23 Julio 2014
La Justicia Federal citó a los representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que en el plazo de tres días se apersonen en la causa que inició el Defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, con el objetivo de que se reanuden las actividades académicas en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), debido al paro que inició el gremio Adiunt el 23 de mayo por tiempo indeterminado.
El juez Fernando Poviña resolvió que el organismo nacional sea quien represente los intereses colectivos de los estudiantes de la UNT debido a que las funciones de Cabral se encuentran limitadas a las actividades administrativas de organismos provinciales. En el escrito de Poviña se piden informes -con un plazo de 72 horas para responder- al Poder Ejecutivo Nacional, a la Conadu Histórica, a Adiunt y a la UNT.
En su escrito, Cabral había solicitado que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), las asociaciones sindicales que llevan adelante las medidas de fuerza y la UNT “garanticen el cumplimiento efectivo del pleno goce del derecho a la educación a todos los alumnos que concurren a establecimientos pertenecientes” a la casa de Juan B. Terán.
Padres fueron a la Justicia
Una veintena de padres de alumnos de las escuelas experimentales de la UNT presentaron un recurso de amparo a la educación ante la Justicia Federal.
En el escrito solicitan que se ordene al Ministerio de Trabajo de la Nación que dicte de manera urgente la conciliación obligatoria entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Conadu (Histórica) y el gremio Adiunt. El objetivo del planteo es que mientras se desarrolle la conciliación los docentes se abstengan de aplicar medidas de fuerza, “garantizándose así el pleno ejercicio del derecho a la educación de nuestros hijos, debiendo para tales fines arbitrar los medios técnicos-legales necesarios para proveer a la continuidad del servicio educativo, asegurando la provisión de los contenidos mínimos correspondientes al actual ciclo lectivo en todos los establecimientos educacionales dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán y en especial del Gymnasium Universitario y de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento”.
Denunciaron que el paro afecta “gravemente derechos y garantías de rango constitucional” de los que gozan los niños.
El juez Fernando Poviña resolvió que el organismo nacional sea quien represente los intereses colectivos de los estudiantes de la UNT debido a que las funciones de Cabral se encuentran limitadas a las actividades administrativas de organismos provinciales. En el escrito de Poviña se piden informes -con un plazo de 72 horas para responder- al Poder Ejecutivo Nacional, a la Conadu Histórica, a Adiunt y a la UNT.
En su escrito, Cabral había solicitado que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), las asociaciones sindicales que llevan adelante las medidas de fuerza y la UNT “garanticen el cumplimiento efectivo del pleno goce del derecho a la educación a todos los alumnos que concurren a establecimientos pertenecientes” a la casa de Juan B. Terán.
Padres fueron a la Justicia
Una veintena de padres de alumnos de las escuelas experimentales de la UNT presentaron un recurso de amparo a la educación ante la Justicia Federal.
En el escrito solicitan que se ordene al Ministerio de Trabajo de la Nación que dicte de manera urgente la conciliación obligatoria entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Conadu (Histórica) y el gremio Adiunt. El objetivo del planteo es que mientras se desarrolle la conciliación los docentes se abstengan de aplicar medidas de fuerza, “garantizándose así el pleno ejercicio del derecho a la educación de nuestros hijos, debiendo para tales fines arbitrar los medios técnicos-legales necesarios para proveer a la continuidad del servicio educativo, asegurando la provisión de los contenidos mínimos correspondientes al actual ciclo lectivo en todos los establecimientos educacionales dependientes de la Universidad Nacional de Tucumán y en especial del Gymnasium Universitario y de la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento”.
Denunciaron que el paro afecta “gravemente derechos y garantías de rango constitucional” de los que gozan los niños.
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