60 de la Carta Orgánica local. Esa norma disponía que no podían ser miembros de la junta de gobierno los afiliados que desempeñen cargos políticos de cualquier naturaleza fuera de la provincia, ni aquellos que ocupen en Tucumán cargos electivos con funciones ejecutivas. O sea, el partido al que los tucumanos le confiaron el papel de contrapeso del alperovichismo cambió las reglas de juego electorales 24 horas antes. Esto permitió que el opositor más votado desde el retorno de la democracia, hoy diputado nacional, pudiera ser reelecto como presidente de la junta de gobierno. En 2012, cuando era senador, había conseguido eludir el impedimento por vía judicial. En dos años, nada hicieron al respecto. Resolvieron actuar un día antes.
¿Con qué autoridad política se va a oponer el radicalismo a la idea oficialista de cambiar las reglas electorales para 2015? El agravante del accionar radical, justamente, es que opera cuando los tucumanos más necesitan de interlocutores que alcen la voz contra un oficialismo dispuesto, incluso, a alterar el mapa de las ciudades con tal de retener los cargos con renta estatal suculenta y el manejo discrecional de los fondos públicos. Porque, a no confundir, no quieren poder, porque poder es un verbo que, en política, significa poder hacer por el bien común. Aquí, donde los gobiernos sólo han hecho de muchos políticos una casta de nuevos ricos (el poder hacer apuntado al bien particular), no quieren el poder sino la caja.
Precisamente, hay un trasfondo económico animando la alteración de los ejidos urbanos. No se trata sólo de que San Miguel de Tucumán absorba El Manantial, y de que Yerba Buena anexe Cebil Redondo, para equilibrar -en las urnas- lo mal que anduvo el Gobierno en ambos municipios con lo bien que le fue en ambas comunas. Y quizás porque no se trata sólo de eso, el mismísimo gobernador ha hablado muy mal de esta iniciativa -gestada en la Legislatura- delante de su entorno y hasta de los delegados comunales que se oponen a la “nueva cartografía”. Aunque el mandatario gusta mucho de decir una cosa durante el desayuno en su casa, y de mandar a hacer otra durante la merienda en su despacho (despotrica, pour la galerie, contra el intendente de la capital; pero después los ediles alperovichistas le aprueban un presupuesto de $ 2.000 millones para 2015), el funcionariado ventila sospechas de negocios inmobiliarios.
En pocas palabras, los que por casualidad compraron grandes terrenos en una comuna se convertirían, de la noche a la mañana y por ley, en afortunados dueños de propiedades ideales para countries dentro de una municipalidad. Una ventaja, literalmente, inapreciable. El drama nacional es que, además de fondos buitres, también tenemos buitres aquí en el fondo.
A la carta
Cuando la UCR local cambió el domingo su Carta Orgánica hizo mucho más (y mucho peor) que cambiar las reglas de juego electorales a 24 horas de la inscripción de listas. También oficializó que alienta la concentración de poder.
Es que el fulminado artículo 60 nunca planteó una discriminación sino que estableció una incompatibilidad. Al establecer que la Junta de Gobierno no podía estar integrada por diputados o senadores nacionales, ni por el gobernador ni los intendentes, planteaba que la UCR debía ser el fiscal político de esos afiliados con cargos públicos. Más aún: la Carta Orgánica pensaba en un radicalismo a lo grande. Pautaba que el partido centenario no podía reducirse a un puñado de parlamentarios y de funcionarios. Esa idea de un movimiento de ciudadanos que no esté colonizado por integrantes de poderes del Estado, por cierto, es una disposición normada y vigente dentro de esa agrupación. Así lo manda la Carta Orgánica Nacional:
Artículo 30°. Las autoridades partidarias de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires dictarán los preceptos que estimen convenientes para el gobierno y administración del partido, debiendo cumplir las siguientes reglas:
m) Reglamentarán acerca de las incompatibilidades entre cargos en la administración política y cargos del partido, y entre estos y los electivos, evitando la acumulación y estableciendo la descentralización de representaciones partidarias.
