Por Álvaro José Aurane
07 Junio 2014
Está en juego uno de los cargos más trascendentes para la vida, el honor y los bienes de los tucumanos. Sólo es cuestión de tiempo para que la Casa de Gobierno y la Legislatura designen al próximo ministro fiscal de la Corte, un acontecimiento clave para el equilibrio de poder de esta provincia y para la vigencia de los derechos y las garantías de sus habitantes. Acaso por ello el Gobierno se empecina en reducir esa circunstancia al mero reemplazo de un funcionario judicial, inclusive sin plazo: la renuncia Luis De Mitri se hará operativa cuando la Anses lo jubile, lo cual puede demandar semanas o meses.
Ser uno de los principales garantes de la legalidad como principio, y de la justicia como valor, es una de las responsabilidades que la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere al jefe de los fiscales penales de Tucumán. Él debe vigilar la recta y pronta Administración de Justicia denunciando los abusos y malas prácticas que notare en los Tribunales o sus funcionarios. Para ello deberá inspeccionarlos las veces que estimare necesario, pero por lo menos una vez al año. Él es custodio del cumplimiento de los términos procesales y dictamina en todas las causas de jurisdicción originaria de la Corte. Es su deber impartir a los integrantes del Ministerio Público las instrucciones de carácter general convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones; también en lo concerniente a asuntos específicos.
En términos de poder, el ministro fiscal opina ante la Corte si las leyes que aprueba el automatizado parlamento tucumano son constitucionales, o no; mientras supervisa (y, dado el caso, denuncia) a los fiscales que deben investigar los delitos comunes, y también los cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios pasados o presentes.
En términos de la vida y muerte de los tucumanos, es quien en enero de 2013 explicó que la demora en la causa que, en teoría, investiga el secuestro y posterior asesinato de Paulina Lebbos se debía a cuestiones técnicas y no al mal desempeño del fiscal Carlos Albaca, quien barajaba, entre ocho pistas, la hipótesis de “los hijos del poder”. También es quien, este año, dijo lo contrario y acusó al mismo fiscal de ser negligente en su accionar, de actuar con ligereza en el ejercicio de la función pública, de no haber tenido control sobre el expediente, ni tampoco haber efectuado el mínimo análisis del caso. Todo ello para aclarar que, si bien es el jefe de ese funcionario judicial también a punto de jubilarse con el 82% móvil, jamás tuvo contacto directo con la causa referida a la tucumana cuyo crimen ha cumplido ya ocho años de impunidad.
Lo que no discuten
Es obvio que nombrar al próximo ministro fiscal será uno de los actos de Gobierno más importante de José Alperovich. Tan redundante como aclarar que no cualquiera puede ser elegido para un cargo de semejante valor para la democracia y la república. Sin embargo, la democracia pavimentadora no está dispuesta a discutir las calidades del abogado o la abogada que vigilará a los fiscales que no abren causas de oficio ni siquiera cuando un contratista del Estado denuncia que, mientras realizaba obras públicas, la DAU lo afectó a realizar tareas en residencias privadas de la familia gobernante, con la promesa de recibir más contratos en compensación por las prestaciones privadas que eventualmente no cobre.
Por todo debate, el gobernador ha dicho que él decidirá quien reemplazará a De Mitri, porque así lo fija la Carta Magna que hizo reformar. “En estos 11 años siempre se hizo lo que dicen las leyes”, pretendió, ante la propuesta opositora para que el cargo se concurse.
Justamente, todo lo que el mandatario quiere que se dirima es si él puede o no puede designar al ministro fiscal, con acuerdo de la Legislatura. Esa discusión no tiene sentido: sí puede hacerlo. La cuestión es otra y se la plantea todo gobierno donde la salud de las instituciones importa más que un cordón cuneta. El asunto no es si Alperovich tiene esa atribución sino qué piensa hacer con ella. ¿Todo lo que se exigirá a quien conduzca el Ministerio Fiscal capaz de combatir la corrupción en el Estado (o de no hacerlo), son los escasos requisitos de la Constitución alperovichista, consistentes en acreditar por lo menos 40 años de edad y 15 como funcionario judicial o en el ejercicio de la abogacía? El Gobierno puede pedir mucho más, para el bien de los tucumanos, y sin concursos ni intervención de la oposición. Pero para eso, Alperovich tiene que hacer algo para lo que seguramente nunca va a estar dispuesto: proceder respecto de la cobertura de cargos vinculados al máximo tribunal de la misma manera que Néstor Kirchner.
