Sedición, ni olvido ¿ni perdón?

Por Gustavo Cobos 12 Julio 2014

Entre los “hubiera” de los festejos del 9 de Julio está el recuerdo de la protesta salarial de la Policía de diciembre del año pasado. Si la presidenta Cristina Fernández “hubiera” viajado a Tucumán, un grupo de opositores tenía diseñado un plan para recordarle que mientras ella bailaba en Plaza de Mayo el 10 de diciembre de 2013, los tucumanos custodiaban sus casas ante los saqueos que produjo la revuelta policial. Y aunque la salud de la Presidenta dejó pendiente ese acto recordatorio, la causa judicial por la sedición policial rememorará en los próximos meses los difíciles y trágicos días del 9, 10 y 11 de diciembre último. La investigación de los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni traería nuevos resquemores en la fuerza cuando se conozcan los procesamientos y el requerimiento de elevación a juicio que están preparando los representantes del Ministerio Público. Es que además de las ocho personas que se encuentran detenidas desde diciembre, medio centenar de policías podrían afrontar el juicio oral, que sería el de mayor cantidad de imputados en la historia judicial de la provincia.

De esos más de 50 policías que serían acusados, hay un nombre que podría hacer trastabillar la calma que ha logrado mantener hasta aquí el jefe de Policía Dante Bustamante. Su antecesor, Jorge Herminio Racedo, podría formar parte de la lista de procesados, cuestionado por no haber evitado que los sediciosos pongan en peligro la seguridad de los tucumanos. Racedo fue imputado en diciembre por la fiscala Adriana Reinoso Cuello por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cuando la Corte Suprema decidió dividir la pesquisa de los hechos de diciembre de 2013 (Reinoso Cuello quedó a cargo de las causas por los saqueos y López Ávila y Giannoni de la sedición), el expediente contra Racedo se sumó al que investiga a sus ex compañeros en la fuerza.

Al ex jefe de Policía le cuestionarían no haber dado la orden para que los policías que no participaron de la protesta dejen sus días de franco y los servicios adicionales para salir a patrullar. En la investigación los fiscales determinaron que otros comisarios dieron directivas para guardar los patrulleros, ya que hubo casos en los que los sediciosos habían desvalijado los vehículos, en cuyos baúles guardan armas, chalecos antibalas y otros elementos. De manera indirecta, creen los fiscales, habrían colaborado para dejar desprotegidas las calles. El problema radicaría en la posible acusación a los jefes policiales. El Gobierno presentó la denuncia contra los sediciosos apenas firmó el acuerdo salarial que puso fin al conflicto, y quiere que el hilo se corte con los ocho detenidos, entre los que se encuentran tres ex policías que encabezaron la protesta y que habían conseguido la promesa de su reincorporación para poner fin al levantamiento. Los fiscales, en tanto, habrían recibido directivas precisas de los miembros de la Corte Suprema para que vayan a fondo con la causa y lleguen hasta donde deban llegar.

Racedo presentó su renuncia luego del acuerdo porque no podía tolerar, según argumentó, que se reincorporara a Diego Herrera, Miguel Ángel Toledo y Ángel Chaile, a quienes había separado por haber impulsado reclamos anteriores. El ex jefe de Policía veía minada su autoridad. La posterior detención de los sediciosos, sin embargo, sirvió para que las voces en contra de las conducciones policiales se acallaran y Bustamante pueda caminar hasta aquí sin grandes sobresaltos internos. La incógnita es hasta dónde alcanzará la investigación. Si Racedo es responsable por no haber dado órdenes para sacar todo el personal a la calle, ¿qué lugar ocupan en esa cadena de decisiones los funcionarios políticos bajo cuya dirección estaba el ex jefe de Policía? Esa será una definición que deben tomar los fiscales en las próximas semanas. Diciembre de 2013 no quedará aún en el olvido.