Pero el radicalismo tucumano no sólo ha eliminado esas incompatibilidades que las leyes del radicalismo nacional estipulan, sino que ha establecido la acumulación de cargos como conducta provincial. La junta de gobierno tucumana ha sido cubierta con diputados y senadores nacionales, con legisladores y con concejales. También los habrá en la convención provincial, que se completará en buena medida (como la Juventud Radical y como el comité capital) con parientes o empleados de esos parlamentarios. O sea, el radicalismo será un partido donde los afiliados con cargos públicos se darán mandato a sí mismos y juzgarán ellos mismos su propio desempeño. Así las cosas, ¿qué pronunciamiento habrá sobre el Presupuesto del parlamento tucumano y sobre la rendición de los gastos sociales, tan irritantes para muchos tucumanos, en una organización conducida desde la cabeza por legisladores y ex legisladores? (Lo cual también aplica a FR, el PRO, la DC y, claro, al peronismo en todos sus variantes).
Ese es el resultado del fratricidio bobo de los radicales tucumanos: han destrozado su partido con internismos, pero nunca celebran elecciones internas. En esos comicios primarios, el afiliado podría elegir y ser elegido, apoyar o deslegitimar a sus autoridades, fortalecer la institución, consagrar nuevas figuras, jubilar a las perimidas. En cambio, siguen sosteniendo el acotado negocio político de la lista única, flameando ese cuco idiota de que el alperovichismo se metería en la interna y volcaría la elección financiando resultados ficticios. Trágica realidad: por no celebrar internas, se tornaron culturalmente alperovichistas, sin que la Casa de Gobierno interviniese. Como no vota el afiliado, el reparto de cargos es entre los afiliados con votos, que se convierten en juez y parte. Ellos mismos ocupan los espacios institucionales que deben juzgar la tarea de ellos mismos.
¿Desde qué coherencia la segunda fuerza política tucumana objetará la alarmante decisión del gobernador de que quien ha sido ministro político durante todo este Gobierno se convierta en el jefe de los fiscales que deben investigar a los políticos de todo este Gobierno? ¿Cómo hará el espacio político con la mayor representación parlamentaria opositora para cuestionar, sin caer en el absurdo, la acumulación de poder del ministro de la Seguridad Ciudadana que no existe, quien ahora también será ministro de Gobierno de la gestión que premia el fracaso?
Adviene entonces la respuesta de la falacia. Pregona que son niveles distintos. Que no es lo mismo cambiar las reglas de juego electorales de la provincia, que modificar las de un partido. Que no es equiparable que un funcionario del Gobierno vaya a supervisar las investigaciones penales a los funcionarios del Gobierno, con el hecho de que los parlamentarios radicales se juzgarán políticamente a sí mismos. Qué no es igual que otro ministro acumule poder de carteras diferentes, con la circunstancia de que los afiliados que son autoridades estatales también sean autoridades del partido...
Pero poner la situación en escala no es ningún atenuante. Al contrario. Si en el manejo de un partido empequeñecido y desfinanciado son capaces de irrespetar sus propias normas nacionales, o de reformar las provinciales para acomodarlas a los intereses de unos cuantos, ¿de qué serán capaces en el manejo de un Estado? Tras 11 años, en vez de repudiar esa idea antidemocrática de que sólo el alperovichismo puede gobernar Tucumán, se convencieron de ella. Asumieron que había que alperovichizarse para aspirar a gobernar. Consolidar la democracia es proponer alternativas. Vilipendiarla es ofrecer diferentes opciones de una misma cosa.
La batalla cultural ha terminado.
Entonces, al menos en el plano político, el alperovichismo se ha impuesto en la “madre” de las peleas: ha ganado la batalla cultural. Ese era el único enfrentamiento en el cual rendirse no era opción. Lo sabían los padres fundadores del partido centenario, que proclamaban, al borde del misticismo, que se podía perder un centenar de elecciones antes que resignar un solo principio. No eran derrotistas: estaban estatuyendo que el radicalismo sería el ejemplo vivo del resguardo de la calidad institucional, o sería la nada. Ahora, aquí, se ha convertido en la copia claudicante del más barato alperovichismo. La Casa de Gobierno es toda su escuela.
