08 Junio 2014
RAÚL MARTÍNEZ ARÁOZ
El elevadísimo índice de morosidad, que alcanzaría al 80% de los abogados y procuradores, dio pie a la puesta en marcha de un inédito plan masivo de ejecuciones por parte de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores. Las intimaciones y el malestar no tardaron en llegar y crecer, y de a poco se levantaron las voces que criticaron la política.
Entre los que primero saltaron está Fernando Rogel Chaler, presidente de la Asociación de Abogados de Tucumán y dirigente opositor a la conducción del Colegio de Abogados de la Capital. Según su opinión, el régimen vigente perjudica a los jóvenes profesionales cuyos ingresos no les permiten pagar el aporte mínimo anual. “Parece que los directivos de la Caja desconocen la gravedad de la crisis por la que pasa la mayoría de los colegas y la agravan con estas inoportunas intimaciones”, dijo por correo electrónico.
El titular del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, también se mostró preocupado.“Entendemos la situación de morosidad y la necesidad de cuidar los fondos de la institución, pero no nos parece adecuado el momento para ejecutar a los profesionales”, manifestó por teléfono. García Posse comentó que mantuvo una reunión con el directorio de la Caja y que las autoridades se comprometieron a suspender las ejecuciones.
“La decisión de exigir el pago de aportes en sede judicial fue adoptada por todo el directorio y es lo que corresponde que hagamos para proteger el patrimonio de la entidad”, explicó verbalmente Raúl Martínez Aráoz, vicepresidente de la Caja (el titular, Pedro Yane Mana, estaba de viaje en Europa y tenía previsto regresar esta semana). “Cuando se reintegre el presidente evaluaremos los pedidos de los profesionales y, en todo caso, concederemos una facilidad de pago”, anticipó Martínez Aráoz.
La discusión fue aprovechada por el sector que encabeza Rogel Chaler para reflotar la propuesta de reformar la ley de la Caja, entidad que en septiembre celebrará elecciones para renovar autoridades. Según fuentes parlamentarias, el jueves ingresó a la Legislatura un proyecto de enmienda elaborado por Cristina López Ávila. Entre otros cambios, la iniciativa propone imputar el exceso de aportes de un año determinado a las deudas generadas en períodos anteriores.
Entre los que primero saltaron está Fernando Rogel Chaler, presidente de la Asociación de Abogados de Tucumán y dirigente opositor a la conducción del Colegio de Abogados de la Capital. Según su opinión, el régimen vigente perjudica a los jóvenes profesionales cuyos ingresos no les permiten pagar el aporte mínimo anual. “Parece que los directivos de la Caja desconocen la gravedad de la crisis por la que pasa la mayoría de los colegas y la agravan con estas inoportunas intimaciones”, dijo por correo electrónico.
El titular del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, también se mostró preocupado.“Entendemos la situación de morosidad y la necesidad de cuidar los fondos de la institución, pero no nos parece adecuado el momento para ejecutar a los profesionales”, manifestó por teléfono. García Posse comentó que mantuvo una reunión con el directorio de la Caja y que las autoridades se comprometieron a suspender las ejecuciones.
“La decisión de exigir el pago de aportes en sede judicial fue adoptada por todo el directorio y es lo que corresponde que hagamos para proteger el patrimonio de la entidad”, explicó verbalmente Raúl Martínez Aráoz, vicepresidente de la Caja (el titular, Pedro Yane Mana, estaba de viaje en Europa y tenía previsto regresar esta semana). “Cuando se reintegre el presidente evaluaremos los pedidos de los profesionales y, en todo caso, concederemos una facilidad de pago”, anticipó Martínez Aráoz.
La discusión fue aprovechada por el sector que encabeza Rogel Chaler para reflotar la propuesta de reformar la ley de la Caja, entidad que en septiembre celebrará elecciones para renovar autoridades. Según fuentes parlamentarias, el jueves ingresó a la Legislatura un proyecto de enmienda elaborado por Cristina López Ávila. Entre otros cambios, la iniciativa propone imputar el exceso de aportes de un año determinado a las deudas generadas en períodos anteriores.
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