21 Junio 2014
IMPLICADOS. Albaca descargó responsabilidad sobre el vocal Antonio Estofán (frente) y Luis De Mitri (derecha). la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo)
La Anses ya notificó a Carlos Ramón Albaca, fiscal de Instrucción de la II Nominación de esta capital, que se jubilará con el 82% móvil. La confirmación de su retiro -a la que estaba condicionada su renuncia- obliga a la comisión de Juicio Político de la Legislatura a archivar los pedidos de destitución en contra del magistrado por su presunto mal desempeño en la causa “Lebbos”. Albaca, sin embargo, tuvo tiempo de producir su descargo y el martes pasado alcanzó a remitir a la Cámara un escrito de 106 páginas -más un apéndice con copias de oficios judiciales- que responde las imputaciones formuladas por el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO).
“El ministro fiscal de la Corte Suprema (Luis De Mitri), al emitir opinión en el sumario administrativo, alega no haber tenido conocimiento de la causa ‘Lebbos’. El ministro fiscal falta a la verdad. Este se encontraba en conocimiento de todo lo acontecido; en especial, de la nulidad del acto de autopsia (del cuerpo de Paulina Lebbos) practicado en el Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial del Poder Judicial de Tucumán”, señaló el fiscal Albaca, que dejará su cargo el 31 de julio.
El funcionario judicial insistió en su versión de que los informes realizados por los peritos sobre el cuerpo de Lebbos no permiten conocer las circunstancias del deceso. Incluso, Albaca ratificó que no se puede hablar de manera categórica de “homicidio”. Agregó que, además de De Mitri, también sabían de estas limitaciones el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur, y el ex titular del máximo tribunal, Antonio Estofán.
“Con Antonio Gandur conversé el tema cuando este concurrió a la sede del fuero penal (...) para conversar con los fiscales a cargo de las distintas Fiscalías penales, con motivo de las protestas de empleados judiciales”, apuntó Albaca y calculó que la charla en cuestión tuvo lugar en abril de 2008. Añadió que dialogó con Estofán cuando este era presidente de la CSJT. “La conversación tuvo lugar en el ex salón de usos múltiples que tenía el Ministerio Público Fiscal en la avenida Sarmiento 431”, afirmó.
Tres fiscales
A fines del año pasado, Colombres Garmendia impulsó el inicio de un proceso de destitución ante la comisión de Juicio Político en contra de Albaca. El titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación recibió el expediente del caso “Lebbos” en abril de 2006, luego de que el entonces fiscal Alejandro Noguera (hoy es fiscal de Cámara) fuera fotografiado entrando a la casa del gobernador, José Alperovich. Desde hace un año, la pesquisa está en manos del fiscal Diego López Ávila.
En febrero, el comité presidido por Sisto Terán (PJ) resolvió el archivo de las actuaciones, ya que Albaca había presentado la renuncia ante el PE con el fin de jubilarse. Luego, la CSJT notificó al gobernador que, según Anses, el funcionario judicial no reunía los aportes necesarios para pasar al sector pasivo. Por ello, el trámite de remoción avanzó. Esta semana, sin embargo, se confirmó el retiro del magistrado con el 82% móvil y, por ende, la clausura de las actuaciones legislativas.
El descargo ya no sirve a los efectos del proceso de destitución, pero vale como versión de Albaca, que desde que entró en declive evita el contacto con la prensa. Al igual que en el ámbito del sumario administrativo que abrió la Corte, el funcionario judicial aclaró que recibió el caso 53 días después del inicio de la investigación. Y manifestó que las limitaciones técnicas no permitían determinar siquiera las circunstancias del deceso de Paulina. “Al momento de la desaparición, de la aparición de su cuerpo sin vida, de la realización de las primeras medidas, de la autopsia médico legal y de la reautopsia, intervenía la Fiscalía de Instrucción de la V Nominación (N. de la R.: entonces a cargo de Noguera)”, indicó Albaca.
