09 Mayo 2014
Un fiscal solicita la indagatoria de Cerisola
Dos informes ponen en tela de juicio el uso de fondos públicos provenientes de YMAD para obras edilicias iniciadas en 2011, en Derecho; Filosofía y Letras, y Asunt El requerimiento del Ministerio Público alcanza también a otros cuatro funcionarios y ex directivos de la Universidad Nacional de Tucumán
Las irregularidades múltiples constatadas en la disposición de fondos públicos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) justifican el llamado a declarar como imputado de Juan Alberto Cerisola, rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), según el fiscal federal Carlos Brito. El requerimiento incluye también a otros cuatro funcionarios vinculados a la institución fundada por el prócer Juan B. Terán: Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Olga Graciela Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto e inspector de obra, y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones.
El dictamen del Ministerio Público se apoya en los informes técnicos que cuestionan con severidad el trámite que aplicó la UNT en tres proyectos edilicios millonarios: la construcción del complejo de aulas de la Facultad de Filosofía y Letras; la restauración y ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la remodelación del local de la Acción Social de la UNT (Asunt). El requerimiento presentado este martes en el Juzgado Federal Nº2 deja de lado las imputaciones relativas a Asunt, debido a que esa obra está incluida en otra pesquisa iniciada en 2010, en virtud de la denuncia del ciudadano Ramón Eudal.
Tanto la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) coincidieron en detectar una plaga de irregularidades en las obras analizadas, que representan el 42% del universo de proyectos informados por Construcciones Universitarias para 2011. La auditoría de la Sigen, que da origen y nombre a la pesquisa dirigida por Brito, llegó a la siguiente conclusión: “las autoridades de la UNT crearon un mecanismo normativo paralelo (mediante resoluciones de 2008) con la finalidad de eludir los procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, obviando la Ley de Obras Públicas”.
El organismo de control añadió que, al amparo de ese régimen, las autoridades universitarias -imputadas por Brito- habrían realizado maniobras para evitar la transparencia de los procedimientos contractuales; facilitar la arbitrariedad en la asignación de los contratos; reconocer erogaciones no previstas y eludir todo mecanismo diseñado para garantizar que las contrataciones cumplan los principios de razonabilidad, eficiencia, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad que consagra la normativa vigente. “Todo esto causó una lesión patrimonial a la Administración Pública nacional”, expresó la Sigen.
Luego de analizar la auditoría de la Sindicatura y la información que aportó la UNT, la Procelac advirtió que el origen de las supuestas anomalías estaba en las resoluciones relativas al manejo de los fondos girados por YMAD que firmaron Cerisola y Reimundín en 2008. El órgano creado por Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, dijo que a esto había que agregar la resolución del mismo año que dispone que Construcciones Universitarias pase a depender directamente del rector. “Como resultado de tal proceder, hubo pagos de sobreprecios; beneficios para empresas contratistas; incumplimiento de deberes básicos de funcionarios públicos y limitación de la publicidad de los actos de gobierno, entre otras prácticas cuestionables”, manifestó la Procelac.
Poviña decide
El fiscal federal imputó a Cerisola la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; de malversación de caudales y de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Reimundín habría incurrido en abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos mientras que la conducta desplegada por Cudmani, Venturino y Lobo estaría encuadrada en la figura de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
El requerimiento de indagatoria ha de ser decidido por Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2. Este acto procede cuando hubiese motivo bastante para sospechar que un ciudadano ha participado en la comisión de un delito, según el Código Procesal Penal de la Nación. La misma normativa dispone que el imputado podrá abstenerse de declarar y que en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
El código establece, además, que en el plazo de 10 días a contar desde la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiese elementos de convicción suficientes para considerar que existe un hecho delictuoso y que el procesado es culpable como partícipe de este.
