Por Miguel Ángel Rouco
27 Julio 2014
BUENOS AIRES.- Era un verano tórrido en Nueva York. La situación de la Argentina pendía de un hilo y el país había perdido toda credibilidad. Muy pocos imaginaban lo que vendría después. En plena campaña electoral, el mundo financiero de aquellos días había apostado por un estallido inmediato y el reloj del default empezaba su cuenta regresiva.
Hace 15 años, los referentes económicos más importantes de los partidos políticos que disputaban las elecciones presidenciales de 1999, tuvieron que convencer a la comunidad de negocios de Manhattan que la Argentina no iba a caer en default y que cualquiera que ganara las elecciones iba a garantizar la vida útil de la Convertibilidad. Con otros personajes y otros fundamentos, la escena se repite por estas horas con el fantasma del default sobrevolando. Una delegación del equipo económico intenta asegurar que el país no caerá en cesación de pagos, aún a pesar de las declamaciones políticas de la Presidenta.
Lo cierto es que la Argentina va a llegar a un acuerdo con los holdouts, sólo porque la alternativa de default -cómo llamarlo- significa problemas tan complejos para el kirchnerismo que no está en condiciones de soportar.
El país se encuentra en una situación muy poco confortable, atrapado entre una retórica intrincada y cuando no deficiente y una realidad que acecha por todos los costados.
Los argumentos utilizados por el país para evitar pagar a los holdouts son contradictorios y en algunos casos hasta pueriles. La polémica cláusula RUFO, por la cual la Argentina no puede mejorar la oferta a terceros después de cerrado el canje es el ejemplo más claro. Esta cláusula es inaplicable, por más que la Presidenta arme una tragedia griega en torno de ella. En primera instancia, se trata de una cláusula autoimpuesta en el canje de deuda por lo cual a los holdouts que no entraron en el canje y ganaron el litigio poco les importa si existe o no.
En segundo término, esta herramienta requiere de una manifestación voluntaria por parte del país de estar haciendo una mejora a terceros.
En tercer lugar, no se trata de un canje de deuda, sino de un litigio cerrado en el cual el Estado argentino fue condenado a pagar una sentencia. Es decir, tiene que cumplir obligatoriamente y no voluntariamente.
Ahora bien, ¿qué escenarios se abren frente al no cumplimiento de la sentencia?
Por un lado, el juez comenzará a correr los plazos para sumar punitorios y al mantenerse firme la sentencia, la Argentina no podrá pagar la deuda performing, con lo cual en menos de una semana estará en default. Por otro, en la dinámica misma de la deuda, comenzarán a acelerarse los plazos de los bonistas para que se presenten en la ventanilla a cobrar la totalidad del capital más los intereses vencidos hasta la maduración de los bonos. Esto supone una avalancha de reclamos que podrían superarían largamente los U$S 120.000 millones, lo que obligaría al país a un nuevo canje con consecuencias mucho más gravosas para la sociedad. Al mismo tiempo, tamaña aventura abonaría otros terrenos hipotéticos que es mejor no imaginar. Pero, sin entrar en un supuesto árido, aún en el mejor de los escenarios resultantes -acuerdo con los holdouts-, el mapa por recorrer con la actual deuda a cuestas es muy complicado para la administración Kirchner.
Hasta fines de 2015 los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública rozarán los U$S 20.000 millones. La inflación se ha devorado los efectos de la devaluación de enero, el Gobierno ha reanudado su emisión monetaria desenfrenada, mientras que la presión sobre el dólar vuelve a intensificarse.
Si no se logra acceder al financiamiento externo que acerque más dólares, los vencimientos de la deuda golpearán las reservas, obligando a las autoridades a acelerar el ritmo devaluatorio.
La aventura parece difícil y el Palacio de Hacienda se ha anticipado a ese escenario: ha incrementado las trabas para acceder a divisas por parte de los particulares y pisó nuevamente todos los pedidos de los importadores, agravando aún más la situación de la economía real, con tasas empinadas, cadena de pagos más que pesada y problemas de empleo, mientras que la situación social se está metiendo en el ojo de la tormenta. La ilusión de los dólares sojeros se esfumó rápidamente. En lo inmediato habrá que abonar la primera cuota con el Club de París, los pagos que se hubiesen arreglado con los holdouts y los vencimientos de la deuda performing.