Cartografía buitre
El plazo para presentar listas de candidatos a autoridades de la UCR fue prorrogado hasta antes de ayer, pero originalmente vencía el lunes pasado: el 28. La convención provincial de esa fuerza sesionó el día anterior. El domingo 27, el máximo órgano radical eliminó el artículo 60 de la Carta Orgánica local. Esa norma disponía que no podían ser miembros de la junta de gobierno los afiliados que desempeñen cargos políticos de cualquier naturaleza fuera de la provincia, ni aquellos que ocupen en Tucumán cargos electivos con funciones ejecutivas. O sea, el partido al que los tucumanos le confiaron el papel de contrapeso del alperovichismo cambió las reglas de juego electorales 24 horas antes. Esto permitió que el opositor más votado desde el retorno de la democracia, hoy diputado nacional, pudiera ser reelecto como presidente de la junta de gobierno. En 2012, cuando era senador, había conseguido eludir el impedimento por vía judicial. En dos años, nada hicieron al respecto. Resolvieron actuar un día antes.
¿Con qué autoridad política se va a oponer el radicalismo a la idea oficialista de cambiar las reglas electorales para 2015? El agravante del accionar radical, justamente, es que opera cuando los tucumanos más necesitan de interlocutores que alcen la voz contra un oficialismo dispuesto, incluso, a alterar el mapa de las ciudades con tal de retener los cargos con renta estatal suculenta y el manejo discrecional de los fondos públicos. Porque, a no confundir, no quieren poder, porque poder es un verbo que, en política, significa poder hacer por el bien común. Aquí, donde los gobiernos sólo han hecho de muchos políticos una casta de nuevos ricos (el poder hacer apuntado al bien particular), no quieren el poder sino la caja.
Precisamente, hay un trasfondo económico animando la alteración de los ejidos urbanos. No se trata sólo de que San Miguel de Tucumán absorba El Manantial, y de que Yerba Buena anexe Cebil Redondo, para equilibrar -en las urnas- lo mal que anduvo el Gobierno en ambos municipios con lo bien que le fue en ambas comunas. Y quizás porque no se trata sólo de eso, el mismísimo gobernador ha hablado muy mal de esta iniciativa -gestada en la Legislatura- delante de su entorno y hasta de los delegados comunales que se oponen a la “nueva cartografía”. Aunque el mandatario gusta mucho de decir una cosa durante el desayuno en su casa, y de mandar a hacer otra durante la merienda en su despacho (despotrica, pour la galerie, contra el intendente de la capital; pero después los ediles alperovichistas le aprueban un presupuesto de $ 2.000 millones para 2015), el funcionariado ventila sospechas de negocios inmobiliarios.
En pocas palabras, los que por casualidad compraron grandes terrenos en una comuna se convertirían, de la noche a la mañana y por ley, en afortunados dueños de propiedades ideales para countries dentro de una municipalidad. Una ventaja, literalmente, inapreciable. El drama nacional es que, además de fondos buitres, también tenemos buitres aquí en el fondo.
A la carta
Cuando la UCR local cambió el domingo su Carta Orgánica hizo mucho más (y mucho peor) que cambiar las reglas de juego electorales a 24 horas de la inscripción de listas. También oficializó que alienta la concentración de poder.
Es que el fulminado artículo 60 nunca planteó una discriminación sino que estableció una incompatibilidad. Al establecer que la Junta de Gobierno no podía estar integrada por diputados o senadores nacionales, ni por el gobernador ni los intendentes, planteaba que la UCR debía ser el fiscal político de esos afiliados con cargos públicos. Más aún: la Carta Orgánica pensaba en un radicalismo a lo grande. Pautaba que el partido centenario no podía reducirse a un puñado de parlamentarios y de funcionarios. Esa idea de un movimiento de ciudadanos que no esté colonizado por integrantes de poderes del Estado, por cierto, es una disposición normada y vigente dentro de esa agrupación. Así lo manda la Carta Orgánica Nacional:
Artículo 30°. Las autoridades partidarias de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires dictarán los preceptos que estimen convenientes para el gobierno y administración del partido, debiendo cumplir las siguientes reglas:
m) Reglamentarán acerca de las incompatibilidades entre cargos en la administración política y cargos del partido, y entre estos y los electivos, evitando la acumulación y estableciendo la descentralización de representaciones partidarias.
