21 Mayo 2014
POR EL CENTRO. Trabajadores de la Caja se movilizaron hacia la sede penal. la gaceta / foto de franco vera
Cientos de empleados de la Caja Popular de Ahorros marcharon ayer a los tribunales penales para exigir a jueces y fiscales que agilicen las causas que pesan contra dirigentes de la Asociación Bancaria.
Los trabajadores, muchos de ellos identificados con la gestión del interventor Armando Cortalezzi, reclamaron al fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila; y al ministro fiscal, Luis De Mitri, que investiguen las denuncias por presuntas agresiones físicas y amenazas de muerte en contra de empleados de la Caja, y que habrían sido cometidas por dirigentes de La Bancaria.
Los trabajadores dejaron una nota a Navarro Dávila. “Reclamamos su eficiente e inmediata intervención, para resguardar nuestra integridad física y psíquica, teniendo en cuenta su competencia en la instrucción de las causas a través de las cuales se ventilan los hechos violentos que padecemos desde hace ya casi dos años, perpetrados por dirigentes gremiales y activistas de la Asociación Bancaria, sin haber obtenido hasta hoy ningún tipo de respuesta del Poder Judicial”, reza un párrafo de la misiva.
Los empleados solicitaron al fiscal que “con urgencia” requiera a un juez el dictado de las medidas cautelares pertinentes, “a los fines de prevenir consecuencias aún peores”. “En el amplio catálogo de delitos atribuidos a la Asociación Bancaria usted podrá encontrar lesiones, tentativas de homicidio, agresiones con armas, abuso de armas, calumnias, amenazas de muerte, injuria, publicación y reproducción de injurias y calumnias, privación ilegal de la libertad, hurto, robo, instigación al delito y resistencia contra la autoridad, en muchos casos agravados”, denunciaron.
Ayer, y luego de los incidentes de la semana pasada frente a la CPA, el juez Juan Francisco Pisa dictó una restricción de acercamiento contra los principales dirigentes de La Bancaria y contra ex empleados de la Caja Popular. Los mencionados en la resolución no podrán acercarse a la CPA a menos de 300 metros y deberán abstenerse de realizar manifestaciones contra empleados y familiares de la institución. El gobernador, José Alperovich, se refirió a los incidentes y la represión policial, que dejó un saldo de 22 bancarios heridos. “No estoy de acuerdo con la violencia para nada. Soy un gobernador que cree mucho en el diálogo”, sostuvo.
Mañana, dirigentes y trabajadores de todo el país afiliados a La Bancaria se congregarán en la plaza Independencia a las 10 y marcharán por el centro para repudiar la represión policial y pedir la renuncia de Cortalezzi. El conflicto entre la Bancaria y el Gobierno estalló en septiembre de 2012, cuando el Poder Ejecutivo tomó $ 172 millones de los fondos de garantía de la Caja, a cambio de Letras del Tesoro. En 2013, el pleito se agravó tras la cesantía de 36 trabajadores de la CPA vinculados al gremio.
Los trabajadores, muchos de ellos identificados con la gestión del interventor Armando Cortalezzi, reclamaron al fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila; y al ministro fiscal, Luis De Mitri, que investiguen las denuncias por presuntas agresiones físicas y amenazas de muerte en contra de empleados de la Caja, y que habrían sido cometidas por dirigentes de La Bancaria.
Los trabajadores dejaron una nota a Navarro Dávila. “Reclamamos su eficiente e inmediata intervención, para resguardar nuestra integridad física y psíquica, teniendo en cuenta su competencia en la instrucción de las causas a través de las cuales se ventilan los hechos violentos que padecemos desde hace ya casi dos años, perpetrados por dirigentes gremiales y activistas de la Asociación Bancaria, sin haber obtenido hasta hoy ningún tipo de respuesta del Poder Judicial”, reza un párrafo de la misiva.
Los empleados solicitaron al fiscal que “con urgencia” requiera a un juez el dictado de las medidas cautelares pertinentes, “a los fines de prevenir consecuencias aún peores”. “En el amplio catálogo de delitos atribuidos a la Asociación Bancaria usted podrá encontrar lesiones, tentativas de homicidio, agresiones con armas, abuso de armas, calumnias, amenazas de muerte, injuria, publicación y reproducción de injurias y calumnias, privación ilegal de la libertad, hurto, robo, instigación al delito y resistencia contra la autoridad, en muchos casos agravados”, denunciaron.
Ayer, y luego de los incidentes de la semana pasada frente a la CPA, el juez Juan Francisco Pisa dictó una restricción de acercamiento contra los principales dirigentes de La Bancaria y contra ex empleados de la Caja Popular. Los mencionados en la resolución no podrán acercarse a la CPA a menos de 300 metros y deberán abstenerse de realizar manifestaciones contra empleados y familiares de la institución. El gobernador, José Alperovich, se refirió a los incidentes y la represión policial, que dejó un saldo de 22 bancarios heridos. “No estoy de acuerdo con la violencia para nada. Soy un gobernador que cree mucho en el diálogo”, sostuvo.
Mañana, dirigentes y trabajadores de todo el país afiliados a La Bancaria se congregarán en la plaza Independencia a las 10 y marcharán por el centro para repudiar la represión policial y pedir la renuncia de Cortalezzi. El conflicto entre la Bancaria y el Gobierno estalló en septiembre de 2012, cuando el Poder Ejecutivo tomó $ 172 millones de los fondos de garantía de la Caja, a cambio de Letras del Tesoro. En 2013, el pleito se agravó tras la cesantía de 36 trabajadores de la CPA vinculados al gremio.
Lo más popular
