21 Junio 2014
PUESTA EN COMÚN. La académica Castillo de Ayusa presenta los adelantos a los integrantes del comité. las gaceta / foto de irene benito
El próximo 4 de julio cumplirá un año de vida la comisión especial encargada de elaborar un anteproyecto de reforma procesal penal. Para esa época, el comité pretende tener listo el borrador del texto que elevará a la Legislatura, según anunció el miércoles 11 de junio Marcelo Caponio, legislador (FpV), y presidente de la mesa compuesta por representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía. Aunque aún falta un trecho largo para liquidar la tarea -y los tiempos suelen alargarse-, ya hay avances que permiten apreciar el perfil del anteproyecto que, entre otras novedades, jerarquiza al ciudadano que padece el delito.
“Nuestro sistema ‘exilia’ a la víctima del proceso penal”, definió Ana Lía Castillo de Ayusa, ex camarista y procesalista experta. En la última reunión de la comisión y mientras comentaba los adelantos relativos a los principios generales, la académica recordó que el ciudadano que sufre el delito reclama un lugar relevante en la Justicia. Y la comisión propone dárselo creando las condiciones para que la víctima pueda sostener la acusación incluso si el fiscal desiste. Edgardo Sánchez, fiscal de Instrucción en Concepción, por su parte enumeró la serie de derechos de la víctima que el futuro código podría consagrar, como los derechos a la protección integral, al trato digno, y a discutir y disentir con el fiscal. “Y, por supuesto, el derecho genérico de la víctima a ser oída”, matizó en la exposición del rediseño de la investigación preparatoria.
Otra novedad mencionada en el encuentro de la comisión es la reducción significativa de los plazos procesales y la decisión de otorgarles carácter obligatorio sin distinciones (en el presente, los términos que incumben a los magistrados funcionan como meras referencias con valor “ordenatorio”). Por ejemplo, la audiencia de control de la detención deberá ser celebrada dentro de las 24 horas de la aprehensión. Un cambio de esta clase busca agilizar el proceso e impedir “la investigación eterna”.
Sin juicio por jurados
El texto que prepara el comité -con la implicación directa de los miembros de la magistratura- incluye cláusulas relativas a los pueblos indígenas, y la incorporación de la oralidad en la etapa previa al juicio y del principio de oportunidad. A diferencia del de legalidad vigente, que exige investigar todas las denuncias, el postulado de la oportunidad autoriza al Ministerio Público a fijar una política criminal que permita concentrar el esfuerzo en determinadas causas. Entre los criterios que, según la comisión, podrían habilitar a descartar una pesquisa constan la insignificancia; el pedido expreso de la víctima; el supuesto del arrepentido colaborador; la posibilidad de solucionar el conflicto mediante mediación, conciliación y reparación, etcétera.
Además, los expositores insistieron en la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa (que debería recaer en oficinas destinadas a brindar apoyo a magistrados y funcionarios constitucionales). Otra propuesta innovadora es la creación de una etapa intermedia de control y revisión entre la investigación penal preparatoria y el juicio oral. El primer bosquejo del anteproyecto de enmienda integral no aborda, en cambio, el instituto del juicio por jurados. Sin embargo, los miembros informantes precisaron que, eventualmente, este podrá ser incorporado al proceso mediante una norma especial.
No es copiar y pegar
El comité se inspiró en las leyes de Chubut, Santa Fe, Neuquén y Formosa, y los proyectos de la Nación y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Pero Castillo de Ayusa advirtió que la idea no era copiar y pegar artículos, sino adaptar los institutos a la realidad e idiosincracia local. “Queremos que el próximo código procesal penal sea de muy fácil lectura e interpretación”, agregó.
