25 Julio 2014
Se avecinan tiempos de cambio para el Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y estas transformaciones parecen no estar sólo relacionadas con el cese de su titular, Luis De Mitri, que a partir del 1 de agosto comenzará a gozar de la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Si prospera la propuesta de Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), el nuevo ministro sólo ejercerá la jefatura sobre los fiscales, puesto que la función de la defensa quedará en manos de una institución distinta. El gobernador José Alperovich no nombró aún al sucesor, pero en el oficialismo dan por hecho que el elegido es Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia.
La iniciativa de Sbdar, que de entrada recibió el apoyo del vocal Daniel Posse, circula por los restantes despachos del alto tribunal desde mayo. Antonio Gandur, presidente del cuerpo, hizo observaciones, pero dijo compartir la necesidad de fortalecer y jerarquizar la estructura de la defensa pública. En principio, estarían entonces dadas las condiciones (tres votos coincidentes) para que la CSJT pida a la Legislatura que parta en dos al actual Ministerio Público.
Dicha reformulación procura que el fiscal y el defensor oficial dispongan respectivamente de los mismos medios para acusar y hacer efectiva la garantía de la defensa en juicio. Tanto Sbdar como Gandur advierten que ambas funciones son contrapuestas y que, por ende, su organización y supervisión no pueden depender del mismo ministro, como ocurre en el presente en Tucumán. En la Nación, este conflicto de intereses -por llamarlo de algún modo- fue resuelto por la Convención Constituyente de 1994 mediante la creación de la Procuración General y de la Defensoría General, tendencia que ha penetrado en las provincias en forma paulatina.
“El diseño en vigor en Tucumán compromete el principio de igualdad de armas. La concentración de funciones en la órbita del Ministerio Público Fiscal en detrimento de la autonomía del Ministerio Público de la Defensa ignora la existencia de objetivos institucionales, procesales y funcionales distintos en sus bases, e, incluso, opuestos”, sostiene la iniciativa de Sbdar. Y recuerda que mientras el fiscal ejerce la persecución penal; investiga conductas y reúne elementos de incriminación respecto de acusados de haber cometido delitos (actos para los que dispone de la asistencia de la Policía), el defensor ha de proteger a los imputados del eventual uso arbitrario y excesivo del poder punitivo estatal; bregar por la vigencia plena de los derechos y garantías; controvertir las imputaciones y centrar su labor en presentar pruebas favorables al imputado. “No es posible concebir un mismo órgano que tenga a la vez el control y dirección técnica sobre los responsables de la persecución penal y sobre la defensa de los imputados de esa misma persecución penal”, agrega el texto.
Legitimación por concurso
Sbdar considera que, para resolver este “desequilibrio institucional”, basta con que una reforma de la Ley Orgánica de Tribunales cree el Ministerio Público Pupilar a cargo de un defensor general equiparado tácitamente al ministro fiscal. Gandur, en cambio, distingue entre la defensa de los menores, función que, según su interpretación constitucional, debería conservar el Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y las defensorías oficiales en lo Penal, Civil y Laboral, que deberían ser colocadas bajo la órbita de la autoridad que establezca la ley.
“Como el defensor general no tendría respaldo constitucional expreso, considero que este conseguiría legitimidad democrática mediante una designación por concurso”, sugiere el documento de Gandur, que ayer informó que enviará la propuesta final a la comisión encargada de redactar un anteproyecto de reforma del proceso penal. Sucede que el desdoblamiento del Ministerio Público forma parte de la agenda de trabajo del comité que preside el legislador Marcelo Caponio (FpV), e integran representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía. Al respecto, Caponio opinó: “nosotros queremos una defensa independiente que funcione como un verdadero estudio jurídico y así lo plantearemos”.
La iniciativa de Sbdar, que de entrada recibió el apoyo del vocal Daniel Posse, circula por los restantes despachos del alto tribunal desde mayo. Antonio Gandur, presidente del cuerpo, hizo observaciones, pero dijo compartir la necesidad de fortalecer y jerarquizar la estructura de la defensa pública. En principio, estarían entonces dadas las condiciones (tres votos coincidentes) para que la CSJT pida a la Legislatura que parta en dos al actual Ministerio Público.
Dicha reformulación procura que el fiscal y el defensor oficial dispongan respectivamente de los mismos medios para acusar y hacer efectiva la garantía de la defensa en juicio. Tanto Sbdar como Gandur advierten que ambas funciones son contrapuestas y que, por ende, su organización y supervisión no pueden depender del mismo ministro, como ocurre en el presente en Tucumán. En la Nación, este conflicto de intereses -por llamarlo de algún modo- fue resuelto por la Convención Constituyente de 1994 mediante la creación de la Procuración General y de la Defensoría General, tendencia que ha penetrado en las provincias en forma paulatina.
“El diseño en vigor en Tucumán compromete el principio de igualdad de armas. La concentración de funciones en la órbita del Ministerio Público Fiscal en detrimento de la autonomía del Ministerio Público de la Defensa ignora la existencia de objetivos institucionales, procesales y funcionales distintos en sus bases, e, incluso, opuestos”, sostiene la iniciativa de Sbdar. Y recuerda que mientras el fiscal ejerce la persecución penal; investiga conductas y reúne elementos de incriminación respecto de acusados de haber cometido delitos (actos para los que dispone de la asistencia de la Policía), el defensor ha de proteger a los imputados del eventual uso arbitrario y excesivo del poder punitivo estatal; bregar por la vigencia plena de los derechos y garantías; controvertir las imputaciones y centrar su labor en presentar pruebas favorables al imputado. “No es posible concebir un mismo órgano que tenga a la vez el control y dirección técnica sobre los responsables de la persecución penal y sobre la defensa de los imputados de esa misma persecución penal”, agrega el texto.
Legitimación por concurso
Sbdar considera que, para resolver este “desequilibrio institucional”, basta con que una reforma de la Ley Orgánica de Tribunales cree el Ministerio Público Pupilar a cargo de un defensor general equiparado tácitamente al ministro fiscal. Gandur, en cambio, distingue entre la defensa de los menores, función que, según su interpretación constitucional, debería conservar el Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y las defensorías oficiales en lo Penal, Civil y Laboral, que deberían ser colocadas bajo la órbita de la autoridad que establezca la ley.
“Como el defensor general no tendría respaldo constitucional expreso, considero que este conseguiría legitimidad democrática mediante una designación por concurso”, sugiere el documento de Gandur, que ayer informó que enviará la propuesta final a la comisión encargada de redactar un anteproyecto de reforma del proceso penal. Sucede que el desdoblamiento del Ministerio Público forma parte de la agenda de trabajo del comité que preside el legislador Marcelo Caponio (FpV), e integran representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía. Al respecto, Caponio opinó: “nosotros queremos una defensa independiente que funcione como un verdadero estudio jurídico y así lo plantearemos”.
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