Por Irene Benito
05 Julio 2014
El fuero penal desacreditado y frágil que recibirá el sucesor de Luis De Mitri es el producto de una política en la que Edmundo Jesús Jiménez tuvo un protagonismo creciente desde principios de 1990. Esa habilidad para influir sobre los actos de la magistratura creció al amparo del poder del Poder Ejecutivo (vale la redundancia), a partir del ejercicio de la función de secretario de Gobierno de la gestión de Ramón Bautista Ortega, y de ministro de Gobierno y Justicia de esta administración. La fama de operador judicial number one posiciona a Jiménez como el único abogado capaz de preservar los intereses del oficialismo y de asegurarle la pax judicial: en el foro elucubran que tales atributos terminarán imponiéndose, y que el secretario del Partido Justicialista ocupará los sillones mullidos y calientes que dejará De Mitri en el Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y en la Junta Electoral.
En tal caso, la designación de Jiménez como ministro público sería un arresto de sinceridad. No son pocos los que creen que ese funcionario moldeó una Justicia a su imagen y semejanza colocando cada vez que pudo a sus preferidos en los casi 100 nombramientos de jueces que concretó el contador que gobierna la provincia. Esa actividad alcanzó el clímax entre diciembre de 2003 y mediados de 2006, cuando la cancelación del Consejo de la Magistratura limitado que existía hasta entonces -supresión atribuida al cerebro del ministro de Gobierno- inauguró un período de discrecionalidad absoluta: a aquella potestad omnímoda deben sus cargos el polémico fiscal Guillermo Herrera (íntimo del ministro) y Francisco Pisa, juez acusado por legisladores de la UCR de contentar siempre las expectativas del poder político.
Pero la injerencia en la conformación de la magistratura sería sólo el rostro visible de la participación de Jiménez en la agenda judicial. Algunos pleiteadores memoriosos están convencidos de que en los últimos 11 años ningún proyecto institucional significativo prosperó sin su visto bueno, y que en parte a ello obedece el naufragio de las pretensiones de adoptar el modelo de la Justicia de Paz letrada (una década después de la reforma, más del 70% de los jueces de Paz siguen siendo legos); de crear la Policía Judicial; de ampliar la estructura del Ministerio Público (funciona con el mismo número de fiscalías y de defensorías desde 1991) y de implementar un plan piloto para modernizar el agotado proceso penal.
En contraste con aquellos fracasos, la mano soterrada del ministro actuó con eficiencia para producir dos modificaciones esenciales en el organigrama de los Tribunales: la defunción de la Fiscalía Anticorrupción que tanto fastidió a este Gobierno -y al anterior-, y la concentración de la revisión de la investigación preparatoria de toda la provincia en un cuerpo con tres cabezas. A nadie se le escapa que en esa poderosa Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción recalaron jueces de la confianza estricta de Jiménez: su hermana, Elva Graciela Jiménez (se jubiló a finales de 2012); Eudoro Albo y Liliana Vitar.
Estas y otras estrategias transformaron al ministro en un planeta con entidad propia en la Casa de Gobierno. El funcionario de “gioconda” sonrisa, andar sigiloso y movimientos astutos tiene un récord de permanencia en su cargo-fusible: nada ni nadie logró perturbar esa continuidad, ni las crisis -latentes- de los casos “Lebbos” y “Verón” ni la falta de reacción de los Tribunales durante los saqueos de diciembre. Los topos del oficialismo señalan que, muy por el contrario, “Pirincho” siguió expandiéndose, y, en el camino, su hijo Reinaldo consiguió una banca en la Legislatura, y sus hijos Ana Lucía y Edmundo (secretario de Estado de Acción Política) se convirtieron en litigantes estrella, lo mismo que Carlos Cattáneo, álter ego del ministro. Entonces, mientras Jiménez multiplicaba los panes del poder, la Justicia se debilitaba hasta propiciar la candidatura de Tucumán como capital nacional de la impunidad, como si lo primero hubiese ocurrido -necesariamente- a expensas de lo segundo.
En tal caso, la designación de Jiménez como ministro público sería un arresto de sinceridad. No son pocos los que creen que ese funcionario moldeó una Justicia a su imagen y semejanza colocando cada vez que pudo a sus preferidos en los casi 100 nombramientos de jueces que concretó el contador que gobierna la provincia. Esa actividad alcanzó el clímax entre diciembre de 2003 y mediados de 2006, cuando la cancelación del Consejo de la Magistratura limitado que existía hasta entonces -supresión atribuida al cerebro del ministro de Gobierno- inauguró un período de discrecionalidad absoluta: a aquella potestad omnímoda deben sus cargos el polémico fiscal Guillermo Herrera (íntimo del ministro) y Francisco Pisa, juez acusado por legisladores de la UCR de contentar siempre las expectativas del poder político.
Pero la injerencia en la conformación de la magistratura sería sólo el rostro visible de la participación de Jiménez en la agenda judicial. Algunos pleiteadores memoriosos están convencidos de que en los últimos 11 años ningún proyecto institucional significativo prosperó sin su visto bueno, y que en parte a ello obedece el naufragio de las pretensiones de adoptar el modelo de la Justicia de Paz letrada (una década después de la reforma, más del 70% de los jueces de Paz siguen siendo legos); de crear la Policía Judicial; de ampliar la estructura del Ministerio Público (funciona con el mismo número de fiscalías y de defensorías desde 1991) y de implementar un plan piloto para modernizar el agotado proceso penal.
En contraste con aquellos fracasos, la mano soterrada del ministro actuó con eficiencia para producir dos modificaciones esenciales en el organigrama de los Tribunales: la defunción de la Fiscalía Anticorrupción que tanto fastidió a este Gobierno -y al anterior-, y la concentración de la revisión de la investigación preparatoria de toda la provincia en un cuerpo con tres cabezas. A nadie se le escapa que en esa poderosa Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción recalaron jueces de la confianza estricta de Jiménez: su hermana, Elva Graciela Jiménez (se jubiló a finales de 2012); Eudoro Albo y Liliana Vitar.
Estas y otras estrategias transformaron al ministro en un planeta con entidad propia en la Casa de Gobierno. El funcionario de “gioconda” sonrisa, andar sigiloso y movimientos astutos tiene un récord de permanencia en su cargo-fusible: nada ni nadie logró perturbar esa continuidad, ni las crisis -latentes- de los casos “Lebbos” y “Verón” ni la falta de reacción de los Tribunales durante los saqueos de diciembre. Los topos del oficialismo señalan que, muy por el contrario, “Pirincho” siguió expandiéndose, y, en el camino, su hijo Reinaldo consiguió una banca en la Legislatura, y sus hijos Ana Lucía y Edmundo (secretario de Estado de Acción Política) se convirtieron en litigantes estrella, lo mismo que Carlos Cattáneo, álter ego del ministro. Entonces, mientras Jiménez multiplicaba los panes del poder, la Justicia se debilitaba hasta propiciar la candidatura de Tucumán como capital nacional de la impunidad, como si lo primero hubiese ocurrido -necesariamente- a expensas de lo segundo.
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