Pero el radicalismo tucumano no sólo ha eliminado esas incompatibilidades que las leyes del radicalismo nacional estipulan, sino que ha establecido la acumulación de cargos como conducta provincial. La junta de gobierno tucumana ha sido cubierta con diputados y senadores nacionales, con legisladores y con concejales. También los habrá en la convención provincial, que se completará en buena medida (como la Juventud Radical y como el comité capital) con parientes o empleados de esos parlamentarios. O sea, el radicalismo será un partido donde los afiliados con cargos públicos se darán mandato a sí mismos y juzgarán ellos mismos su propio desempeño. Así las cosas, ¿qué pronunciamiento habrá sobre el Presupuesto del parlamento tucumano y sobre la rendición de los gastos sociales, tan irritantes para muchos tucumanos, en una organización conducida desde la cabeza por legisladores y ex legisladores? (Lo cual también aplica a FR, el PRO, la DC y, claro, al peronismo en todos sus variantes).
Ese es el resultado del fratricidio bobo de los radicales tucumanos: han destrozado su partido con internismos, pero nunca celebran elecciones internas. En esos comicios primarios, el afiliado podría elegir y ser elegido, apoyar o deslegitimar a sus autoridades, fortalecer la institución, consagrar nuevas figuras, jubilar a las perimidas. En cambio, siguen sosteniendo el acotado negocio político de la lista única, flameando ese cuco idiota de que el alperovichismo se metería en la interna y volcaría la elección financiando resultados ficticios. Trágica realidad: por no celebrar internas, se tornaron culturalmente alperovichistas, sin que la Casa de Gobierno interviniese. Como no vota el afiliado, el reparto de cargos es entre los afiliados con votos, que se convierten en juez y parte. Ellos mismos ocupan los espacios institucionales que deben juzgar la tarea de ellos mismos.
¿Desde qué coherencia la segunda fuerza política tucumana objetará la alarmante decisión del gobernador de que quien ha sido ministro político durante todo este Gobierno se convierta en el jefe de los fiscales que deben investigar a los políticos de todo este Gobierno? ¿Cómo hará el espacio político con la mayor representación parlamentaria opositora para cuestionar, sin caer en el absurdo, la acumulación de poder del ministro de la Seguridad Ciudadana que no existe, quien ahora también será ministro de Gobierno de la gestión que premia el fracaso?
Adviene entonces la respuesta de la falacia. Pregona que son niveles distintos. Que no es lo mismo cambiar las reglas de juego electorales de la provincia, que modificar las de un partido. Que no es equiparable que un funcionario del Gobierno vaya a supervisar las investigaciones penales a los funcionarios del Gobierno, con el hecho de que los parlamentarios radicales se juzgarán políticamente a sí mismos. Qué no es igual que otro ministro acumule poder de carteras diferentes, con la circunstancia de que los afiliados que son autoridades estatales también sean autoridades del partido...
Pero poner la situación en escala no es ningún atenuante. Al contrario. Si en el manejo de un partido empequeñecido y desfinanciado son capaces de irrespetar sus propias normas nacionales, o de reformar las provinciales para acomodarlas a los intereses de unos cuantos, ¿de qué serán capaces en el manejo de un Estado? Tras 11 años, en vez de repudiar esa idea antidemocrática de que sólo el alperovichismo puede gobernar Tucumán, se convencieron de ella. Asumieron que había que alperovichizarse para aspirar a gobernar. Consolidar la democracia es proponer alternativas. Vilipendiarla es ofrecer diferentes opciones de una misma cosa.
La batalla cultural ha terminado.
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