29 Junio 2014
Amado Boudou, primer vicepresidente en la historia argentina en ser procesado por la Justicia durante el ejercicio de sus funciones, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, debe pedir inmediata licencia. Su permanencia en el cargo se torna insostenible luego de esta decisión judicial. Si pretendiera continuar ejerciéndolo, la titular del Poder Ejecutivo Federal debería solicitarle que cese públicamente, en resguardo de su propia investidura y por su exclusiva responsabilidad al haber elegido a Boudou como compañero de fórmula para su segundo mandato presidencial.
Sería escandaloso e inaceptable que el funcionario procesado pretenda seguir desempeñando su rol institucional como eventual reemplazante transitorio o definitivo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como lo prevé la Constitución para los casos de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del presidente. La vicepresidencia es una función muy importante. Sólo como ejemplo menciono que, en uno de los reiterados viajes al exterior de nuestra Presidenta, Boudou -como vicepresidente en ejercicio de la presidencia- dictó un “decreto de necesidad y urgencia” para ampliar el presupuesto nacional en más de $ 80.000 millones sin que el Congreso pueda expedirse y controlar la aplicación de esta suma exorbitante de dinero aportado por el contribuyente.
El vicepresidente, conforme sus atribuciones constitucionales, es presidente del Senado y vota en caso de empate. Boudou no tiene hoy autoridad moral para ejercer sus atribuciones reglamentarias en el Senado de la Nación. El reglamento del cuerpo le confiere poderes excepcionales: “sólo el presidente representa al Senado” (artículo 36). Además, integra y encabeza la comisión de Labor Parlamentaria, cuya misión más importante es proyectar el orden del día que deben tratar los senadores (artículo 56). El vicepresidente convoca a los senadores al recinto y abre las sesiones; asigna el destino de los asuntos entrados; dirige las discusiones en la Cámara y llama al orden a sus integrantes; hace citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias; nombra y remueve a todos los empleados y, en caso de delito, pone a estos a disposición de la Justicia.
Aunque amparado por la presunción de inocencia que proclama el Pacto de San José de Costa Rica mientras no exista sentencia firme condenatoria, Boudou está sospechado hoy de graves actos de corrupción. Por el bien de la República, debe apartarse de su rol institucional y pedir licencia, a la espera que la Justicia dicte la resolución final.
Sería escandaloso e inaceptable que el funcionario procesado pretenda seguir desempeñando su rol institucional como eventual reemplazante transitorio o definitivo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como lo prevé la Constitución para los casos de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución del presidente. La vicepresidencia es una función muy importante. Sólo como ejemplo menciono que, en uno de los reiterados viajes al exterior de nuestra Presidenta, Boudou -como vicepresidente en ejercicio de la presidencia- dictó un “decreto de necesidad y urgencia” para ampliar el presupuesto nacional en más de $ 80.000 millones sin que el Congreso pueda expedirse y controlar la aplicación de esta suma exorbitante de dinero aportado por el contribuyente.
El vicepresidente, conforme sus atribuciones constitucionales, es presidente del Senado y vota en caso de empate. Boudou no tiene hoy autoridad moral para ejercer sus atribuciones reglamentarias en el Senado de la Nación. El reglamento del cuerpo le confiere poderes excepcionales: “sólo el presidente representa al Senado” (artículo 36). Además, integra y encabeza la comisión de Labor Parlamentaria, cuya misión más importante es proyectar el orden del día que deben tratar los senadores (artículo 56). El vicepresidente convoca a los senadores al recinto y abre las sesiones; asigna el destino de los asuntos entrados; dirige las discusiones en la Cámara y llama al orden a sus integrantes; hace citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias; nombra y remueve a todos los empleados y, en caso de delito, pone a estos a disposición de la Justicia.
Aunque amparado por la presunción de inocencia que proclama el Pacto de San José de Costa Rica mientras no exista sentencia firme condenatoria, Boudou está sospechado hoy de graves actos de corrupción. Por el bien de la República, debe apartarse de su rol institucional y pedir licencia, a la espera que la Justicia dicte la resolución final.
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