El Subsidio de Salud pagó servicios por pacientes muertos

La denuncia realizada en el Instituto Provincial de Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) por un afiliado del Subsidio de Salud puso en alerta a los auditores del Tribunal de Cuentas (TC). Según el beneficiario Rubén Alfredo Gómez, un geriátrico que no es un prestador regular del Ipsst le habría facturado a la obra social del Estado por servicios destinados a pacientes que ya habrían fallecido.

El 8 de mayo, el TC firmó la acordada N° 1299, mediante la que ordenó una comprobación sumaria en el Subsidio de Salud a los fines de determinar y deslindar las responsabilidades del caso.

De acuerdo a la denuncia del afiliado Gómez, el geriátrico conocido como “Residencia y Centro de Día La Casa” habría realizado cobros indebidos a la entidad que funciona en calles Las Piedras y Congreso.

En los considerandos de la resolución, el TC llegó a la conclusión de que las irregularidades detectadas hacían “mérito suficiente” para corroborar de que se estaría ante una presunta comisión de delitos en perjuicio del Instituto de Previsión Social.

“Del análisis de las presentes surge que las mismas instruyen con motivo de una denuncia realizada por un afiliado del Ipsst, con motivo de una serie de irregularidades en la prestación, facturación (sobrefacturación) del servicio brindado y cobro indebido del subsidio (el servicio médico) con posterioridad al fallecimiento de afiliados por uno de los supuestos prestadores (el Centro de Día La Casa)”, expresa la acordada firmada por los vocales el Tribunal de Cuentas Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci.

En sus consideraciones, Terraf, Vidal y Díaz Ricci arribaron a la conclusión de que podría haber existido un perjuicio económico contra la obra social del Estado. “Las irregularidades detectadas abarcan a una serie de afiliados, todos de la tercera edad con deficiencias, cuyos antecedentes que constan en expedientes administrativos acumulados como prueba por el denunciante (...) hacen mérito suficiente para afirmar que nos encontramos ante la presunta comisión de delitos en perjuicio de la institución, que deben ser investigados por la justicia penal”, concluyó la cúpula del TC.

Además, la investigación administrativa verificó la existencia de “serias falencias” en el procedimiento relacionado con el control de facturación y pago que se implementa en el Subsidio de Salud para esta clase de servicio. De hecho, el TC insta a las autoridades de la obra social a que subsanen tales falencias.

“No hubo perjuicio”

Al ser consultada por LA GACETA, la interventora del Subsidio de Salud, Nelly Ganim, aseguró que no hubo un perjuicio económico contra la institución.

“El trámite (la comprobación sumaria) continúa en el Tribunal de Cuentas. Previamente, nosotros realizamos una investigación administrativa. Y, en primer lugar, quiero dejar en claro que no hubo un perjuicio económico contra el Subisido. Se detectó que había pagos realizados por la obra social que no correspondían. Ante estos hechos, la obra social retuvo los montos de los futuros pagos a ese geriático que, vale aclararlo, no es prestador de nuestra institución. Así recuperamos el dinero”, explicó Ganim. Y agregó: “nosotros tenemos afiliados en ese centro porque hay amparos judiciales. No tenemos firmado ningún convenio con este geriátrico”.