24 Julio 2014
EL FISCAL. Gómez pidió la pesquisa de los hechos que denunció Ruarte. la gaceta / foto de enrique galíndez (archivo)
La trascendencia y el interés político-criminal del caso que involucraría a tres funcionarios públicos justifica la aplicación del Programa Nacional de Protección a Testigos en beneficio de la denunciante Paola Alejandra Ruarte y de su grupo familiar. Con este argumento, Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, solicitó al juez Fernando Luis Poviña que aumente las condiciones de seguridad respecto de la mujer que denunció a Guillermo Gassenbauer, legislador ultraalperovichista; a Beatriz Mirkin, ministra de Desarrollo Social, y a Liliana Jabif, coordinadora técnica del programa Argentina Trabaja.
Aquella cuestión forma parte del requerimiento de apertura de la investigación penal preparatoria que Gómez, que actúa en sustitución del fiscal federal Carlos Brito (de licencia), dejó en el Juzgado Federal N° 2 el martes pasado. Este documento reproduce la denuncia de Ruarte, que se presentó en la Justicia como empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y presidenta de la Cooperativa de Trabajo “Narciso Laprida”.
“El acceso a la presidencia de esta institución obedeció a su militancia en el espacio político que lidera Gassenbauer (hijo de Jorge Gassenbauer, ministro de Seguridad Ciudadana)”, dijo Gómez. El fiscal expresó que la mujer se había presentado en la Policía luego de constatar firmas falsas en papeles relativos a la administración de fondos del Argentina Trabaja. “En palabras de la denunciante, ninguna de las obras adjudicadas (a la cooperativa) habría sido realizada, no obstante haber recibido dinero y materiales para la construcción. Un ejemplo de ello sería el estado el que se encontraría el club América, donde debían concretarse trabajos por un monto de $ 2,6 millones”, añadió el representante del Ministerio Público.
El requerimiento de instrucción propone una serie de medidas de prueba útiles para llegar a la verdad, entre ellas, una peritación del disco compacto (CD) que Ruarte adjuntó en su denuncia. Ese soporte contiene, según la mujer, la grabación de una supuesta conversación que esta sostuvo con el legislador Gassenbauer a propósito de las presuntas anomalías detectadas. “Te voy a decir una cosa: (en) el 100% de las cooperativas hay irregularidades y hay quilombos (sic). Vos sabés que hay gente que se ha hecho una casa entera con cooperativas. Legisladores que ya no están (...), que se han hecho casas para ellos. Imaginate si no hay anomalías”, manifestó la voz que Ruarte atribuye a Gassenbauer. En otro tramo del diálogo, el mismo interlocutor asegura a la denunciante que “Betty” Mirkin se encargará de resolver los problemas de la cooperativa.
La dirigente barrial oriunda de Villa 9 de Julio es asesorada en este caso por el letrado Juan Roberto Robles, secretario general de la Unión Cívica Radical. El abogado informó que Ruarte “está aterrorizada” y que tiene previsto concurrir hoy a la Justicia Federal para impulsar la investigación.
Aquella cuestión forma parte del requerimiento de apertura de la investigación penal preparatoria que Gómez, que actúa en sustitución del fiscal federal Carlos Brito (de licencia), dejó en el Juzgado Federal N° 2 el martes pasado. Este documento reproduce la denuncia de Ruarte, que se presentó en la Justicia como empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y presidenta de la Cooperativa de Trabajo “Narciso Laprida”.
“El acceso a la presidencia de esta institución obedeció a su militancia en el espacio político que lidera Gassenbauer (hijo de Jorge Gassenbauer, ministro de Seguridad Ciudadana)”, dijo Gómez. El fiscal expresó que la mujer se había presentado en la Policía luego de constatar firmas falsas en papeles relativos a la administración de fondos del Argentina Trabaja. “En palabras de la denunciante, ninguna de las obras adjudicadas (a la cooperativa) habría sido realizada, no obstante haber recibido dinero y materiales para la construcción. Un ejemplo de ello sería el estado el que se encontraría el club América, donde debían concretarse trabajos por un monto de $ 2,6 millones”, añadió el representante del Ministerio Público.
El requerimiento de instrucción propone una serie de medidas de prueba útiles para llegar a la verdad, entre ellas, una peritación del disco compacto (CD) que Ruarte adjuntó en su denuncia. Ese soporte contiene, según la mujer, la grabación de una supuesta conversación que esta sostuvo con el legislador Gassenbauer a propósito de las presuntas anomalías detectadas. “Te voy a decir una cosa: (en) el 100% de las cooperativas hay irregularidades y hay quilombos (sic). Vos sabés que hay gente que se ha hecho una casa entera con cooperativas. Legisladores que ya no están (...), que se han hecho casas para ellos. Imaginate si no hay anomalías”, manifestó la voz que Ruarte atribuye a Gassenbauer. En otro tramo del diálogo, el mismo interlocutor asegura a la denunciante que “Betty” Mirkin se encargará de resolver los problemas de la cooperativa.
La dirigente barrial oriunda de Villa 9 de Julio es asesorada en este caso por el letrado Juan Roberto Robles, secretario general de la Unión Cívica Radical. El abogado informó que Ruarte “está aterrorizada” y que tiene previsto concurrir hoy a la Justicia Federal para impulsar la investigación.
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