Por Marcelo Batiz
29 Junio 2014
BUENOS AIRES.- El ministro de Economía fijó su mirada en la cámara y transmitió el mensaje con la crudeza que imponía la grave situación: “Los fondos buitres apostaron a la devaluación, pero no se saldrán con la suya”. Los acusó de alentar una “terrible especulación” y, de paso, atacó la complicidad de los “opinadores que se alquilan”.
Después de la dura descripción del ataque buitre que pondría al país al borde del default, pidió confianza y tranquilidad a la población ya que el Gobierno nacional contaba con los medios para “evitar que los fondos buitre ganen la batalla especulativa”.
De ese lenguaje tan poco común a su estilo se valió Domingo Cavallo (también condujo Economía) para anunciar el corralito el 2 de diciembre de 2001.
Sacar patente de progre no es tan complicado. Sólo basta con ensayar las palabras apropiadas para la ocasión y, como en el teatro, que los actores y el público sellen un tácito pacto de credulidad. O, en un lenguaje más acorde a los tiempos que corren, una cautelar a la razón.
De esa virtual “medida suspensiva” se valdrá de ahora en más el oficialismo para justificar una recesión y un ajuste que, en realidad, llegó hace rato. Nueve años consecutivos de inflación de dos dígitos, seis sin creación de puestos de trabajo genuinos, tres de caída de reservas por 25.000 millones de dólares, son fenómenos que no tuvieron que esperar al fallo de Thomas Griesa ni a la decisión de la Corte estadounidense.
Otras consecuencias
Tampoco esperaron, ya en plazos mas cercanos, los 10 meses seguidos de caída de la actividad industrial, la retracción del mercado inmobiliario a niveles de la década de 1980 o el derrumbe del 40% en producción y ventas de automotores. Y si a ajuste se refiere, ahí están las paritarias, con los gremialistas debatiéndose entre porcentajes de aumento por debajo de la inflación y los artilugios para evitar que esas subas sean licuadas por un impuesto a las Ganancias que alcanza cada vez a más trabajadores.
Uno de los blancos preferidos del ajuste no admitido por el Gobierno son los programas sociales. En los últimos cinco años el GPS (Gasto Público Social) aumentó un 203% (aproximadamente un 25% anual promedio), pero los subsidios a los sectores económicos se incrementaron en el mismo lapso un 312% (cerca de un 33%).
El Estado nacional administra más de doscientos programas sociales. Una cantidad lo suficientemente amplia como para que nadie tenga un cabal control de quién gasta qué, cómo y cuándo. Y, a los efectos fiscales, para que los aumentos en algunos programas se hagan a costa de los recortes en otros, tal como pudo comprobar la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en un informe sobre el GPS del primer trimestre de 2014.
En ese período el gasto fue de 115.090 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 36 por ciento. Podrá discutirse si está en línea con la inflación acumulada, pero lo que no arroja dudas es que, como señaló la ASAP, “resultó inferior al verificado en las restantes finalidades del gasto primario que aumentaron un 56 por ciento”.
“En el trimestre se verificó un importante retroceso respecto a la prioridad del gasto social, otorgándosele mayor importancia a los sectores económicos, impulsados por los subsidios que impactaron en el nivel del gasto público total”, añadió. Ese ajuste, expresado en números, indica que el GPS pasó en un año del 64,3% al 60,4% del total del gasto de la Administración Pública Nacional.
Ajuste más profundo
Pero el ajuste fue mucho más profundo en la nave insignia del kirchnerismo en programas sociales: en el primer trimestre se destinaron 2.854,7 millones de pesos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), 5% menos que en el mismo período de 2013. Ya no se trata de aumentos por debajo de la inflación, sino de una lisa y llana caída nominal.
Pero no solo se destinó menos dinero a la Asignación Universal, sino que su distribución geográfica fue en detrimento de las provincias más postergadas. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cuentan con el 43,9% del total nacional de habitantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI), pero concentran el 55,1% de los recursos destinados a la AUH.
Dieciocho de las veinticuatro jurisdicciones reciben porcentajes inferiores al de su participación en las NBI.