Lo que no imitan
El primer año de su presidencia, Kirchner dictó el decreto 222/2003: Procedimiento calificado de autolimitación para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Delineó con él “un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”.
El santacruceño estableció que quienes aspiren a lo más encumbrado del Poder Judicial deben presentar dos declaraciones juradas. Una, con la nómina de todos los bienes propios y los de su grupo familiar. Otra, con la lista de asociaciones civiles y de sociedades comerciales hayan integrado en los últimos ocho años, así como de los estudios de abogados en los que trabajaron.
Y tan importante como lo anterior fue el control ciudadano. “Los ciudadanos en general, las ONG, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar (...), por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección”. Como corolario, se sometió a audiencias públicas a los postulantes a jueces supremos, previa modificación del Reglamento del Senado.
El fallecido ex Presidente (al que tanto invoca el gobernador tucumano cada 9 de julio, delante de su viuda), también pautó que remitiría el pliego del seleccionado al Senado “haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada”. Para el alperovichismo, que sin dar razones vetó siete veces para una judicatura al probo ex secretario de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos López, la historia ya no tiene ironías: directamente, se le ríe a las carcajadas.
El resultado del decreto 222/2003 ha sido una Corte nacional legítima y prestigiosa. El precio que pagó Kirchner (y, sobre todo, su esposa) fue incontables reveses judiciales contra caprichos oficialistas. Fue un trato justo para los argentinos, como pocos en la historia.
Al alperovichismo no le interesa prestigiar ni legitimar al Poder Judicial. Su concepto de legalidad consiste en cumplir las leyes que él mismo ha dictado; y ni siquiera eso hace. La Carta Magna de 2006 fija la licitación pública como regla para adquirir o enajenar bienes o servicios; el gobierno que puso en vigencia esa Ley Fundamental hace lo opuesto. Es que en boca de las gestiones subtropicales, lo cierto se hace dudoso. El gobernador avala la queja del oficialismo legislativo por la presunta “mora” de la Corte en instrumentar los juzgados contravencionales -lo que el alto tribunal desmiente-, cuando pide que la Justicia y la Legislatura trabajen juntos en una solución. Qué curioso: nunca dijo nada cuando “sus” legisladores dieron tiempo a Albaca para completar sus trámites jubilatorios y archivaron los pedidos de juicio político que objetaban la morosidad del fiscal para lograr resultados en la Causa Lebbos.
Lo que no explica
Despolitizar la designación del ministro fiscal es despolitizar la cúpula de la Justicia. Todo jefe de los fiscales es un vocal de la Corte en potencia. Antonio Gandur hoy preside el superior tribunal y ayer era el titular del Ministerio Público. Lo contrario es una Corte tucumana hoy enfrascada en asuntos políticos, como reglamentar por acordada del artículo 111 de la Constitución (Los Tribunales colegiados elegirán de su seno sus respectivos presidentes, que durarán dos años en sus funciones y serán reelegibles). Hay días, y despachos, en que todo parece girar alrededor de las adhesiones y las resistencias al borrador que propone un sistema rotatorio, que comience por otorgar la próxima presidencia al vocal de más antigüedad que aún no haya presidido la Corte.
Hacia abajo, hay sectores de Tribunales que se presentan como territorio de lo inexplicable. LA GACETA exhibió el 20 de mayo el facsimil de la orden de restricción presuntamente firmada por el juez Juan Francisco Pisa, que prohibe que sindicalistas bancarios que denunciaron la represión sufrida en la plaza el martes 13 se acerquen a la Caja Popular de Ahorros. Según está documentado, tres días después, mediante el oficio 808, la Fiscalía de V Nominación pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que Gendarmería notificara la resolución. Pero el mismo 23, el juez Pisa le dirigió una nota a Gandur: “hago notar que no se dispuso medida de restricción alguna” contra los gremialistas que denunciaron la golpiza. El jueves, esos dirigentes comenzaron a recibir las notificaciones de la orden de restricción que el juez dice que no dictó.
