Albaca deja una fiscalía sumida en el “desorden”

El Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) confirmó que el desorden y la demora constatados en la causa “Lebbos” durante los siete años en los que el fiscal Carlos Albaca la dirigió no son exclusivos de esa investigación. El 12 de junio pasado, Luis Lezana Flores, auditor jefe del fuero penal, elevó a la Corte el informe que describe el desorden y las anomalías encontradas en la oficina de Albaca, donde, en promedio, la elevación a juicio de una pesquisa insume cuatro años.

El titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación jamás solicitó el auxilio de la Oficina de Gestión Judicial, según la auditoría. Y tampoco había sido objeto de una fiscalización por parte del Cuerpo de Auditores creado por la Corte en 2010. Un informe publicado en mayo en este diario reveló que el órgano había omitido sistemáticamente la unidad del controvertido ex investigador de la muerte de Paulina Lebbos. A los pocos días, las auditoras Ana del Carmen Díaz de Díaz y Mariana Tasquer se presentaron ante Albaca y el secretario Emilio Salazar para informarles la orden de practicar una auditoría preventiva.

A partir de las operaciones que ejecutaron, las funcionarias constataron, entre otras observaciones, que la Fiscalía de la II Nominación: 1) tiene una base de datos informática poco confiable; 2) no coloca cargo de ingreso a los oficios remitidos a la Policía; 3) acumula 556 diligencias sin agregar a sus respectivas causas y sin cargo de ingreso, y 425 sumarios policiales recibidos sin trámite; 4) conserva expedientes muy viejos y utiliza el baño como depósito e 5) informa a la Dirección de Estadística datos distintos de los registrados en el sistema informático.

La llave, único resguardo

Los auditores determinaron que de las 6.991 causas en trámite sólo 5.846 habían tenido algún tipo de movimiento en los últimos dos años. “Con base en una muestra (conformada por el 5% de las causas en trámite) observamos un elevado número de procesos remitidos a la Policía y de causas que tienen un primer y único decreto, y, sin ninguna otra actuación, son archivadas”. Entre 2004 y 2014, Albaca envió a la fuerza 1.433 causas que nunca regresaron a la oficina.

La auditoría reprueba el desempeño del secretario Salazar: “no ejerce el control interno de las tareas de la fiscalía; no verifica el cumplimiento de las directivas que imparte y no cumplió con la promesa de suministrar el listado de efectos secuestrados”. Al respecto, las auditoras precisaron que encontraron un sobre color madera que, según Salazar, contendría uSs 30.000 y $ 27.109. “Observamos también que entre el lateral izquierdo del escritorio del funcionario y la pared hay dos cajas con dinero secuestrado... Es decir, que los efectos secuestrados están en la oficina de Salazar sin el debido resguardo, salvo la llave que él coloca a la puerta cuando se retira”, consignaron.

El informe, que hace hincapié en la necesidad de poner orden y reducir los plazos procesales, fue girado a Luis De Mitri, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Antonio Gandur, presidente de la Corte, aseguró que pidió a De Mitri que adopte las medidas que considere necesarias durante el tiempo que le queda en los Tribunales (al igual que Albaca, este funcionario se jubila con el beneficio del 82% móvil). Pero más allá de los resultados y sugerencias, la auditoría de Díaz de Díaz y Tasquer tiene el valor de un documento histórico en la medida en que refleja el estado en el que el fiscal Albaca deja el despacho que controló durante dos décadas.