Todo esto ocurrió antes de la decisión de la Corte estadounidense del 16 de junio y, por tanto, no es atribuible al conflicto con los holdouts. Aunque a los beneficiarios de planes sociales, nadie les dedicó un documento titulado “Argentina paga”.
Después de la dura descripción del ataque buitre que pondría al país al borde del default, pidió confianza y tranquilidad a la población ya que el Gobierno nacional contaba con los medios para “evitar que los fondos buitre ganen la batalla especulativa”.
De ese lenguaje tan poco común a su estilo se valió Domingo Cavallo (también condujo Economía) para anunciar el corralito el 2 de diciembre de 2001.
Sacar patente de progre no es tan complicado. Sólo basta con ensayar las palabras apropiadas para la ocasión y, como en el teatro, que los actores y el público sellen un tácito pacto de credulidad. O, en un lenguaje más acorde a los tiempos que corren, una cautelar a la razón.
De esa virtual “medida suspensiva” se valdrá de ahora en más el oficialismo para justificar una recesión y un ajuste que, en realidad, llegó hace rato. Nueve años consecutivos de inflación de dos dígitos, seis sin creación de puestos de trabajo genuinos, tres de caída de reservas por 25.000 millones de dólares, son fenómenos que no tuvieron que esperar al fallo de Thomas Griesa ni a la decisión de la Corte estadounidense.
Otras consecuencias
Tampoco esperaron, ya en plazos mas cercanos, los 10 meses seguidos de caída de la actividad industrial, la retracción del mercado inmobiliario a niveles de la década de 1980 o el derrumbe del 40% en producción y ventas de automotores. Y si a ajuste se refiere, ahí están las paritarias, con los gremialistas debatiéndose entre porcentajes de aumento por debajo de la inflación y los artilugios para evitar que esas subas sean licuadas por un impuesto a las Ganancias que alcanza cada vez a más trabajadores.
Uno de los blancos preferidos del ajuste no admitido por el Gobierno son los programas sociales. En los últimos cinco años el GPS (Gasto Público Social) aumentó un 203% (aproximadamente un 25% anual promedio), pero los subsidios a los sectores económicos se incrementaron en el mismo lapso un 312% (cerca de un 33%).
El Estado nacional administra más de doscientos programas sociales. Una cantidad lo suficientemente amplia como para que nadie tenga un cabal control de quién gasta qué, cómo y cuándo. Y, a los efectos fiscales, para que los aumentos en algunos programas se hagan a costa de los recortes en otros, tal como pudo comprobar la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en un informe sobre el GPS del primer trimestre de 2014.
En ese período el gasto fue de 115.090 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 36 por ciento. Podrá discutirse si está en línea con la inflación acumulada, pero lo que no arroja dudas es que, como señaló la ASAP, “resultó inferior al verificado en las restantes finalidades del gasto primario que aumentaron un 56 por ciento”.
“En el trimestre se verificó un importante retroceso respecto a la prioridad del gasto social, otorgándosele mayor importancia a los sectores económicos, impulsados por los subsidios que impactaron en el nivel del gasto público total”, añadió. Ese ajuste, expresado en números, indica que el GPS pasó en un año del 64,3% al 60,4% del total del gasto de la Administración Pública Nacional.
Ajuste más profundo
Pero el ajuste fue mucho más profundo en la nave insignia del kirchnerismo en programas sociales: en el primer trimestre se destinaron 2.854,7 millones de pesos a la Asignación Universal por Hijo (AUH), 5% menos que en el mismo período de 2013. Ya no se trata de aumentos por debajo de la inflación, sino de una lisa y llana caída nominal.
Pero no solo se destinó menos dinero a la Asignación Universal, sino que su distribución geográfica fue en detrimento de las provincias más postergadas. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cuentan con el 43,9% del total nacional de habitantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI), pero concentran el 55,1% de los recursos destinados a la AUH.
Dieciocho de las veinticuatro jurisdicciones reciben porcentajes inferiores al de su participación en las NBI.
Todo esto ocurrió antes de la decisión de la Corte estadounidense del 16 de junio y, por tanto, no es atribuible al conflicto con los holdouts. Aunque a los beneficiarios de planes sociales, nadie les dedicó un documento titulado “Argentina paga”.
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