Se expiden en contra de cuatro ceses de prisión

La modificación y suspensión de prisión de cuatro de los condenados por el secuestro y promoción a la prostitución de María de los Ángeles Verón recibió ayer un revés judicial.

Mariana Natalia Bustos fue condenada a 10 años de prisión por el tribunal compuesto por los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez. A estos camaristas se les había encomendado que dictaran la pena que recibirían los imputados que fueron hallados culpables por la Corte Suprema que revisó y revocó parcialmente el fallo absolutorio que habían dictado los jueces Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano.

La defensa de Bustos, según informó el fiscal de Cámara Carlos Sale, había solicitado al tribunal condenatorio que se revisara su sentencia porque tiene hijos que son menores de edad.

Por esto, pidió que se le concediera la prisión domiciliaria. “Firmamos en contra de esa concesión porque, a pesar de que el hijo de Bustos sí es menor de edad, tiene más de cinco años. Y la prisión domiciliaria se concede en los casos en que los niños tienen menos de cinco años”, explicó el funcionario. Sin embargo, aclaró que la decisión final sobre esta solicitud de la defensa de Bustos deberá ser revisada y determinada por el tribunal que dictó la condena.

En este mismo sentido, el fiscal decidió firmar en contra de la suspensión de la prisión de María Azucena Márquez, José Fernando “Chenga” Gómez y su hermano Gonzalo Gómez. Estos tres condenados, según confirmaron fuentes judiciales, habían presentado certificaciones de un inmueble (situado en La Rioja) para cubrir la fianza que se fijó para su libertad.

En este caso, según agregaron las fuentes, Márquez era la que tenía las mayores probabilidades de recuperar su libertad debido a que ya había cumplido con los dos años de prisión preventiva que se le habían impuesto por la desaparición de “Marita” Verón. Pero el fiscal de cámara argumentó su negativa ante esta posibilidad aduciendo que existe una fuerte probabilidad de que los condenados se fuguen. “En el transcurso del debate oral y en las audiencias en las que se dictó la actual sentencia quedó demostrado que estas personas cuentan con los medios para fugarse en el caso de que quieran hacerlo”, señaló Sale.

Aún así, los cuatro condenados deberán aguardar la decisión que tome el tribunal (Páez de la Torre, Ibáñez y Juárez) que los condenó para saber si se les negará en forma definitiva el cese de prisión hasta que el fallo condenatorio quede firme.

En este sentido, los defensores de los hermanos Gómez, de Bustos y de Márquez junto con los abogados de los otros seis condenados (Daniela Milhein, Alejandro González, Carlos Luna, Pascual Andrada, Juan Derobertis y Paola Gaitán) presentaron el martes los respectivos recursos casación en contra de la sentencia dictada tras el fallo de la Corte.

En esa presentación los letrados coincidieron en que “la Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo una valoración antojadiza, selectiva, parcializada y arbitraria de la prueba que existe en el expediente de la desaparición de María de los Ángeles Verón”. Luego de la sentencia se pensaba que los condenados iban a recuperar su libertad sin mayores tropiezos legales. Pero ahora, el clima parecería ser otro.