Cambio en el horizonte
Los supuestos excesos que detalló Brito (en función de los informes técnicos citados) ocurrieron en un ámbito desprovisto de la debida fiscalización interna. “Esta situación fue considerada en el seno del Consejo Superior de la UNT, que en mayo de 2010 resolvió conformar una comisión especial destinada a profundizar la investigación practicada por la comisión de Interpretación y Reglamento sobre las distintas anomalías advertidas y señaladas por esta. Pero la comisión especial nunca fue constituida y quedó disuelta en septiembre de 2010, sin que en principio hubiese argumentos razonables para justificar tal decisión”, apuntó la Sigen.
Y añadió: “durante el período analizado, Construcciones Universitarias desarrolló un accionar sin control adecuado y en un ambiente proclive a la ocurrencia de desvíos, errores o irregularidades que dejarían expuesta a esa casa de altos estudios a riesgos y perjuicios patrimoniales de magnitud”.
Las utilidades millonarias que envió -y sigue enviando- YMAD a la UNT deben ser considerados fondos públicos, según Brito, la Sigen y la Procelac. “Correspondía, entonces, disponer de ellos siempre con licitaciones públicas”, expresó el fiscal. YMAD es una empresa del Estado en la que la UNT tiene participación societaria; esta compañía percibe ingresos por la explotación del yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de la Alumbrera”. El dinero procedente de YMAD financió una cantidad inmensa de obras universitarias durante la gestión de Cerisola, que accedió al puesto de rector hace ocho años y entregará el poder el próximo 29 de mayo.
El dictamen de Brito llega en un momento crítico del proceso de renovación de autoridades universitarias: los consejos de las respectivas unidades académicas elegirán hoy a los decanos y vicedecanos, y la asamblea votará la fórmula de rector y vicerrector el próximo 16 de mayo. Cuatro fórmulas aspiran a esos dos cargos: Alicia Bardón-José García (binomio apoyado por Cerisola, que tiene a Bardón como vicerrectora); Eduardo Coletti-Adela Estofán de Terraf; Mateo Martínez-Cristina de la Cruz y Eduardo Ruiz Pesce-Juan Carlos Díaz Ricci. Estos candidatos disponen aún de tiempo para conseguir el apoyo de los electores, pero a partir de hoy (o del martes) algo sustancial cambió en el horizonte de la UNT, en la medida de que existe la posibilidad de que el rector saliente, y otros cuatro colaboradores y ex colaboradores sean procesados por la supuesta comisión de delitos en el ejercicio de la función pública.
El dictamen del Ministerio Público se apoya en los informes técnicos que cuestionan con severidad el trámite que aplicó la UNT en tres proyectos edilicios millonarios: la construcción del complejo de aulas de la Facultad de Filosofía y Letras; la restauración y ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la remodelación del local de la Acción Social de la UNT (Asunt). El requerimiento presentado este martes en el Juzgado Federal Nº2 deja de lado las imputaciones relativas a Asunt, debido a que esa obra está incluida en otra pesquisa iniciada en 2010, en virtud de la denuncia del ciudadano Ramón Eudal.
Tanto la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) coincidieron en detectar una plaga de irregularidades en las obras analizadas, que representan el 42% del universo de proyectos informados por Construcciones Universitarias para 2011. La auditoría de la Sigen, que da origen y nombre a la pesquisa dirigida por Brito, llegó a la siguiente conclusión: “las autoridades de la UNT crearon un mecanismo normativo paralelo (mediante resoluciones de 2008) con la finalidad de eludir los procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, obviando la Ley de Obras Públicas”.
El organismo de control añadió que, al amparo de ese régimen, las autoridades universitarias -imputadas por Brito- habrían realizado maniobras para evitar la transparencia de los procedimientos contractuales; facilitar la arbitrariedad en la asignación de los contratos; reconocer erogaciones no previstas y eludir todo mecanismo diseñado para garantizar que las contrataciones cumplan los principios de razonabilidad, eficiencia, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad que consagra la normativa vigente. “Todo esto causó una lesión patrimonial a la Administración Pública nacional”, expresó la Sigen.
