14 Mayo 2014
JEFE DE HACIENDA. González Navarro (PJ) preside una comisión clave. la gaceta / foto de osvaldo ripoll (archivo)
Los fondos del interior se han convertido en motivo de disputa para los dirigentes locales alineados a Sergio Massa y quienes tienen por referente al gobernador, José Alperovich.
El bloque del Frente Renovador (FR) de la Legislatura salió el lunes en defensa del intendente massista Enrique Orellana, quien denunció que ediles alperovichistas de Famaillá, en sintonía con la Casa de Gobierno, rebajaron los recursos con que contaba la gestión del jefe municipal. Por ello, los tres legisladores tucumanos afines a Massa, José Teri, José Orellana (hermano mellizo de Enrique) y Gerónimo Vargas Aignasse, elevaron un pedido de informes a través del cuerpo colegiado para conocer con detalles el criterio con que el Poder Ejecutivo (PE) envía recursos a los diferentes municipios.
El escrito generó la reacción del legislador oficialista Ramiro González Navarro, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara. “El PE está cumpliendo rigurosamente el ‘Pacto Social’”, sostuvo el ex funcionario. González Navarro hacía alusión al programa que permite al Gobierno provincial tomar el dinero que les corresponde a los municipios y comunas por coparticipación federal y otros ingresos, a cambio de garantizarles el pago del salario de todos los empleados estatales y la financiación de obras públicas.
Famaillá forma parte del “Pacto Social”, pero el intendente Orellana asevera que está siendo sofocado por ediles que responden al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo. “Es todo político”, afirmó el “Mellizo”, que ayer celebró junto a su hermano los 50 años de vida.
Debido a esta presunta falta de recursos, el trío de massistas del parlamento requirió informes sobre los fondos que el PE remite a los gobiernos locales. El alperovichista González Navarro manifestó que “se depositaron en tiempo y forma los montos requeridos” para pago de sueldos y la atención de incrementos salariales, entre otros haberes de estatales.
El legislador a cargo de la comisión de Hacienda explicó que la Provincia “toma como base (de cálculo) la información y documentación que presenta cada municipio”. Y sostuvo que la gestión de Orellana percibió una suma superior a la estipulada. “En el caso de la Municipalidad de Famaillá, durante los cuatro primeros meses del año, el total de la planilla salarial presentada (excluyendo los conceptos que se depositan: previsionales, sepelio, etcétera) ascendía a $ 15 millones y se desembolsó un monto de $ 19,3 millones, pudiendo asignarse lo restante a gastos de funcionamiento”, detalló. Añadió que por coparticipación federal secundaria correspondían $ 18,4 millones. “Es decir, una cifra inferior a la aportado por la Provincia. A ello debe sumarse la recaudación propia del municipio, que es de libre disponibilidad”, indicó. Y recordó que Famaillá -al igual que dos tercios de los municipios tucumanos- también renovó el “Pacto Social”, y lo hizo “de manera voluntaria”.
El bloque del Frente Renovador (FR) de la Legislatura salió el lunes en defensa del intendente massista Enrique Orellana, quien denunció que ediles alperovichistas de Famaillá, en sintonía con la Casa de Gobierno, rebajaron los recursos con que contaba la gestión del jefe municipal. Por ello, los tres legisladores tucumanos afines a Massa, José Teri, José Orellana (hermano mellizo de Enrique) y Gerónimo Vargas Aignasse, elevaron un pedido de informes a través del cuerpo colegiado para conocer con detalles el criterio con que el Poder Ejecutivo (PE) envía recursos a los diferentes municipios.
El escrito generó la reacción del legislador oficialista Ramiro González Navarro, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara. “El PE está cumpliendo rigurosamente el ‘Pacto Social’”, sostuvo el ex funcionario. González Navarro hacía alusión al programa que permite al Gobierno provincial tomar el dinero que les corresponde a los municipios y comunas por coparticipación federal y otros ingresos, a cambio de garantizarles el pago del salario de todos los empleados estatales y la financiación de obras públicas.
Famaillá forma parte del “Pacto Social”, pero el intendente Orellana asevera que está siendo sofocado por ediles que responden al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo. “Es todo político”, afirmó el “Mellizo”, que ayer celebró junto a su hermano los 50 años de vida.
Debido a esta presunta falta de recursos, el trío de massistas del parlamento requirió informes sobre los fondos que el PE remite a los gobiernos locales. El alperovichista González Navarro manifestó que “se depositaron en tiempo y forma los montos requeridos” para pago de sueldos y la atención de incrementos salariales, entre otros haberes de estatales.
El legislador a cargo de la comisión de Hacienda explicó que la Provincia “toma como base (de cálculo) la información y documentación que presenta cada municipio”. Y sostuvo que la gestión de Orellana percibió una suma superior a la estipulada. “En el caso de la Municipalidad de Famaillá, durante los cuatro primeros meses del año, el total de la planilla salarial presentada (excluyendo los conceptos que se depositan: previsionales, sepelio, etcétera) ascendía a $ 15 millones y se desembolsó un monto de $ 19,3 millones, pudiendo asignarse lo restante a gastos de funcionamiento”, detalló. Añadió que por coparticipación federal secundaria correspondían $ 18,4 millones. “Es decir, una cifra inferior a la aportado por la Provincia. A ello debe sumarse la recaudación propia del municipio, que es de libre disponibilidad”, indicó. Y recordó que Famaillá -al igual que dos tercios de los municipios tucumanos- también renovó el “Pacto Social”, y lo hizo “de manera voluntaria”.
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