Cuestionó luego la labor de la fiscala de Cámara, Marta Jerez, que instruyó el sumario impulsado por la CSJT. “El informe es nulo de nulidad absoluta”, apuntó el magistrado aduciendo que Jerez “no era autoridad competente” para opinar sobre “lo que se le había encomendado: anormalidades formales”.
También mencionó la labor de López Ávila. Dijo que este fiscal recibió las actuaciones complementarias (efectuadas en la causa) y las dejó a todas casi paralizadas: “mientras que en otras repitió medidas que dieron iguales resultados a los obtenidos mientras la causa se tramitó en mi Fiscalía”. Agregó que, según constató en fotocopias del expediente, “ni las firmas del actual actuario ni las del actual fiscal (por López Ávila) tienen sello aclaratorio, conforme lo dispone la Acordada 180/82, que es la que se citara para dar origen al sumario administrativo”.
Albaca insistió con la estrategia de responsabilizar a De Mitri, jefe de los fiscales penales. El cuestionado ex investigador de “Lebbos” objetó al ministro fiscal (que también se jubila a fin de mes con el beneficio del 82%), ya que este, al formular un dictamen para el sumario en sede judicial, puso distancia con Albaca y la investigación más sensible para el poder político. “Desconozco la razón de su negativa, pero el conocimiento de la causa y de los problemas que se planteaban era de su público conocimiento (sic), y desde hace ya larga data”, insistió Albaca. Y nego haber desechado los recursos y la colaboración que su superior le ofreció. Al respecto consignó que en un primero momento se designó como supervisor al fiscal de Cámara Daniel Marranzino y que ese rol quedó vacante en mayo de 2006. “En el cese de la supervisión no tuve nada que ver, ya que fue una decisión inconsulta del ministro fiscal, en uso de facultades propias, y no derivada de planteo alguno de mi parte”, dijo Albaca.
Retrucando críticas
La comisión de Juicio Político de la Cámara había ordenado producir pruebas. Sin embargo, el proceso de destitución quedó archivado, por lo que aquella medida no se concretará. Pero Albaca aún debe afrontar al menos dos causas penales por la tarea que desempeñó durante los siete años en los que controló la causa “Lebbos” (una de las denuncias fue impulsada por la CSJT). O sea, se verá obligado a seguir defendiéndose, situación que hasta aquí resolvió atacando a la víctima, a sus pares y a autoridades judiciales. ¿Insistirá con este recurso?
“El ministro fiscal de la Corte Suprema (Luis De Mitri), al emitir opinión en el sumario administrativo, alega no haber tenido conocimiento de la causa ‘Lebbos’. El ministro fiscal falta a la verdad. Este se encontraba en conocimiento de todo lo acontecido; en especial, de la nulidad del acto de autopsia (del cuerpo de Paulina Lebbos) practicado en el Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial del Poder Judicial de Tucumán”, señaló el fiscal Albaca, que dejará su cargo el 31 de julio.
El funcionario judicial insistió en su versión de que los informes realizados por los peritos sobre el cuerpo de Lebbos no permiten conocer las circunstancias del deceso. Incluso, Albaca ratificó que no se puede hablar de manera categórica de “homicidio”. Agregó que, además de De Mitri, también sabían de estas limitaciones el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur, y el ex titular del máximo tribunal, Antonio Estofán.
“Con Antonio Gandur conversé el tema cuando este concurrió a la sede del fuero penal (...) para conversar con los fiscales a cargo de las distintas Fiscalías penales, con motivo de las protestas de empleados judiciales”, apuntó Albaca y calculó que la charla en cuestión tuvo lugar en abril de 2008. Añadió que dialogó con Estofán cuando este era presidente de la CSJT. “La conversación tuvo lugar en el ex salón de usos múltiples que tenía el Ministerio Público Fiscal en la avenida Sarmiento 431”, afirmó.
