18 Mayo 2014
Alejandro Rodríguez - Director del Departamento de Economía de la Universidad del Cema (UCEMA)
El desempeño del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ha dejado mucho que desear desde 2007, momento en el que Ana María Edwin y Norberto Itzcovich se hicieron cargo de la conducción bajo el ala protectora del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La credibilidad de las estadísticas oficiales llegó a ser nula. El aumento en el índice de precios al consumidor (IPC-GBA) calculado por el Indec entre enero de 2007 y diciembre de 2013 fue 85% lo que da un promedio de 0,7% mensual o 9,2% anual. Mediciones de universidades, organismos provinciales y consultoras estimaron que la variación en el IPC fue más del doble que la cifra oficial. Los funcionarios del gobierno se escudaron en detalles técnicos como que el IPC-GBA no mide la inflación o que es un índice que representa al área metropolitana de Buenos Aires. Hay sustento teórico para argumentar que índices como el IPC-GBA miden la inflación verdadera de manera sesgada. Sin embargo, las mediciones que se han realizado sobre eso para IPC de otros países no superan el 1% o 2%. Peor aún, los estudios encuentran que los IPC tienden a sobreestimar la inflación. Por lo tanto, si este sesgo se aplica a nuestro índice, entonces la inflación en Argentina hubiera sido todavía menor.
La falta de representación nacional en el IPC-GBA fue siempre un problema, pero no era una excusa para la falta de confianza en él. El área metropolitana de Buenos Aires concentra casi la tercera parte de la población del país; por lo tanto es razonable que si se va a hacer un IPC se empiece por cubrir esta zona económica en particular. Pero había índices de precios calculados por las oficinas de estadísticas provinciales, los cuales eran agrupados por la oficina central en un IPC Nacional: 1ª Etapa o 7 Provincias, que incluía a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, San Luis y Catamarca. El IPC-7 fue eliminado cuando los datos provinciales comenzaron a divergir de los calculados por el Indec. Algunas provincias discontinuaron sus índices o por lo menos no los dieron a conocer más. La Dirección de Estadísticas de Tucumán dejó de publicar su índice mensual a principios de 2008. En marzo de ese año, el IPC para el aglomerado Gran Tucumán había registrado un aumento del 2%, mientras que el aumento en el IPC-GBA para el mismo mes había sido de 1,1%.
Un manto de dudas cayó sobre todas las estadísticas luego de la mal llamada intervención del Indec. Técnicamente no fue una intervención ya que es facultad del Ejecutivo Nacional nombrar a las autoridades por más que estas no sean de nuestro agrado. Al hacerse visibles las disparidades entre la inflación oficial y las mediciones de las provincias varios economistas comenzaron a notar que el cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) podía estar siendo sobreestimado. Un estudio realizado por economistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sostuvo que, entre 2007 y 2012, el PBI creció 15,9%, mientras que los datos oficiales daban un incremento de 29,4%. Por último se empezó a dudar los datos de pobreza. El Observatorio Social de la UCA estimó que entre el 25,6% y el 27,5% de los habitantes del país se ubican por debajo de la línea de pobreza y más del 5% debajo de la línea de indigencia. El Indec recientemente discontinuó sus series, pero los últimos datos que reportó colocaban a la pobreza e indigencia en 4,7% y 1,4%, respectivamente.
El nuevo escenario
El daño que se le ha hecho a la credibilidad del Indec es inmenso; sin embargo, las cosas están empezando a cambiar. Por un lado se lanzó el nuevo índice de precios nacional urbano (IPCNu) que da una medición de la inflación mucho más cercana a la realidad que el anterior. También se dieron a conocer las mediciones del PBI con 2004 como base. Con esto, el crecimiento del 29,5% se redujo al 23,7%. Todavía quedan muchas cosas por hacer, como difundir nuevamente los datos de pobreza e indigencia y la evolución de los IPC provinciales. El verdadero federalismo no consiste en meter a todas las provincias en un mismo índice, sino en contemplar las diferentes realidades que atraviesa cada una. Nunca se va a restablecer la confianza completamente mientras no se garantice la autonomía de los cuadros técnicos de la institución.
¿A qué se deben estos cambios? Algunos dirán que fueron las presiones del FMI o al descontento de la sociedad, pero creo que se debe a la llegada Axel Kicillof al Ministerio de Economía. Tomó como una de sus misiones corregir la situación del Indec y las mejoras que estamos viendo en los últimos meses fueron en ese sentido. Muchas cosas pueden criticársele, pero hay que darle crédito cuando corresponde. Como académico criticó las estadísticas oficiales. En la página web del Cenda (think tank de donde provienen Kicillof) se pudo leer la siguiente frase: “la inocultable falta de confiabilidad del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el Indec ha privado a la sociedad de una herramienta fundamental para conocer la verdadera situación económica del país”. Los economistas que creen en la necesidad de una constante intervención por parte del Estado en la economía, como Kicillof, son los principales defensores de las estadísticas públicas, ya que piensan que sin ellas su trabajo de comandar la economía es mucho más difícil. Los defensores del libre mercado creemos que la tarea que se plantea el ministro es imposible, con o sin estadísticas confiables, y que lo importante es que la gente que toma decisiones en los mercados cuente con buena información. Independientemente del lado del espectro ideológico en que nos encontremos una cosa es segura, la información distorsionada no le sirve a la economía.
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