Mientras el Gobierno mantenga el cepo cambiario y todas las trabas a la salida de divisas, nadie va a ingresar dólares, excepto por las exportaciones, cada vez más escasas, por la caída del precio de la soja en el término. En este contexto, con cepo, sin acceso al crédito externo, sin credibilidad y sin entrada de divisas, la aceleración de un mayor ritmo devaluatorio parece inexorable.
Hace 15 años, los referentes económicos más importantes de los partidos políticos que disputaban las elecciones presidenciales de 1999, tuvieron que convencer a la comunidad de negocios de Manhattan que la Argentina no iba a caer en default y que cualquiera que ganara las elecciones iba a garantizar la vida útil de la Convertibilidad. Con otros personajes y otros fundamentos, la escena se repite por estas horas con el fantasma del default sobrevolando. Una delegación del equipo económico intenta asegurar que el país no caerá en cesación de pagos, aún a pesar de las declamaciones políticas de la Presidenta.
Lo cierto es que la Argentina va a llegar a un acuerdo con los holdouts, sólo porque la alternativa de default -cómo llamarlo- significa problemas tan complejos para el kirchnerismo que no está en condiciones de soportar.
El país se encuentra en una situación muy poco confortable, atrapado entre una retórica intrincada y cuando no deficiente y una realidad que acecha por todos los costados.
Los argumentos utilizados por el país para evitar pagar a los holdouts son contradictorios y en algunos casos hasta pueriles. La polémica cláusula RUFO, por la cual la Argentina no puede mejorar la oferta a terceros después de cerrado el canje es el ejemplo más claro. Esta cláusula es inaplicable, por más que la Presidenta arme una tragedia griega en torno de ella. En primera instancia, se trata de una cláusula autoimpuesta en el canje de deuda por lo cual a los holdouts que no entraron en el canje y ganaron el litigio poco les importa si existe o no.
En segundo término, esta herramienta requiere de una manifestación voluntaria por parte del país de estar haciendo una mejora a terceros.
En tercer lugar, no se trata de un canje de deuda, sino de un litigio cerrado en el cual el Estado argentino fue condenado a pagar una sentencia. Es decir, tiene que cumplir obligatoriamente y no voluntariamente.
Ahora bien, ¿qué escenarios se abren frente al no cumplimiento de la sentencia?
Por un lado, el juez comenzará a correr los plazos para sumar punitorios y al mantenerse firme la sentencia, la Argentina no podrá pagar la deuda performing, con lo cual en menos de una semana estará en default. Por otro, en la dinámica misma de la deuda, comenzarán a acelerarse los plazos de los bonistas para que se presenten en la ventanilla a cobrar la totalidad del capital más los intereses vencidos hasta la maduración de los bonos. Esto supone una avalancha de reclamos que podrían superarían largamente los U$S 120.000 millones, lo que obligaría al país a un nuevo canje con consecuencias mucho más gravosas para la sociedad. Al mismo tiempo, tamaña aventura abonaría otros terrenos hipotéticos que es mejor no imaginar. Pero, sin entrar en un supuesto árido, aún en el mejor de los escenarios resultantes -acuerdo con los holdouts-, el mapa por recorrer con la actual deuda a cuestas es muy complicado para la administración Kirchner.
Hasta fines de 2015 los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública rozarán los U$S 20.000 millones. La inflación se ha devorado los efectos de la devaluación de enero, el Gobierno ha reanudado su emisión monetaria desenfrenada, mientras que la presión sobre el dólar vuelve a intensificarse.
Si no se logra acceder al financiamiento externo que acerque más dólares, los vencimientos de la deuda golpearán las reservas, obligando a las autoridades a acelerar el ritmo devaluatorio.
La aventura parece difícil y el Palacio de Hacienda se ha anticipado a ese escenario: ha incrementado las trabas para acceder a divisas por parte de los particulares y pisó nuevamente todos los pedidos de los importadores, agravando aún más la situación de la economía real, con tasas empinadas, cadena de pagos más que pesada y problemas de empleo, mientras que la situación social se está metiendo en el ojo de la tormenta. La ilusión de los dólares sojeros se esfumó rápidamente. En lo inmediato habrá que abonar la primera cuota con el Club de París, los pagos que se hubiesen arreglado con los holdouts y los vencimientos de la deuda performing.
Mientras el Gobierno mantenga el cepo cambiario y todas las trabas a la salida de divisas, nadie va a ingresar dólares, excepto por las exportaciones, cada vez más escasas, por la caída del precio de la soja en el término. En este contexto, con cepo, sin acceso al crédito externo, sin credibilidad y sin entrada de divisas, la aceleración de un mayor ritmo devaluatorio parece inexorable.
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