El debate para establecer pautas que garanticen un ministro fiscal idóneo e independiente es anulado por la convicción oficialista de que su jefe encarna la voluntad y la razón popular. La prueba decretada dice que, institucionalmente, deficitan incluso como kirchneristas.
Ser uno de los principales garantes de la legalidad como principio, y de la justicia como valor, es una de las responsabilidades que la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere al jefe de los fiscales penales de Tucumán. Él debe vigilar la recta y pronta Administración de Justicia denunciando los abusos y malas prácticas que notare en los Tribunales o sus funcionarios. Para ello deberá inspeccionarlos las veces que estimare necesario, pero por lo menos una vez al año. Él es custodio del cumplimiento de los términos procesales y dictamina en todas las causas de jurisdicción originaria de la Corte. Es su deber impartir a los integrantes del Ministerio Público las instrucciones de carácter general convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones; también en lo concerniente a asuntos específicos.
En términos de poder, el ministro fiscal opina ante la Corte si las leyes que aprueba el automatizado parlamento tucumano son constitucionales, o no; mientras supervisa (y, dado el caso, denuncia) a los fiscales que deben investigar los delitos comunes, y también los cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios pasados o presentes.
En términos de la vida y muerte de los tucumanos, es quien en enero de 2013 explicó que la demora en la causa que, en teoría, investiga el secuestro y posterior asesinato de Paulina Lebbos se debía a cuestiones técnicas y no al mal desempeño del fiscal Carlos Albaca, quien barajaba, entre ocho pistas, la hipótesis de “los hijos del poder”. También es quien, este año, dijo lo contrario y acusó al mismo fiscal de ser negligente en su accionar, de actuar con ligereza en el ejercicio de la función pública, de no haber tenido control sobre el expediente, ni tampoco haber efectuado el mínimo análisis del caso. Todo ello para aclarar que, si bien es el jefe de ese funcionario judicial también a punto de jubilarse con el 82% móvil, jamás tuvo contacto directo con la causa referida a la tucumana cuyo crimen ha cumplido ya ocho años de impunidad.
Lo que no discuten
Es obvio que nombrar al próximo ministro fiscal será uno de los actos de Gobierno más importante de José Alperovich. Tan redundante como aclarar que no cualquiera puede ser elegido para un cargo de semejante valor para la democracia y la república. Sin embargo, la democracia pavimentadora no está dispuesta a discutir las calidades del abogado o la abogada que vigilará a los fiscales que no abren causas de oficio ni siquiera cuando un contratista del Estado denuncia que, mientras realizaba obras públicas, la DAU lo afectó a realizar tareas en residencias privadas de la familia gobernante, con la promesa de recibir más contratos en compensación por las prestaciones privadas que eventualmente no cobre.
Por todo debate, el gobernador ha dicho que él decidirá quien reemplazará a De Mitri, porque así lo fija la Carta Magna que hizo reformar. “En estos 11 años siempre se hizo lo que dicen las leyes”, pretendió, ante la propuesta opositora para que el cargo se concurse.
Justamente, todo lo que el mandatario quiere que se dirima es si él puede o no puede designar al ministro fiscal, con acuerdo de la Legislatura. Esa discusión no tiene sentido: sí puede hacerlo. La cuestión es otra y se la plantea todo gobierno donde la salud de las instituciones importa más que un cordón cuneta. El asunto no es si Alperovich tiene esa atribución sino qué piensa hacer con ella. ¿Todo lo que se exigirá a quien conduzca el Ministerio Fiscal capaz de combatir la corrupción en el Estado (o de no hacerlo), son los escasos requisitos de la Constitución alperovichista, consistentes en acreditar por lo menos 40 años de edad y 15 como funcionario judicial o en el ejercicio de la abogacía? El Gobierno puede pedir mucho más, para el bien de los tucumanos, y sin concursos ni intervención de la oposición. Pero para eso, Alperovich tiene que hacer algo para lo que seguramente nunca va a estar dispuesto: proceder respecto de la cobertura de cargos vinculados al máximo tribunal de la misma manera que Néstor Kirchner.
