22 Julio 2014
LA VOZ ARGENTINA ANTE GRIESA. El abogado del Estado argentino, Carmine Boccuzzi, estuvo en la audiencia con el juez del 27 de junio pasado. REUTERS
BUENOS AIRES.- El juez neoyorquino, Thomas Griesa, recibirá hoy a los bancos e intermediarios financieros que, por decisión suya, tienen bloqueado el pago a los bonistas que entraron en el canje de deuda pública defaulteada de la Argentina, que se concretó en 2005 y en 2010. El encuentro llevará cabo en el marco de versiones que indican que el magistrado podría reponer, por un tiempo acotado, el “stay” (la medida cautelar que frena los embargos) para permitir esos pagos y facilitar las negociaciones entre el Gobierno nacional y los denominados fondos buitre.
La reunión está prevista para las 11.30 (hora de la Argentina), a pedido del Bank of New York Mellon (BoNY) y del JP Morgan, entidades que le solicitaron a Griesa que clarifique su determinación de impedir el pago a los bonistas, ya que eso podría ocasionarles reclamos judiciales a esas entidades financieras. En la audiencia -de la que además participarán los letrados de las dos partes, tanto de la Argentina como de los fondos buitre- fueron convocados también representantes de la Caja de Valores de Bélgica, de Euroclear, de la agencia Cleartream Banking y de bonistas europeos que integran la agrupación Euro Bondholders.
Por otro lado, en el encuentro de hoy, las partes también tratará una “moción de reconsideración parcial”, que introdujeron los representantes del fondo de inversión NML Capital. El principal litigante contra la Argentina sostiene que el Gobierno nacional se niega a abrir negociaciones para resolver el conflicto, según consignó la agencia DyN.
El “stay”, el primer paso
Entre las versiones que circularon en los últimos días se destaca la que indica que, por solicitud de los propios holdouts, Griesa podría reponer la medida cautelar, por un plazo acotado, para que los bancos puedan pagarle, a los bonistas que entraron en el canje, el dinero que les depositó la Argentina. De este modo, podría reabrirse la instancia de negociación entre el Gobierno nacional y los holdouts.
Si eso sucede, la Argentina evitaría el default (la cesasión de pagos), que podría ocurrir el 30 de julio -más allá de que el Poder Ejecutivo insiste en que no hay ninguna posibilidad- cuando se cumpla un mes de la fecha en que se debía pagar.
El 26 de junio pasado, el Poder Ejecutivo Nacional depositó U$S 539 millones en la cuenta que el BoNY tiene en el Banco Central de la Argentina (BCRA) para que se le pague a los bonistas. Sin embargo, esos fondos fueron bloqueados por orden de Griesa, lo que dejó a la entidad, que tampoco pudo restituir esa plata a la Argentina, en una situación compleja. Si el juez repusiera la medida cautelar, y se cumplieran los pagos adeudados, habría un tramo de por lo menos dos meses para avanzar en las negociaciones, ya que para septiembre está previsto el siguiente pago a los bonistas que entraron al canje.
Para llevar adelante las negociaciones, Griesa nombró al abogado, Daniel Pollack, como mediador entre la Argentina y los fondos buitre para alcanzar un acuerdo que permita cumplir con la sentencia del magistrado -ratificada en instancias superiores- que obliga al Gobierno nacional a pagar U$S 1.330 millones a los holdouts.
Lo que viene
El otro punto clave de la negociación -si es que prospera- es evitar que entre en vigencia la cláusula Rufo que figura en los contratos con los bonistas que entraron al canje de deuda, y cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.
Esa cláusula establece que la Argentina no puede hacer una mejor oferta que la que le hizo a los que accedieron a la reestructuración (el 92,4% de los tenedores de los títulos defaulteados) a los otros acreedores que no ingresaron en esa negociación, que son el 7,6 %. De ese porcentaje, alrededor del 1% -los fondos buitre- son los que litigaron en la justicia norteamericana, y que le ganaron a la Argentina una indemnización del 100% del valor nominal de los bonos impagos.
El riesgo del default
Las instancias del conflicto despiertan voces. Ayer, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, afirmó que la salida para el conflicto con los fondos buitre está en manos de Griesa. “El juez metió a todos en este embrollo y ahora tiene que encontrar soluciones, porque la Argentina quiere pagar (a los bonistas reestructurados) y negociar en términos equitativos, justos y razonables (con los fondos buitre”, manifestó el funcionario en declaraciones radiales.
Por su parte, el economista Francisco Gismondi, de la consultora Empiria, se refirió al comportamiento de los mercados si es que la Argentina no acuerda con los fondos buitre y, como consecuencia de eso, entra en un default. “Los mercados siguen viendo optimismo. Aunque empezaron las dudas. Creo que (desde el Gobierno) dicen una cosa pero es una forma dura de negociar”, analizó el especialista, según consignó el diario Cronista.com. “El escenario con default es un final de gobierno difícil. Con un acuerdo, patearíamos este problema para más adelante y lo resolveríamos en enero. Si resolvemos esto vamos a estar mejor que antes”, consideró.
