29 Junio 2014
MÁS DE LA MITAD DE LAS BANCAS. En la Cámara de Diputados, el bloque kirchnerista -Frente para la Victoria- concentra casi la mitad de los escaños. dyn (archivo)
A minutos de que se conociera el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, la oposición parlamentaria prácticamente a pleno anunció que insistiría con promover pedidos de juicio político en su contra, proceso que eventualmente puede derivar en una destitución.
De acuerdo con la Constitución de la Nación, es el Congreso el órgano que tiene asignada la tarea de determinar si los funcionarios del Poder Ejecutivo desempeñan sus funciones de manera correcta. El instrumento previsto para concretar ese control es, precisamente, el juicio político.
¿Cómo es el procedimiento? El mecanismo cuenta con roles e instancias bien determinadas. Las normas que regulan su funcionamiento están incluidas en la Carta Magna, y en los reglamentos internos de ambas cámaras y de las comisiones intervinientes.
La Cámara de Diputados actúa como “acusadora” ante la de Senadores, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución. Esta última institución es el que juzga, y tiene la facultad de declarar la culpabilidad o no.
Las etapas
Son dos las instancias principales del proceso en la Cámara Baja, según detalla la página web oficial de Diputados (www.diputados.gob.ar).
En ese ámbito se inicia el procedimiento a partir de la presentación de un pedido de enjuiciamiento por mal desempeño de las funciones (puede hacerlo cualquier funcionario o ciudadano).
Apenas ingresa, la denuncia es girada a la comisión de Juicio Político. Los 31 miembros tienen la responsabilidad de evaluar si la presentación reúne las condiciones objetivas y subjetivas. Actualmente, el comité está presidido por la diputada bonaerense Adela Segarra (Frente para la Victoria). Entre sus integrantes hay dirigentes fuertes del oficialismo y de la oposición. Entre ellos, Carlos Kunkel (FpV), Andrés “Cuervo” Larroque (FpV), Juan Cabandié (FpV), Diana Conti (FpV), Laura Alonso (PRO), Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI- UNEN) y Margarita Stolbizer (GEN-UNEN). Juan Casañas (UCR) es el único diputado tucumano que participa en esa comisión (ver texto destacado “Contraproducente”).
La primera etapa de las tareas incluye el análisis de las denuncias. Se prevé también la citación del acusado para que haga su descargo. Si se considera que están dadas las condiciones, se abre un sumario.
La segunda, en tanto, implica la elaboración de un dictamen de comisión que permitirá a todos los parlamentarios del cuerpo definir si concretarán o no la acusación ante los senadores. Para ello, toman como base las pruebas obtenidas durante el proceso de sustanciación del sumario. Según los reglamentos, es necesaria una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes (66%). De estar los 257 parlamentarios en el recinto, serían 169 los votos requeridos para que el pedido avance.
Si llega al Senado, se presentará allí la posición de la comisión de Juicio Político y la de la defensa del acusado, que “tratará de sostener que el desempeño de las funciones fue correcto y normal”, de acuerdo con la normativa. “Ninguno será declarado culpable sin la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”, advierte la Constitución. De estar todos los senadores (son 72), se necesitaría el voto de 47 bancas para la remoción.
El fallo puede destituir al acusado y declararlo “incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”, dicta la Constitución. Esta situación no exime a que el funcionario sea sometido en paralelo a un proceso en la Justicia.
Si se tiene en cuenta que el FpV cuenta con amplia mayoría en ambas cámaras, sería prácticamente imposible el juzgamiento de Boudou. En Diputados, el bloque oficialista cuenta con 119 bancas, más una decena de sus aliados. En Senadores, por otro lado, son 32 los del FpV.
En el caso de Boudou, que es vicepresidente desde 2011, han ingresado en Diputados cinco pedidos de juicio político por supuesto mal desempeño de sus funciones. Todos ellos están relacionados con la causa Ciccone, según la última actualización en la página oficial de la comisión (www.diputados.gob.ar).
La denuncia inicial fue presentada en marzo de 2012 y llevaba las firmas de nueve diputados opositores. En el grupo había miembros del PRO, de la UCR y de Unión Para Todos. Entre ellos, estaba Casañas. La segunda presentación data de diciembre de 2013 y es una iniciativa de Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social). Este año, hubo tres acusaciones contra Boudou. Alcira Argumedo (Proyecto Sur-UNEN) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI-UNEN) firmaron un pedido en febrero. En marzo, 14 diputados disidentes -la mayoría del PRO- replantearon la primera acusación, que había perdido estado parlamentario. La última denuncia ingresó el 2 de junio con la rúbrica de los massistas Adrián Pérez y Graciela Camaño.