Tres fiscales
A fines del año pasado, Colombres Garmendia impulsó el inicio de un proceso de destitución ante la comisión de Juicio Político en contra de Albaca. El titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación recibió el expediente del caso “Lebbos” en abril de 2006, luego de que el entonces fiscal Alejandro Noguera (hoy es fiscal de Cámara) fuera fotografiado entrando a la casa del gobernador, José Alperovich. Desde hace un año, la pesquisa está en manos del fiscal Diego López Ávila.
En febrero, el comité presidido por Sisto Terán (PJ) resolvió el archivo de las actuaciones, ya que Albaca había presentado la renuncia ante el PE con el fin de jubilarse. Luego, la CSJT notificó al gobernador que, según Anses, el funcionario judicial no reunía los aportes necesarios para pasar al sector pasivo. Por ello, el trámite de remoción avanzó. Esta semana, sin embargo, se confirmó el retiro del magistrado con el 82% móvil y, por ende, la clausura de las actuaciones legislativas.
El descargo ya no sirve a los efectos del proceso de destitución, pero vale como versión de Albaca, que desde que entró en declive evita el contacto con la prensa. Al igual que en el ámbito del sumario administrativo que abrió la Corte, el funcionario judicial aclaró que recibió el caso 53 días después del inicio de la investigación. Y manifestó que las limitaciones técnicas no permitían determinar siquiera las circunstancias del deceso de Paulina. “Al momento de la desaparición, de la aparición de su cuerpo sin vida, de la realización de las primeras medidas, de la autopsia médico legal y de la reautopsia, intervenía la Fiscalía de Instrucción de la V Nominación (N. de la R.: entonces a cargo de Noguera)”, indicó Albaca.
Cuestionó luego la labor de la fiscala de Cámara, Marta Jerez, que instruyó el sumario impulsado por la CSJT. “El informe es nulo de nulidad absoluta”, apuntó el magistrado aduciendo que Jerez “no era autoridad competente” para opinar sobre “lo que se le había encomendado: anormalidades formales”.
También mencionó la labor de López Ávila. Dijo que este fiscal recibió las actuaciones complementarias (efectuadas en la causa) y las dejó a todas casi paralizadas: “mientras que en otras repitió medidas que dieron iguales resultados a los obtenidos mientras la causa se tramitó en mi Fiscalía”. Agregó que, según constató en fotocopias del expediente, “ni las firmas del actual actuario ni las del actual fiscal (por López Ávila) tienen sello aclaratorio, conforme lo dispone la Acordada 180/82, que es la que se citara para dar origen al sumario administrativo”.
Albaca insistió con la estrategia de responsabilizar a De Mitri, jefe de los fiscales penales. El cuestionado ex investigador de “Lebbos” objetó al ministro fiscal (que también se jubila a fin de mes con el beneficio del 82%), ya que este, al formular un dictamen para el sumario en sede judicial, puso distancia con Albaca y la investigación más sensible para el poder político. “Desconozco la razón de su negativa, pero el conocimiento de la causa y de los problemas que se planteaban era de su público conocimiento (sic), y desde hace ya larga data”, insistió Albaca. Y nego haber desechado los recursos y la colaboración que su superior le ofreció. Al respecto consignó que en un primero momento se designó como supervisor al fiscal de Cámara Daniel Marranzino y que ese rol quedó vacante en mayo de 2006. “En el cese de la supervisión no tuve nada que ver, ya que fue una decisión inconsulta del ministro fiscal, en uso de facultades propias, y no derivada de planteo alguno de mi parte”, dijo Albaca.
Retrucando críticas
La comisión de Juicio Político de la Cámara había ordenado producir pruebas. Sin embargo, el proceso de destitución quedó archivado, por lo que aquella medida no se concretará. Pero Albaca aún debe afrontar al menos dos causas penales por la tarea que desempeñó durante los siete años en los que controló la causa “Lebbos” (una de las denuncias fue impulsada por la CSJT). O sea, se verá obligado a seguir defendiéndose, situación que hasta aquí resolvió atacando a la víctima, a sus pares y a autoridades judiciales. ¿Insistirá con este recurso?
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