Un concejal pide información sobre los cepos en Yerba Buena

Desde noviembre de 2011 a hoy, mucha agua ha corrido bajo el puente por la colocación del cepo en Yerba Buena. La empresa Marm Group, prestataria del servicio denominado Sistema de Reordenamiento de Tránsito, ha sido cuestionada por los vecinos. Si bien muchos de ellos reconocieron que el sistema sirvió para que se estacione correctamente y para redimir a los que cumplen con las normas, también denunciaron maltratos, atropellos y métodos arbitrarios por parte del personal.

En las ediciones de este diario se han publicado, en reiteradas oportunidades, los relatos de esos ciudados. Las personas también les llevaron sus reclamos a los políticos. Uno de ellos, el concejal opositor Pedro Albornoz Piossek, efectuó una presentación judicial, en el Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. La causa está a cargo del fiscal de la X° Nominación, Guillermo Herrera, y se encuentra caratulada bajo el delito de asociación ilícita.

Además, en una oportunidad el macrista presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo para que se le rescinda el contrato a la firma, y fundamentó su pedido en las denuncias de la gente. Otra razón esgrimida por el edil fue la emisión de recibos de tipo X. Cuando comenzó a operar, y por el transcurso de casi dos años, Marm Group les entregó a los infractores un recibo común, en vez de una factura.

De hecho, en diciembre de 2012 la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) abrió un proceso contra la firma, y determinó su clausura. Ante ello, Marm Group agotó las instancias recursivas administrativas dentro del organismo, y finalmente presentó un recurso de amparo en el ámbito judicial.

Luego, en abril de 2013, la Afip realizó otro operativo de fiscalización. No obstante, en noviembre del año pasado empezaron a expedir recibos de tipo B.

Albornoz Piossek también objetó que, en el contrato, Marm Group es representada por Luciana Carolina Scarpellini, como socia gerenta. Sin embargo, en la integración societaria figuraban otras personas.

Por eso, Albornoz Piossek celebra que, con esta ordenanza, se esté tratando de regular la actividad. Pero en seguida comenta que también le gustaría que se aporte claridad sobre los propietarios de la firma. "La poca transparencia respecto a la persona que representa legalmente a la compañía aporta un nuevo punto oscuro", sostiene el concejal.

"Durante dos años intenté conseguir información. Le he enviado cartas al juez de faltas, Víctor Schedan, al presidente del Concejo Deliberante, Antonio Caferro, a la nueva jefa de Gabinete, Dora Bianco, y al intendente, Daniel Toledo, entre otras autoridades u organismos. Y he llegado a la conclusión de que existe una red de ocultamiento", dice.

"Me sorprende la actitud ilegal de Schedan, ya que tiene la obligación administrativa de responder mis requerimientos sobre el control de los importantes montos que recauda la empresa. Aún más lamentable es el caso de Bianco, quien de manera desvergonzada respondió invocando el decreto 134", prosigue el edil.

La resolución 134 -a la que hace alusión Albornoz Piossek- fue firmada el 1 de diciembre de 2011. Fija que los pedidos de informes elevados al intendente y a los funcionarios deben ser autorizados por el Concejo. Cuando era concejala, Bianco firmó un proyecto de resolución para que se derogara esa resolución interna, por inconstitucional.

En noviembre de 2011, la Municipalidad implementó la colocación del trabarruedas, a través de la ordenanza 1254. El sistema se puso en vigencia luego de que Marm Group, que fue contratada para tal fin, realizara una campaña de difusión, demarcara los cordones y colocara los carteles señalizadores.