Por último, Gismondi consideró que con una cesación de pagos declarada el país viviría un “dólar subiendo fuerte, menos margen de aguante oficial, una economía que se estancaría y menos margen para el ingreso de importaciones”.
La reunión está prevista para las 11.30 (hora de la Argentina), a pedido del Bank of New York Mellon (BoNY) y del JP Morgan, entidades que le solicitaron a Griesa que clarifique su determinación de impedir el pago a los bonistas, ya que eso podría ocasionarles reclamos judiciales a esas entidades financieras. En la audiencia -de la que además participarán los letrados de las dos partes, tanto de la Argentina como de los fondos buitre- fueron convocados también representantes de la Caja de Valores de Bélgica, de Euroclear, de la agencia Cleartream Banking y de bonistas europeos que integran la agrupación Euro Bondholders.
Por otro lado, en el encuentro de hoy, las partes también tratará una “moción de reconsideración parcial”, que introdujeron los representantes del fondo de inversión NML Capital. El principal litigante contra la Argentina sostiene que el Gobierno nacional se niega a abrir negociaciones para resolver el conflicto, según consignó la agencia DyN.
El “stay”, el primer paso
Entre las versiones que circularon en los últimos días se destaca la que indica que, por solicitud de los propios holdouts, Griesa podría reponer la medida cautelar, por un plazo acotado, para que los bancos puedan pagarle, a los bonistas que entraron en el canje, el dinero que les depositó la Argentina. De este modo, podría reabrirse la instancia de negociación entre el Gobierno nacional y los holdouts.
Si eso sucede, la Argentina evitaría el default (la cesasión de pagos), que podría ocurrir el 30 de julio -más allá de que el Poder Ejecutivo insiste en que no hay ninguna posibilidad- cuando se cumpla un mes de la fecha en que se debía pagar.
El 26 de junio pasado, el Poder Ejecutivo Nacional depositó U$S 539 millones en la cuenta que el BoNY tiene en el Banco Central de la Argentina (BCRA) para que se le pague a los bonistas. Sin embargo, esos fondos fueron bloqueados por orden de Griesa, lo que dejó a la entidad, que tampoco pudo restituir esa plata a la Argentina, en una situación compleja. Si el juez repusiera la medida cautelar, y se cumplieran los pagos adeudados, habría un tramo de por lo menos dos meses para avanzar en las negociaciones, ya que para septiembre está previsto el siguiente pago a los bonistas que entraron al canje.
Para llevar adelante las negociaciones, Griesa nombró al abogado, Daniel Pollack, como mediador entre la Argentina y los fondos buitre para alcanzar un acuerdo que permita cumplir con la sentencia del magistrado -ratificada en instancias superiores- que obliga al Gobierno nacional a pagar U$S 1.330 millones a los holdouts.
Lo que viene
El otro punto clave de la negociación -si es que prospera- es evitar que entre en vigencia la cláusula Rufo que figura en los contratos con los bonistas que entraron al canje de deuda, y cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.
Esa cláusula establece que la Argentina no puede hacer una mejor oferta que la que le hizo a los que accedieron a la reestructuración (el 92,4% de los tenedores de los títulos defaulteados) a los otros acreedores que no ingresaron en esa negociación, que son el 7,6 %. De ese porcentaje, alrededor del 1% -los fondos buitre- son los que litigaron en la justicia norteamericana, y que le ganaron a la Argentina una indemnización del 100% del valor nominal de los bonos impagos.
El riesgo del default
Las instancias del conflicto despiertan voces. Ayer, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, afirmó que la salida para el conflicto con los fondos buitre está en manos de Griesa. “El juez metió a todos en este embrollo y ahora tiene que encontrar soluciones, porque la Argentina quiere pagar (a los bonistas reestructurados) y negociar en términos equitativos, justos y razonables (con los fondos buitre”, manifestó el funcionario en declaraciones radiales.
Por su parte, el economista Francisco Gismondi, de la consultora Empiria, se refirió al comportamiento de los mercados si es que la Argentina no acuerda con los fondos buitre y, como consecuencia de eso, entra en un default. “Los mercados siguen viendo optimismo. Aunque empezaron las dudas. Creo que (desde el Gobierno) dicen una cosa pero es una forma dura de negociar”, analizó el especialista, según consignó el diario Cronista.com. “El escenario con default es un final de gobierno difícil. Con un acuerdo, patearíamos este problema para más adelante y lo resolveríamos en enero. Si resolvemos esto vamos a estar mejor que antes”, consideró.
Por último, Gismondi consideró que con una cesación de pagos declarada el país viviría un “dólar subiendo fuerte, menos margen de aguante oficial, una economía que se estancaría y menos margen para el ingreso de importaciones”.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