De acuerdo con la Constitución de la Nación, es el Congreso el órgano que tiene asignada la tarea de determinar si los funcionarios del Poder Ejecutivo desempeñan sus funciones de manera correcta. El instrumento previsto para concretar ese control es, precisamente, el juicio político.
¿Cómo es el procedimiento? El mecanismo cuenta con roles e instancias bien determinadas. Las normas que regulan su funcionamiento están incluidas en la Carta Magna, y en los reglamentos internos de ambas cámaras y de las comisiones intervinientes.
La Cámara de Diputados actúa como “acusadora” ante la de Senadores, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución. Esta última institución es el que juzga, y tiene la facultad de declarar la culpabilidad o no.
Las etapas
Son dos las instancias principales del proceso en la Cámara Baja, según detalla la página web oficial de Diputados (www.diputados.gob.ar).
En ese ámbito se inicia el procedimiento a partir de la presentación de un pedido de enjuiciamiento por mal desempeño de las funciones (puede hacerlo cualquier funcionario o ciudadano).
Apenas ingresa, la denuncia es girada a la comisión de Juicio Político. Los 31 miembros tienen la responsabilidad de evaluar si la presentación reúne las condiciones objetivas y subjetivas. Actualmente, el comité está presidido por la diputada bonaerense Adela Segarra (Frente para la Victoria). Entre sus integrantes hay dirigentes fuertes del oficialismo y de la oposición. Entre ellos, Carlos Kunkel (FpV), Andrés “Cuervo” Larroque (FpV), Juan Cabandié (FpV), Diana Conti (FpV), Laura Alonso (PRO), Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI- UNEN) y Margarita Stolbizer (GEN-UNEN). Juan Casañas (UCR) es el único diputado tucumano que participa en esa comisión (ver texto destacado “Contraproducente”).
La primera etapa de las tareas incluye el análisis de las denuncias. Se prevé también la citación del acusado para que haga su descargo. Si se considera que están dadas las condiciones, se abre un sumario.
La segunda, en tanto, implica la elaboración de un dictamen de comisión que permitirá a todos los parlamentarios del cuerpo definir si concretarán o no la acusación ante los senadores. Para ello, toman como base las pruebas obtenidas durante el proceso de sustanciación del sumario. Según los reglamentos, es necesaria una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes (66%). De estar los 257 parlamentarios en el recinto, serían 169 los votos requeridos para que el pedido avance.
Si llega al Senado, se presentará allí la posición de la comisión de Juicio Político y la de la defensa del acusado, que “tratará de sostener que el desempeño de las funciones fue correcto y normal”, de acuerdo con la normativa. “Ninguno será declarado culpable sin la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”, advierte la Constitución. De estar todos los senadores (son 72), se necesitaría el voto de 47 bancas para la remoción.
El fallo puede destituir al acusado y declararlo “incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”, dicta la Constitución. Esta situación no exime a que el funcionario sea sometido en paralelo a un proceso en la Justicia.
Si se tiene en cuenta que el FpV cuenta con amplia mayoría en ambas cámaras, sería prácticamente imposible el juzgamiento de Boudou. En Diputados, el bloque oficialista cuenta con 119 bancas, más una decena de sus aliados. En Senadores, por otro lado, son 32 los del FpV.
En el caso de Boudou, que es vicepresidente desde 2011, han ingresado en Diputados cinco pedidos de juicio político por supuesto mal desempeño de sus funciones. Todos ellos están relacionados con la causa Ciccone, según la última actualización en la página oficial de la comisión (www.diputados.gob.ar).
La denuncia inicial fue presentada en marzo de 2012 y llevaba las firmas de nueve diputados opositores. En el grupo había miembros del PRO, de la UCR y de Unión Para Todos. Entre ellos, estaba Casañas. La segunda presentación data de diciembre de 2013 y es una iniciativa de Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social). Este año, hubo tres acusaciones contra Boudou. Alcira Argumedo (Proyecto Sur-UNEN) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI-UNEN) firmaron un pedido en febrero. En marzo, 14 diputados disidentes -la mayoría del PRO- replantearon la primera acusación, que había perdido estado parlamentario. La última denuncia ingresó el 2 de junio con la rúbrica de los massistas Adrián Pérez y Graciela Camaño.
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