17 Junio 2014
La Argentina acumula en su historia tres default, o casos de incumplimiento de vencimientos de la deuda pública. El primero fue en 1828, cuando Buenos Aires estaba quebrada; en guerra con Brasil; en medio de conflictos bélicos internos; con un Tesoro exhausto y una economía virtualmente inexistente, y sin un PBI capaz de afrontar el endeudamiento. Así lo reflejó el abogado Eugenio Bruno, experto en el análisis de los casos de deuda soberana y corporativa, en su libro “El Default y la Reestructuración de la Deuda”.
Los agentes financieros que arreglaron el préstamo de 1824 (Baring Brothers) y los inversores que compraron títulos fueron corresponsables por esta situación de default, al haber prestado sumas multimillonarias a un territorio que carecía de los recursos para su repago.
La segunda cesación de pago fue en 1988, un año antes del fin de mandato anticipado del radical Raúl Alfonsín, cuando no pudo honrar la refinanciación de obligaciones acumuladas durante la Guerra de Malvinas. Esto ocurrió en el marco de las negociaciones entre el gobierno y los banqueros que se había iniciado en 1982, luego de la crisis de México (el efecto tequila), rápidamente propagada por toda América Latina, bajo las cuales se venían refinanciando anualmente los vencimientos que la Argentina debía afrontar.
Entonces, el Gobierno argentino se encontraba en medio de una crisis social y fiscal de proporciones considerables y con un reducido nivel de reservas.
El último caso de default, en 2001, fue en respuesta al severo debilitamiento del régimen de cambio fijo, en un escenario de deterioro de la competitividad de las empresas por los bajos precios internacionales.
“El default decretado por Adolfo Rodríguez Saá durante su gobierno interino a fines de diciembre habría sido de mala fe”, estimó Bruno.
Y agregó: “si bien la situación fiscal de la Argentina estaba muy lejos de ser sólida, durante 2002, el default fue declarado bastante antes de la fecha de vencimientos sustanciales, ya que el presupuesto preveía fondos para ciertos pagos luego de que ésta hubiera sido reestructurada. Se esperaba tenerla terminada en marzo de 2002”.
Los agentes financieros que arreglaron el préstamo de 1824 (Baring Brothers) y los inversores que compraron títulos fueron corresponsables por esta situación de default, al haber prestado sumas multimillonarias a un territorio que carecía de los recursos para su repago.
La segunda cesación de pago fue en 1988, un año antes del fin de mandato anticipado del radical Raúl Alfonsín, cuando no pudo honrar la refinanciación de obligaciones acumuladas durante la Guerra de Malvinas. Esto ocurrió en el marco de las negociaciones entre el gobierno y los banqueros que se había iniciado en 1982, luego de la crisis de México (el efecto tequila), rápidamente propagada por toda América Latina, bajo las cuales se venían refinanciando anualmente los vencimientos que la Argentina debía afrontar.
Entonces, el Gobierno argentino se encontraba en medio de una crisis social y fiscal de proporciones considerables y con un reducido nivel de reservas.
El último caso de default, en 2001, fue en respuesta al severo debilitamiento del régimen de cambio fijo, en un escenario de deterioro de la competitividad de las empresas por los bajos precios internacionales.
“El default decretado por Adolfo Rodríguez Saá durante su gobierno interino a fines de diciembre habría sido de mala fe”, estimó Bruno.
Y agregó: “si bien la situación fiscal de la Argentina estaba muy lejos de ser sólida, durante 2002, el default fue declarado bastante antes de la fecha de vencimientos sustanciales, ya que el presupuesto preveía fondos para ciertos pagos luego de que ésta hubiera sido reestructurada. Se esperaba tenerla terminada en marzo de 2002”.
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