Albaca insiste con jubilarse como fiscal, mientras el Gobierno resuelve su futuro

El futuro del fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Carlos Albaca, duramente cuestionado por su labor en la impune causa por la muerte de Paulina Lebbos, se dirime por estas horas en diferentes órbitas de los tres poderes del Estado provincial. Y mientras avanzan los trámites que podrían derivar en la remoción del magistrado, este continúa buscando la manera de que se acepte su renuncia condicionada, para quedar a un paso de jubilarse con el 82% móvil.

El presunto mal desempeño de Albaca en el caso “Lebbos” -investigó durante siete años el deceso de la estudiante, sin resultados positivos- derivó en dos actuaciones: un sumario administrativo iniciado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y un pedido de destitución impulsado por el PRO, ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura.

En principio, el fiscal había logrado evitar estas acusaciones, al presentar la renuncia condicionada para acceder a la jubilación como magistrado -la ley marca que esto torna en abstractos los planteos de destitución-. Sin embargo, a principios de este mes se conoció la acordada N° 343/14 de la CSJT. En ese documento, el alto tribunal advirtió sobre un informe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) donde consta que hasta 2013 Albaca no reunía los aportes necesarios para su retiro. Por lo tanto, se abrió la posibilidad de que el funcionario judicial sea susceptible de ser removido de los Tribunales penales.

La Corte notificó sobre esta situación a la Casa de Gobierno. Antes del viernes, la Fiscalía de Estado, que conduce Jorge Posse Ponessa, emitiría un dictamen explicando por qué se había aconsejado aceptar la dimisión condicionada del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), pese a que aún no estaba en condiciones de pasar al sector pasivo. Fuentes del PE detallaron que se requirió nuevamente a la Anses el envío de datos para que la Fiscalía de Estado pueda elevar su opinión a la CSJT. Si el informe actualizado revela que el magistrado sí reúne los requisitos, se considerará válido su pedido de renuncia, y los planteos de remoción quedarán archivados.

En seis días, Albaca tiene turno en el organismo previsional para tratar de regularizar su situación. Ya dio aviso sobre esta cita al PE y a la Legislatura.

En el Parlamento

La comisión de Juicio Político, que preside el ultraalperovichista Sisto Terán Nougués, recibió la demanda del legislador macrista Alberto Colombres Garmendia la semana pasada. El referente del PRO ratificó su pedido de remoción. Tras esto, el equipo parlamentario (integrado por 11 oficialistas y un opositor) dirigió oficios a la Anses -también para conocer el estado de los aportes de Albaca- y a la Casa de Gobierno -para solicitar su opinión respecto a la dimisión condicionada que formuló el magistrado-. Según fuentes legislativas, la comisión tiene hasta el 29 de mayo para resolver si corre traslado de la acusación al demandado. En caso de que el titular de la Fiscalía II° logre regularizar su situación previsional antes de ese plazo, el equipo de Juicio Político archivará el expediente.

Albaca había logrado sortear las imputaciones por su presunto mal desempeño en febrero de este año, gracias a que el gobernador, José Alperovich, había aceptado su renuncia (que luego la CSJT puso en duda mediante los informes de la Anses). Los legisladores al mando de Terán Nougués votaron por la extinción de la acción. Un pedido de la UCR siguió idéntico destino.

Albaca llegó a la Fiscalía de Instrucción de la II° Nominación en los ‘90. Se llevó las críticas del padre de la víctima, Alberto Lebbos, por haber llevado la pesquisa sin resultados hasta el año pasado, cuando se inhibió de continuar. Este año, al realizar un descargo en un sumario administrativo iniciado por la CSJT, el fiscal puso en duda que la víctima haya sido asesinada y emitió conceptos que organismos judiciales, políticos y civiles repudiaron con énfasis.