02 Julio 2014
BUENOS AIRES.- Daniel Adler, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento contra el suspendido fiscal José María Campagnoli, aseguró ayer que “es una situación prevista legalmente” la derivada de la enfermedad de uno de los integrantes del cuerpo, e indicó que las dos opciones que existen son “el reinicio del juicio” o el comienzo “de uno nuevo”.
“Es una cuestión que tenemos que escuchar lo que las partes planteen y, también, el Tribunal va a tener que decidir”, explicó Adler. No obstante, destacó la firme voluntad tanto de ese cuerpo como de las partes de cumplir con el compromiso institucional de llevar a cabo este juicio “y de terminar con un resultado, sea favorable o desfavorable para el acusado”.
En este marco, dijo que el reglamento establece que el Tribunal no puede sesionar durante un juicio sin uno de sus miembros y sostuvo que, como consecuencia la licencia por razones de salud de la Defensora General María Martínez Córdoba, fue requerida la presencia del juez suplente de este estamento, Leonardo Miño, defensor del fuero federal penal de San Martín.
“La ley prevé en estos caos que el juicio debe reiniciarse en situaciones en que hayan pasado 10 días porque se pierde continuidad y, además, el juez no ha tomado contacto directo con la prueba, pero pueden haber mecanismos alternativos”, explicó Adler.
En este sentido, mencionó como opciones la posibilidad de la “incorporación por lectura de las versiones taquigráficas o las videofilmaciones” de los testimonios, aunque sostuvo que son todas evaluaciones hipotéticas, dado que “habrá que ver” qué pasa cuando se reanude el juicio.
Adler insistió en señalar que el cuerpo debe resolver de acuerdo con lo que las partes presentan, y aclaró que eso no ocurrirá un día determinado -como el viernes-, según las versiones periodísticas.
Luego, volvió a bregar por que el proceso a Campagnoli transcurra con “razonabilidad republicana”. “Cuando se llega a la amenaza, al agravio, a la situación de la columna y de la injuria, se pasa el límite de la crítica republicana”, apuntó. “Tenemos que fallar conforme a derecho. Lo de los mensajes es un tema que tiene más que ver con lo colombófilo que con el derecho. Los jueces no somos palomas mensajeras; tenemos que juzgar la conducta de un magistrado acusado por una procuradora en base a acusaciones de cinco fiscales generales”, apuntó Adler.
Presiones
Por su lado, el fiscal del jury de enjuiciamiento a Campagnoli, Adolfo Villate, consideró que las presiones mediáticas y las amenazas contra quienes participan del proceso “muestran la verdadera cara de quienes defienden las instituciones cuando les conviene”.
Villate se refirió así a los que “se comportan de modo autoritario”, tras las pintadas injuriosas de desconocidos en el frente de su domicilio, y por las presiones que recibió Martínez Córdoba y que la obligaron a pedir licencia médica. Y a las que comenzaron contra su persona la semana pasada con un llamado telefónico amenazante. “Es indudable que existe una presión mediática y que va más allá de lo mediático”, afirmó Villate. (Télam)
“Es una cuestión que tenemos que escuchar lo que las partes planteen y, también, el Tribunal va a tener que decidir”, explicó Adler. No obstante, destacó la firme voluntad tanto de ese cuerpo como de las partes de cumplir con el compromiso institucional de llevar a cabo este juicio “y de terminar con un resultado, sea favorable o desfavorable para el acusado”.
En este marco, dijo que el reglamento establece que el Tribunal no puede sesionar durante un juicio sin uno de sus miembros y sostuvo que, como consecuencia la licencia por razones de salud de la Defensora General María Martínez Córdoba, fue requerida la presencia del juez suplente de este estamento, Leonardo Miño, defensor del fuero federal penal de San Martín.
“La ley prevé en estos caos que el juicio debe reiniciarse en situaciones en que hayan pasado 10 días porque se pierde continuidad y, además, el juez no ha tomado contacto directo con la prueba, pero pueden haber mecanismos alternativos”, explicó Adler.
En este sentido, mencionó como opciones la posibilidad de la “incorporación por lectura de las versiones taquigráficas o las videofilmaciones” de los testimonios, aunque sostuvo que son todas evaluaciones hipotéticas, dado que “habrá que ver” qué pasa cuando se reanude el juicio.
Adler insistió en señalar que el cuerpo debe resolver de acuerdo con lo que las partes presentan, y aclaró que eso no ocurrirá un día determinado -como el viernes-, según las versiones periodísticas.
Luego, volvió a bregar por que el proceso a Campagnoli transcurra con “razonabilidad republicana”. “Cuando se llega a la amenaza, al agravio, a la situación de la columna y de la injuria, se pasa el límite de la crítica republicana”, apuntó. “Tenemos que fallar conforme a derecho. Lo de los mensajes es un tema que tiene más que ver con lo colombófilo que con el derecho. Los jueces no somos palomas mensajeras; tenemos que juzgar la conducta de un magistrado acusado por una procuradora en base a acusaciones de cinco fiscales generales”, apuntó Adler.
Presiones
Por su lado, el fiscal del jury de enjuiciamiento a Campagnoli, Adolfo Villate, consideró que las presiones mediáticas y las amenazas contra quienes participan del proceso “muestran la verdadera cara de quienes defienden las instituciones cuando les conviene”.
Villate se refirió así a los que “se comportan de modo autoritario”, tras las pintadas injuriosas de desconocidos en el frente de su domicilio, y por las presiones que recibió Martínez Córdoba y que la obligaron a pedir licencia médica. Y a las que comenzaron contra su persona la semana pasada con un llamado telefónico amenazante. “Es indudable que existe una presión mediática y que va más allá de lo mediático”, afirmó Villate. (Télam)
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