Una posición incómoda para los abogados en EEUU

Alison Frankel - Agencia DyN

NUEVA YORK.- En una audiencia el miércoles por la noche en Manhattan, el abogado de Argentina, Carmine Boccuzzi de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, informó al juez Thomas Griesa que funcionarios argentinos acudirían a Nueva York “la semana próxima” para iniciar negociaciones con los fondos “buitres”, con los que tienen un litigio que ha llevado al país al borde de una crisis de deuda soberana. A la mañana siguiente, en una rueda de prensa, el jefe de Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, pareció contradecir las declaraciones de la firma Cleary ante Griesa. “No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a EEUU”, dijo.

Capitanich es el tercer funcionario argentino cuyos comentarios públicos esta semana parecen contradecir las posiciones que los abogados del país plantean en cortes estadounidenses. Previamente este mes, Boccuzzi había asegurado a Griesa que Argentina no preparaba planes de contingencia para reestructurar su deuda en caso de que la Corte Suprema de EEUU ratificara su fallo, que indica que el país debe pagar a los llamados “holdouts” cerca de U$S 1.500 millones al mismo tiempo en que abona a acreedores reestructurados.

Pero horas después de que la Corte Suprema rechazó escuchar la apelación argentina, la presidenta Cristina Fernández ofreció un discurso en que prometió no ceder ante la extorsión de los llamados “fondos buitres”. Al día siguiente, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que Argentina estaba desarrollando un proceso para pagarle a los tenedores de bonos reestructurados sin desembolsar dinero para los “holdouts”. Los abogados de Argentina han tenido cuidado con lo que dicen en la Corte. En la audiencia del miércoles, por ejemplo, Boccuzzi dijo que “se le ha informado” y que “las autoridades argentinas me dijeron” que funcionarios tenían planes de viajar a Nueva York a negociar. También intentó persuadir al juez Griesa de que los funcionarios de Argentina estaban haciendo discursos políticos y no exponiendo un argumento legal.

“Obviamente hay una retórica fuerte porque ellos están lidiando con un gran problema e intentan abordarlo de una manera en que se tomen en cuenta todos los aspectos de la situación”, expresó.

Audiencias diferentes

Es verdad que las autoridades argentinas tienen una audiencia diferente que la de sus abogados. Es cierto que la crisis de deuda argentina definitivamente no puede resolverse a través de las cortes estadounidenses. Los dictámenes de Griesa prohíben que Argentina realice pagos previstos el 30 de junio a los tenedores reestructurados, a través de bancos estadounidenses mencionados en los contratos, sin pagar también a los “holdouts”.

Si de alguna manera Argentina encuentra una forma de trasladar el mecanismo de pagos fuera del alcance de las cortes estadounidenses -lo que posiblemente provocaría la cesación de pagos de los bonos canjeados- estaría violando las órdenes de Griesa. Se expondría a la rebeldía y a sanciones monetarias.

Si la disputa llegara a ese punto, quizás los creativos abogados de los “fondos buitres” propongan otro castigo para conseguir que Argentina les pague, pero posiblemente enfrentarán la oposición del Gobierno estadounidense, que previamente se ha negado a aplicar sanciones por desacato judicial contra otro Gobierno.

Y además, ni siquiera las sanciones ayudarán a los “fondos buitres” a conseguir activos argentinos protegidos por la ley de inmunidad de fondos soberanos extranjeros.

En otras palabras, para las autoridades argentinas los beneficios políticos y económicos de hacer declaraciones públicas desafiantes podrían superar los riesgos que supone hacer comentarios contradictorios en tribunales estadounidenses.

Pero para el bufete Cleary Gottlieb, el cálculo de riesgos es bastante diferente porque la reputación de la firma depende mucho de su credibilidad ante los jueces estadounidenses.

Las declaraciones de Argentina, en el mejor de los casos, han puesto a la firma en una posición incómoda al intentar explicar al juez Griesa que debería ignorar de los comentarios públicos hechos por su cliente.

Griesa no quedó muy convencido el miércoles, al decir que la referencia del lunes de la presidenta argentina a una “extorsión” había sido desafortunada y que “realmente no me da confianza alguna en un compromiso de buena fe de que todos los compromisos de la República se cumplirán”.

Los abogados del fondo NML, en tanto, parecen estar buscando que Cleary enfrente consecuencias más severas que la mera incomodidad. En la audiencia del miércoles, el abogado de NML Robert Cohen de Dechert estuvo cerca de acusar a la firma de mentir a Griesa. “Las afirmaciones que se hicieron de que no había plan alguno, obviamente no son ciertas”, dijo Cohen, en referencia a las declaraciones previas de Cleary a Griesa de que Argentina no estaba trabajando en un proceso de reestructuración de deuda diseñado para evadir sus órdenes.

“Los señores Boccuzzi y Blackman se pararon y dijeron eso en esta corte. Y en la noche de la negativa, la presidenta aparece en la televisión nacional y anuncia ese plan”, declaró Cohen.