Luego de analizar la auditoría de la Sindicatura y la información que aportó la UNT, la Procelac advirtió que el origen de las supuestas anomalías estaba en las resoluciones relativas al manejo de los fondos girados por YMAD que firmaron Cerisola y Reimundín en 2008. El órgano creado por Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, dijo que a esto había que agregar la resolución del mismo año que dispone que Construcciones Universitarias pase a depender directamente del rector. “Como resultado de tal proceder, hubo pagos de sobreprecios; beneficios para empresas contratistas; incumplimiento de deberes básicos de funcionarios públicos y limitación de la publicidad de los actos de gobierno, entre otras prácticas cuestionables”, manifestó la Procelac.
Poviña decide
El fiscal federal imputó a Cerisola la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; de malversación de caudales y de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Reimundín habría incurrido en abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos mientras que la conducta desplegada por Cudmani, Venturino y Lobo estaría encuadrada en la figura de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
El requerimiento de indagatoria ha de ser decidido por Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2. Este acto procede cuando hubiese motivo bastante para sospechar que un ciudadano ha participado en la comisión de un delito, según el Código Procesal Penal de la Nación. La misma normativa dispone que el imputado podrá abstenerse de declarar y que en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
El código establece, además, que en el plazo de 10 días a contar desde la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que hubiese elementos de convicción suficientes para considerar que existe un hecho delictuoso y que el procesado es culpable como partícipe de este.
Cambio en el horizonte
Los supuestos excesos que detalló Brito (en función de los informes técnicos citados) ocurrieron en un ámbito desprovisto de la debida fiscalización interna. “Esta situación fue considerada en el seno del Consejo Superior de la UNT, que en mayo de 2010 resolvió conformar una comisión especial destinada a profundizar la investigación practicada por la comisión de Interpretación y Reglamento sobre las distintas anomalías advertidas y señaladas por esta. Pero la comisión especial nunca fue constituida y quedó disuelta en septiembre de 2010, sin que en principio hubiese argumentos razonables para justificar tal decisión”, apuntó la Sigen.
Y añadió: “durante el período analizado, Construcciones Universitarias desarrolló un accionar sin control adecuado y en un ambiente proclive a la ocurrencia de desvíos, errores o irregularidades que dejarían expuesta a esa casa de altos estudios a riesgos y perjuicios patrimoniales de magnitud”.
Las utilidades millonarias que envió -y sigue enviando- YMAD a la UNT deben ser considerados fondos públicos, según Brito, la Sigen y la Procelac. “Correspondía, entonces, disponer de ellos siempre con licitaciones públicas”, expresó el fiscal. YMAD es una empresa del Estado en la que la UNT tiene participación societaria; esta compañía percibe ingresos por la explotación del yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de la Alumbrera”. El dinero procedente de YMAD financió una cantidad inmensa de obras universitarias durante la gestión de Cerisola, que accedió al puesto de rector hace ocho años y entregará el poder el próximo 29 de mayo.
El dictamen de Brito llega en un momento crítico del proceso de renovación de autoridades universitarias: los consejos de las respectivas unidades académicas elegirán hoy a los decanos y vicedecanos, y la asamblea votará la fórmula de rector y vicerrector el próximo 16 de mayo. Cuatro fórmulas aspiran a esos dos cargos: Alicia Bardón-José García (binomio apoyado por Cerisola, que tiene a Bardón como vicerrectora); Eduardo Coletti-Adela Estofán de Terraf; Mateo Martínez-Cristina de la Cruz y Eduardo Ruiz Pesce-Juan Carlos Díaz Ricci. Estos candidatos disponen aún de tiempo para conseguir el apoyo de los electores, pero a partir de hoy (o del martes) algo sustancial cambió en el horizonte de la UNT, en la medida de que existe la posibilidad de que el rector saliente, y otros cuatro colaboradores y ex colaboradores sean procesados por la supuesta comisión de delitos en el ejercicio de la función pública.
Lo más popular
