26 Junio 2014
Se han convertido en uno de los grandes enemigos de la sociedad, pero paradójicamente surgen del seno mismo de esta. No reconocen edades ni fronteras, pero sus víctimas preferidas son los adolescentes y jóvenes. Las drogas ilegales circulan por una buena parte del mundo y su venta y consumo se han convertido en un gran flagelo. Tucumán, por cierto, no es una excepción, también integra ese circuito que es sinónimo de deterioro de la salud física y mental, y pueden conducir a la muerte.
Hoy se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. En su portal, el organismo señala que pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes. Además, amenaza la seguridad nacional y la soberanía de los Estados y socava la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo en su mensaje: “El uso indebido y el tráfico ilícito de drogas tienen consecuencias calamitosas para los esfuerzos mundiales encaminados a lograr una mayor prosperidad y la igualdad para todos. Cada año mueren por sobredosis unas 200.000 personas cuando esas muertes podrían prevenirse. Las drogas ilícitas generan actos delictivos de violencia y debilitan las instituciones esenciales del Estado”.
La marihuana, la cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, los ácidos y las anfetaminas figuran entre las drogas más consumidas. Las sustancias ilícitas ocasionan cambios físicos y psicológicos; y los estupefacientes consumidos con regularidad en el tiempo llevan al abuso, al que luego sigue la dependencia.
En Tucumán, este flagelo se viene haciendo sentir con intensidad desde hace unos años. Hace ya tiempo, han surgido grupos como “Las madres del pañuelo negro” que le piden al gobierno ayuda para poder contener y tratar a sus hijos, víctimas del consumo del “paco”. En nuestra edición de ayer, publicamos una nota sobre la Escuela “Arturo Illia”, de Concepción, donde los padres se han organizado para proteger a los chicos de la inseguridad y la oferta de drogas. “Nuestros hijos están muy preocupados porque todas las tardes ingresan a la escuela personas extrañas que los molestan. Me da terror que mi hijo pueda empezar a drogarse”, dijo una madre. “Estas personas traen cigarrillos y droga. Cuando los preceptores los corren, saltan la tapia y se esconden en un baldío; después vuelven a entrar”, contó una alumna.
Este estado de indefensión refleja la inercia del Gobierno. Sigue sin reglamentación la ley N° 8.267 sobre la Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones, promulgada el 5 de abril de 2010. Su objetivo era “la elaboración de una política integral y sistémica orientada a la prevención y asistencia de los afectados por el consumo de sustancias químicas psicoactivas adictivas y demás conductas adictivas, considerándose la investigación, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social, el desarrollo de programas, la educación, la capacitación y la acción comunitaria”. ¿Existe un interés real por combatir sin tregua este gran negocio que destruye la vida de nuestros jóvenes y sus familias?
Hoy se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. En su portal, el organismo señala que pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes. Además, amenaza la seguridad nacional y la soberanía de los Estados y socava la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo sostenible.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo en su mensaje: “El uso indebido y el tráfico ilícito de drogas tienen consecuencias calamitosas para los esfuerzos mundiales encaminados a lograr una mayor prosperidad y la igualdad para todos. Cada año mueren por sobredosis unas 200.000 personas cuando esas muertes podrían prevenirse. Las drogas ilícitas generan actos delictivos de violencia y debilitan las instituciones esenciales del Estado”.
La marihuana, la cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, los ácidos y las anfetaminas figuran entre las drogas más consumidas. Las sustancias ilícitas ocasionan cambios físicos y psicológicos; y los estupefacientes consumidos con regularidad en el tiempo llevan al abuso, al que luego sigue la dependencia.
En Tucumán, este flagelo se viene haciendo sentir con intensidad desde hace unos años. Hace ya tiempo, han surgido grupos como “Las madres del pañuelo negro” que le piden al gobierno ayuda para poder contener y tratar a sus hijos, víctimas del consumo del “paco”. En nuestra edición de ayer, publicamos una nota sobre la Escuela “Arturo Illia”, de Concepción, donde los padres se han organizado para proteger a los chicos de la inseguridad y la oferta de drogas. “Nuestros hijos están muy preocupados porque todas las tardes ingresan a la escuela personas extrañas que los molestan. Me da terror que mi hijo pueda empezar a drogarse”, dijo una madre. “Estas personas traen cigarrillos y droga. Cuando los preceptores los corren, saltan la tapia y se esconden en un baldío; después vuelven a entrar”, contó una alumna.
Este estado de indefensión refleja la inercia del Gobierno. Sigue sin reglamentación la ley N° 8.267 sobre la Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones, promulgada el 5 de abril de 2010. Su objetivo era “la elaboración de una política integral y sistémica orientada a la prevención y asistencia de los afectados por el consumo de sustancias químicas psicoactivas adictivas y demás conductas adictivas, considerándose la investigación, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social, el desarrollo de programas, la educación, la capacitación y la acción comunitaria”. ¿Existe un interés real por combatir sin tregua este gran negocio que destruye la vida de nuestros jóvenes y sus familias?
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