El presidente Caponio destacó las discusiones que generaron los distintos temas de la reforma. “Hasta aquí hemos trabajado muy pocos miembros de la comisión. Les pedimos que se integren a los distintos subgrupos (principios generales; investigación penal preparatoria; juicio oral o plenario; apelaciones y ejecución de sentencias)”, invitó el fiscal Sánchez. Además de los miembros mencionados, estuvieron presentes Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana; José Farhat, secretario de Gobierno; el camarista Eudoro Albo; la fiscala Adriana Gianonni; Ezio Jogna Prat, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital; Ángel Fara, abogado del sur, y los legisladores Ramiro González Navarro (FpV) y José Manuel Páez (Democracia Cristiana).
“Nuestro sistema ‘exilia’ a la víctima del proceso penal”, definió Ana Lía Castillo de Ayusa, ex camarista y procesalista experta. En la última reunión de la comisión y mientras comentaba los adelantos relativos a los principios generales, la académica recordó que el ciudadano que sufre el delito reclama un lugar relevante en la Justicia. Y la comisión propone dárselo creando las condiciones para que la víctima pueda sostener la acusación incluso si el fiscal desiste. Edgardo Sánchez, fiscal de Instrucción en Concepción, por su parte enumeró la serie de derechos de la víctima que el futuro código podría consagrar, como los derechos a la protección integral, al trato digno, y a discutir y disentir con el fiscal. “Y, por supuesto, el derecho genérico de la víctima a ser oída”, matizó en la exposición del rediseño de la investigación preparatoria.
Otra novedad mencionada en el encuentro de la comisión es la reducción significativa de los plazos procesales y la decisión de otorgarles carácter obligatorio sin distinciones (en el presente, los términos que incumben a los magistrados funcionan como meras referencias con valor “ordenatorio”). Por ejemplo, la audiencia de control de la detención deberá ser celebrada dentro de las 24 horas de la aprehensión. Un cambio de esta clase busca agilizar el proceso e impedir “la investigación eterna”.
Sin juicio por jurados
El texto que prepara el comité -con la implicación directa de los miembros de la magistratura- incluye cláusulas relativas a los pueblos indígenas, y la incorporación de la oralidad en la etapa previa al juicio y del principio de oportunidad. A diferencia del de legalidad vigente, que exige investigar todas las denuncias, el postulado de la oportunidad autoriza al Ministerio Público a fijar una política criminal que permita concentrar el esfuerzo en determinadas causas. Entre los criterios que, según la comisión, podrían habilitar a descartar una pesquisa constan la insignificancia; el pedido expreso de la víctima; el supuesto del arrepentido colaborador; la posibilidad de solucionar el conflicto mediante mediación, conciliación y reparación, etcétera.
Además, los expositores insistieron en la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa (que debería recaer en oficinas destinadas a brindar apoyo a magistrados y funcionarios constitucionales). Otra propuesta innovadora es la creación de una etapa intermedia de control y revisión entre la investigación penal preparatoria y el juicio oral. El primer bosquejo del anteproyecto de enmienda integral no aborda, en cambio, el instituto del juicio por jurados. Sin embargo, los miembros informantes precisaron que, eventualmente, este podrá ser incorporado al proceso mediante una norma especial.
No es copiar y pegar
El comité se inspiró en las leyes de Chubut, Santa Fe, Neuquén y Formosa, y los proyectos de la Nación y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Pero Castillo de Ayusa advirtió que la idea no era copiar y pegar artículos, sino adaptar los institutos a la realidad e idiosincracia local. “Queremos que el próximo código procesal penal sea de muy fácil lectura e interpretación”, agregó.
El presidente Caponio destacó las discusiones que generaron los distintos temas de la reforma. “Hasta aquí hemos trabajado muy pocos miembros de la comisión. Les pedimos que se integren a los distintos subgrupos (principios generales; investigación penal preparatoria; juicio oral o plenario; apelaciones y ejecución de sentencias)”, invitó el fiscal Sánchez. Además de los miembros mencionados, estuvieron presentes Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana; José Farhat, secretario de Gobierno; el camarista Eudoro Albo; la fiscala Adriana Gianonni; Ezio Jogna Prat, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital; Ángel Fara, abogado del sur, y los legisladores Ramiro González Navarro (FpV) y José Manuel Páez (Democracia Cristiana).
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