Lo que no imitan
El primer año de su presidencia, Kirchner dictó el decreto 222/2003: Procedimiento calificado de autolimitación para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Delineó con él “un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”.
El santacruceño estableció que quienes aspiren a lo más encumbrado del Poder Judicial deben presentar dos declaraciones juradas. Una, con la nómina de todos los bienes propios y los de su grupo familiar. Otra, con la lista de asociaciones civiles y de sociedades comerciales hayan integrado en los últimos ocho años, así como de los estudios de abogados en los que trabajaron.
Y tan importante como lo anterior fue el control ciudadano. “Los ciudadanos en general, las ONG, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar (...), por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección”. Como corolario, se sometió a audiencias públicas a los postulantes a jueces supremos, previa modificación del Reglamento del Senado.
El fallecido ex Presidente (al que tanto invoca el gobernador tucumano cada 9 de julio, delante de su viuda), también pautó que remitiría el pliego del seleccionado al Senado “haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada”. Para el alperovichismo, que sin dar razones vetó siete veces para una judicatura al probo ex secretario de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos López, la historia ya no tiene ironías: directamente, se le ríe a las carcajadas.
El resultado del decreto 222/2003 ha sido una Corte nacional legítima y prestigiosa. El precio que pagó Kirchner (y, sobre todo, su esposa) fue incontables reveses judiciales contra caprichos oficialistas. Fue un trato justo para los argentinos, como pocos en la historia.
Al alperovichismo no le interesa prestigiar ni legitimar al Poder Judicial. Su concepto de legalidad consiste en cumplir las leyes que él mismo ha dictado; y ni siquiera eso hace. La Carta Magna de 2006 fija la licitación pública como regla para adquirir o enajenar bienes o servicios; el gobierno que puso en vigencia esa Ley Fundamental hace lo opuesto. Es que en boca de las gestiones subtropicales, lo cierto se hace dudoso. El gobernador avala la queja del oficialismo legislativo por la presunta “mora” de la Corte en instrumentar los juzgados contravencionales -lo que el alto tribunal desmiente-, cuando pide que la Justicia y la Legislatura trabajen juntos en una solución. Qué curioso: nunca dijo nada cuando “sus” legisladores dieron tiempo a Albaca para completar sus trámites jubilatorios y archivaron los pedidos de juicio político que objetaban la morosidad del fiscal para lograr resultados en la Causa Lebbos.
Lo que no explica
Despolitizar la designación del ministro fiscal es despolitizar la cúpula de la Justicia. Todo jefe de los fiscales es un vocal de la Corte en potencia. Antonio Gandur hoy preside el superior tribunal y ayer era el titular del Ministerio Público. Lo contrario es una Corte tucumana hoy enfrascada en asuntos políticos, como reglamentar por acordada del artículo 111 de la Constitución (Los Tribunales colegiados elegirán de su seno sus respectivos presidentes, que durarán dos años en sus funciones y serán reelegibles). Hay días, y despachos, en que todo parece girar alrededor de las adhesiones y las resistencias al borrador que propone un sistema rotatorio, que comience por otorgar la próxima presidencia al vocal de más antigüedad que aún no haya presidido la Corte.
Hacia abajo, hay sectores de Tribunales que se presentan como territorio de lo inexplicable. LA GACETA exhibió el 20 de mayo el facsimil de la orden de restricción presuntamente firmada por el juez Juan Francisco Pisa, que prohibe que sindicalistas bancarios que denunciaron la represión sufrida en la plaza el martes 13 se acerquen a la Caja Popular de Ahorros. Según está documentado, tres días después, mediante el oficio 808, la Fiscalía de V Nominación pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que Gendarmería notificara la resolución. Pero el mismo 23, el juez Pisa le dirigió una nota a Gandur: “hago notar que no se dispuso medida de restricción alguna” contra los gremialistas que denunciaron la golpiza. El jueves, esos dirigentes comenzaron a recibir las notificaciones de la orden de restricción que el juez dice que no dictó.
El debate para establecer pautas que garanticen un ministro fiscal idóneo e independiente es anulado por la convicción oficialista de que su jefe encarna la voluntad y la razón popular. La prueba decretada dice que, institucionalmente, deficitan incluso como kirchneristas.
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