26 Junio 2014
La presunta maniobra administrativa -según una denuncia presentada por un afiliado- llevada a cabo por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) para favorecer al geriátrico “La Casa” aún no fue denunciada por la titular del Ipsst, Nelly Ganim, en sede penal, a pesar que un dictamen del Tribunal de Cuentas (TC) aconseja hacerlo.
En marzo de 2013, el afiliado Alfredo Rubén Gómez -fue paciente de la Residencia y centro de día La Casa- presentó una denuncia penal (causa N° 1164/13) mediante la que relata la serie de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el Subsidio de Salud, en relación con la prestación, facturación, sobrefacturación del servicio brindando y cobro indebido de servicios al Ipsst, con posterioridad al fallecimiento de afiliados.
El 8 de mayo, a través del Acuerdo N° 1299, el TC expresa: “atento a ello (la investigación realizada por el Ipsst), y en el marco de nuestra competencia, se hace necesario la apertura de una comprobación sumaria en el Ipsst, con arreglo al art. 131 inc. 4° de la Ley de Administración financiera, a los fines de la determinación de las responsabilidades emergentes y cuantificación del daño patrimonial causado”. La acordada firmada por las autoridades del TC, Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal (vocal) y Sergio Díaz Ricci (vocal) agrega: “disponer la práctica de una comprobación sumaria en el Ipsst, la que será substanciada en la sede este tribunal, a los fines de determinar y deslindar las responsabilidades emergentes”. También les requiere las autoridades del Subsidio de Salud que -en un plazo de 48 horas- que informen si se ha efectuado una denuncia judicial “por la presunta comisión de ilícitos”. El pedido del TC se realizó a instancias de la denuncia penal presentada en Tribunales por el afiliado Gómez. La respuesta del Ipsst no tardó en llegar. Los abogados Abraham Isa Massa (sub jefe de Asesoría Letrada) y Alicia Orrego le confirmaron al TC que la obra social estatal no inició ninguna denuncia penal para que se investiguen las presuntas irregularidades. “Atento a lo solicitado se informa que la intervención de este servicio jurídico se ha visto acotada al control de legalidad de la investigación administrativa, sin que a la fecha (14 de mayo) se realizara la denuncia penal aludida”, respondieron los letrados.
El 28 de abril, la abogada fiscal del TC, Marta del Carmen Basilio, consideró en su dictamen N° 873/14 las pruebas aportadas por el denunciante “hacen mérito suficiente” para afirmar que existiría la presunta comisión de ilícitos “que deben ser investigados por las autoridades competentes”.
El origen de la polémica
De acuerdo con la denuncia que presentó en la Fiscalía VIII, el afiliado Gómez sospecha de la existencia de una presunta maniobra administrativa destinada a favorecer al geriátrico La Casa, propiedad de Julio Germán Rivadeo, que funciona en la avenida Mate de Luna al 2.800.
Según sostiene el afiliado Gómez en el expediente caratulado: “Rivadeo, Julio Germán S/ Defraudación, Expte. N° 1164/2013”, existiría un modus operandi que involucra una serie de sucesivos fallos emanados de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que culminaría con el pago de servicios por parte del Ipsst al geriátrico La Casa. Gómez sustenta su denuncia en el caso particular del afiliado Jorge Dip.
En marzo de 2013, el afiliado Alfredo Rubén Gómez -fue paciente de la Residencia y centro de día La Casa- presentó una denuncia penal (causa N° 1164/13) mediante la que relata la serie de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el Subsidio de Salud, en relación con la prestación, facturación, sobrefacturación del servicio brindando y cobro indebido de servicios al Ipsst, con posterioridad al fallecimiento de afiliados.
El 8 de mayo, a través del Acuerdo N° 1299, el TC expresa: “atento a ello (la investigación realizada por el Ipsst), y en el marco de nuestra competencia, se hace necesario la apertura de una comprobación sumaria en el Ipsst, con arreglo al art. 131 inc. 4° de la Ley de Administración financiera, a los fines de la determinación de las responsabilidades emergentes y cuantificación del daño patrimonial causado”. La acordada firmada por las autoridades del TC, Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal (vocal) y Sergio Díaz Ricci (vocal) agrega: “disponer la práctica de una comprobación sumaria en el Ipsst, la que será substanciada en la sede este tribunal, a los fines de determinar y deslindar las responsabilidades emergentes”. También les requiere las autoridades del Subsidio de Salud que -en un plazo de 48 horas- que informen si se ha efectuado una denuncia judicial “por la presunta comisión de ilícitos”. El pedido del TC se realizó a instancias de la denuncia penal presentada en Tribunales por el afiliado Gómez. La respuesta del Ipsst no tardó en llegar. Los abogados Abraham Isa Massa (sub jefe de Asesoría Letrada) y Alicia Orrego le confirmaron al TC que la obra social estatal no inició ninguna denuncia penal para que se investiguen las presuntas irregularidades. “Atento a lo solicitado se informa que la intervención de este servicio jurídico se ha visto acotada al control de legalidad de la investigación administrativa, sin que a la fecha (14 de mayo) se realizara la denuncia penal aludida”, respondieron los letrados.
El 28 de abril, la abogada fiscal del TC, Marta del Carmen Basilio, consideró en su dictamen N° 873/14 las pruebas aportadas por el denunciante “hacen mérito suficiente” para afirmar que existiría la presunta comisión de ilícitos “que deben ser investigados por las autoridades competentes”.
El origen de la polémica
De acuerdo con la denuncia que presentó en la Fiscalía VIII, el afiliado Gómez sospecha de la existencia de una presunta maniobra administrativa destinada a favorecer al geriátrico La Casa, propiedad de Julio Germán Rivadeo, que funciona en la avenida Mate de Luna al 2.800.
Según sostiene el afiliado Gómez en el expediente caratulado: “Rivadeo, Julio Germán S/ Defraudación, Expte. N° 1164/2013”, existiría un modus operandi que involucra una serie de sucesivos fallos emanados de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que culminaría con el pago de servicios por parte del Ipsst al geriátrico La Casa. Gómez sustenta su denuncia en el caso particular del afiliado Jorge Dip.
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