Por Abrehu Carlos
11 Mayo 2014
La discusión de un proyecto para reordenar las finanzas provinciales insumió un bimestre de 1986. Esa propuesta de ley murió sin pena ni gloria el 30 de junio en el Senado, en medio de la euforia suscitada por el regreso del seleccionado de fútbol que ganó la Copa del Mundo.
El gobierno de Fernando Riera envió a ese cuerpo una iniciativa conocida como el desenganche salarial, al comenzar mayo. Ella establecía que la remuneración máxima era la del gobernador, mientras que la del presidente de la Corte Suprema de Justicia equivalía al 92% del sueldo tope. Los vocales de la Corte, en tanto, percibirían el 72% de lo que ganara el jefe del Ejecutivo.
Para la administración pública centralizada, el sueldo básico lo fijaría el gobierno provincial, desenganchándose del salario mínimo, vital y móvil que determinaba el presidente Raúl Alfonsín.
El techo salarial de los funcionarios públicos era el 92% del sueldo de riera. El texto elaborado en el ministerio de Economía - piloteado por Osvaldo Cirnigliaro- introducía modificaciones en los convenios de Vialidad, Dipos (obras sanitarias) y Previsión Social. Carlos Rodríguez Marañón -titular de la Corte- justificó por qué ganaba más que Riera.
El escenario
Del debate que siguió al ingreso de la proposición del Ejecutivo en el Senado, surgieron algunos datos. La administración rierista quería ejercer la autonomía en materia salarial, alejándose del salario mínimo, vital y móvil del orden nacional. Al mismo tiempo, reconocía implícitamente el éxito inicial del Plan Austral, con el brusco descenso de la inflación. Emergieron, por otra parte, las tensiones internas entre el ministro Cirnigliaro y los senadores peronistas que resistían su proyección política con miras a la elección de gobernador de 1987. Gravitaron también en la suma de escollos, los recelos de los otros poderes, especialmente de la Justicia.
El secretario de Hacienda, Carlos Dionisi, explicó a los senadores que el PE propiciaba eliminar profundas desigualdades y producir un ahorro de $ 11 millones de australes en el 86. Sanear las finanzas y pagar dentro de las posibilidades de la provincia, eran las ideas fuerza expuestas por Dionisi. El senador Antonio Guerrero (PJ) planteó que el desenganche violaba la división de poderes.
Desde que empezó el tratamiento legislativo del asunto se sucedieron las movilizaciones de los gremios afectados en sus sueldos por el desenganche. Cirnigliaro era el blanco de las críticas sindicales. A todo esto, Riera se hallaba en Buenos Aires, donde atendía su salud y participaba de las negociaciones por el precio del azúcar.
Así las cosas, el titular de Diputados y gobernador interino, Miguel Nazur, calificó de reacciones naturales a las protestas de los gremios y precisó que el desenganche implicaba recuperar la facultad de las provincia de fijar salarios por ley. Advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con el pago salarial si se seguía así. A su vez, Dionisi indicó que ante la inexistencia de hiperinflación, no se justifica fijar los aumentos por decreto. Esto fue dicho el 7 de mayo ante sindicalistas en la Casa de Gobierno. Los senadores Hugo Lazarte y Alberto Herrera (PJ) prometían en tanto escuchar las voces sindicales.
Rumbo al fracaso
Carlos Arias, que presidía la comisión de Hacienda del Senado, adelantó algunos cambios y lamentó la falta de consulta a los sectores. Mayo transcurrió en medio de cabildeos y movilizaciones. El Senado aprobó el 30 una cuestión de privilegio contra Dionisi, que había tildado de desquiciados mentales a sus miembros. Ser duro es echar 10.000 estatales, acotaba Cirnigliaro. Finalmente, el 30 de junio, el Senado, con el voto del PJ y de la UCR, mandó el desenganche al archivo, que murió sin pena ni gloria.
El gobierno de Fernando Riera envió a ese cuerpo una iniciativa conocida como el desenganche salarial, al comenzar mayo. Ella establecía que la remuneración máxima era la del gobernador, mientras que la del presidente de la Corte Suprema de Justicia equivalía al 92% del sueldo tope. Los vocales de la Corte, en tanto, percibirían el 72% de lo que ganara el jefe del Ejecutivo.
Para la administración pública centralizada, el sueldo básico lo fijaría el gobierno provincial, desenganchándose del salario mínimo, vital y móvil que determinaba el presidente Raúl Alfonsín.
El techo salarial de los funcionarios públicos era el 92% del sueldo de riera. El texto elaborado en el ministerio de Economía - piloteado por Osvaldo Cirnigliaro- introducía modificaciones en los convenios de Vialidad, Dipos (obras sanitarias) y Previsión Social. Carlos Rodríguez Marañón -titular de la Corte- justificó por qué ganaba más que Riera.
El escenario
Del debate que siguió al ingreso de la proposición del Ejecutivo en el Senado, surgieron algunos datos. La administración rierista quería ejercer la autonomía en materia salarial, alejándose del salario mínimo, vital y móvil del orden nacional. Al mismo tiempo, reconocía implícitamente el éxito inicial del Plan Austral, con el brusco descenso de la inflación. Emergieron, por otra parte, las tensiones internas entre el ministro Cirnigliaro y los senadores peronistas que resistían su proyección política con miras a la elección de gobernador de 1987. Gravitaron también en la suma de escollos, los recelos de los otros poderes, especialmente de la Justicia.
El secretario de Hacienda, Carlos Dionisi, explicó a los senadores que el PE propiciaba eliminar profundas desigualdades y producir un ahorro de $ 11 millones de australes en el 86. Sanear las finanzas y pagar dentro de las posibilidades de la provincia, eran las ideas fuerza expuestas por Dionisi. El senador Antonio Guerrero (PJ) planteó que el desenganche violaba la división de poderes.
Desde que empezó el tratamiento legislativo del asunto se sucedieron las movilizaciones de los gremios afectados en sus sueldos por el desenganche. Cirnigliaro era el blanco de las críticas sindicales. A todo esto, Riera se hallaba en Buenos Aires, donde atendía su salud y participaba de las negociaciones por el precio del azúcar.
Así las cosas, el titular de Diputados y gobernador interino, Miguel Nazur, calificó de reacciones naturales a las protestas de los gremios y precisó que el desenganche implicaba recuperar la facultad de las provincia de fijar salarios por ley. Advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con el pago salarial si se seguía así. A su vez, Dionisi indicó que ante la inexistencia de hiperinflación, no se justifica fijar los aumentos por decreto. Esto fue dicho el 7 de mayo ante sindicalistas en la Casa de Gobierno. Los senadores Hugo Lazarte y Alberto Herrera (PJ) prometían en tanto escuchar las voces sindicales.
Rumbo al fracaso
Carlos Arias, que presidía la comisión de Hacienda del Senado, adelantó algunos cambios y lamentó la falta de consulta a los sectores. Mayo transcurrió en medio de cabildeos y movilizaciones. El Senado aprobó el 30 una cuestión de privilegio contra Dionisi, que había tildado de desquiciados mentales a sus miembros. Ser duro es echar 10.000 estatales, acotaba Cirnigliaro. Finalmente, el 30 de junio, el Senado, con el voto del PJ y de la UCR, mandó el desenganche al archivo, que murió sin pena ni gloria.
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