06 Mayo 2014
La remoción de Albaca, en manos legislativas
La comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió un planteo de destitución formulado por el opositor Colombres Garmendia (PRO) El febrero, la Cámara había archivado dos pedidos para expulsar al fiscal, ya que había renunciado para jubilarse con el 82% móvil. Aportes insuficientes, según Anses
LABOR. En 2011, el fiscal Albaca tomó el caso del crimen de Pablo Aiziczon. El expediente tampoco llegó a juicio. la gaceta / foto de franco vera (archivo)
En 1992, cuando tomó el mando de la Fiscalía de Instrucción de la II° Nominación de la Capital, Carlos Albaca comenzó la investigación por el crimen del policía Juan Andrés Salinas, quien fue acribillado en la esquina de República del Líbano y España, presuntamente a manos de un grupo parapolicial autodenominado “Atila”. A 22 años de ese homicidio, que continúa impune, el futuro de Albaca en los Tribunales penales parece complicarse por otro caso que no pudo resolver: la muerte de la estudiante Paulina Alejandra Lebbos.
Con el argumento de un mal desempeño en la pesquisa de la causa “Lebbos”, el legislador macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO) llevó otra vez a la comisión de Juicio Político de la Cámara un planteo para que el fiscal Albaca sea destituido.
Según fuentes del cuerpo colegiado, el grupo parlamentario que preside el alperovichista Sisto Terán Nougués ya fue notificado sobre la presentación de Colombres Garmendia. En las próximas horas, el opositor será citado para que ratifique la acusación. La comisión, que tiene 11 integrantes oficialistas y un opositor, estaría luego en condiciones -si lo cree pertinente- de elevar al Jury de Enjuiciamiento el expediente.
La oposición tomó nota de la acordada N° 343/14 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), en la que el alto tribunal advirtió sobre un informe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) donde consta que hasta el año pasado Albaca no reunía los aportes necesarios para obtener la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Este trámite tenía “blindado” al titular de la Fiscalía II°, ya que había presentado la renuncia condicionada ante el Poder Ejecutivo (PE) y la CSJT para pasar al sector pasivo.
En febrero pasado, con este proceso jubilatorio en curso, la comisión de Juicio Político decidió archivar pedidos de remoción que habían formulado el PRO, a través de Colombres Garmendia, y la UCR, con la firma del diputado José Cano. El grupo a cargo de Terán Nougués tuvo en consideración que la Carta Magna establece la extinción de la acusación cuando el procesado dimite a su cargo. Ahora, con el nuevo pedido de destitución del macrismo, se reimpulsó el expediente. “Si no puede renunciar, siguen corriendo los plazos de juicio político”, advirtió el legislador Guillermo Gassenbauer, vicepresidente de esa comisión parlamentaria.
Colombres Garmendia consideró válido su requerimiento de formación del Jurado de Enjuiciamiento. “Es de esperar que ahora sí la comisión actúe con la celeridad y transparencia que amerita este asunto de extrema gravedad, ya que este fiscal no sólo tuvo un pésimo desempeño en la causa ‘Lebbos’, sino que en su descargo realizado ante la Corte Suprema demostró una falta total de profesionalismo y calidez humana, poco más que insultando la memoria de la víctima, apelando a manifestaciones de una bajeza atroz para justificar su mal y polémico desempeño”, sostuvo Colombres Garmendia.
Apuntó luego contra el gobernador, José Alperovich. “Es muy cuestionable que le haya aceptado la renuncia sin haber confirmado que este funcionario judicial estaba en regla con su documentación previsional”, añadió.
Los expedientes iniciales
El Ejecutivo ya recibió la notificación de la situación previsional de Albaca, que fue advertida por la Anses a la CSJT. Ayer a la mañana, mientras recorría obras en el barrio Victoria, Alperovich fue consultado sobre el curso que podrían seguir los pedidos de juicio político que originalmente habían planteado el PRO y la UCR (para entonces no se había oficializado la nueva acusación del macrismo). “La renuncia (del fiscal) estaba condicionada a que le acepten la jubilación. Si no se la aceptan… La verdad que desde el punto de vista legal no sé cómo es”, comentó el gobernador.
La notificación del alto tribunal y la eventual respuesta que podría dar la Casa de Gobierno está siendo analizada por el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse, y el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Estos deberían determinar si el PE responderá o no respecto al futuro administrativo de Albaca.
El fiscal, mientras tanto, estaría intentando solucionar su situación ante Anses con abogados previsionales. Ya no resolverá el caso “Salinas”, su desafío inicial. Y ahora, la irresoluta causa “Lebbos”, de la que se desprendió el año pasado, podría marcar su despedida de Tribunales.
Con el argumento de un mal desempeño en la pesquisa de la causa “Lebbos”, el legislador macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO) llevó otra vez a la comisión de Juicio Político de la Cámara un planteo para que el fiscal Albaca sea destituido.
Según fuentes del cuerpo colegiado, el grupo parlamentario que preside el alperovichista Sisto Terán Nougués ya fue notificado sobre la presentación de Colombres Garmendia. En las próximas horas, el opositor será citado para que ratifique la acusación. La comisión, que tiene 11 integrantes oficialistas y un opositor, estaría luego en condiciones -si lo cree pertinente- de elevar al Jury de Enjuiciamiento el expediente.
La oposición tomó nota de la acordada N° 343/14 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), en la que el alto tribunal advirtió sobre un informe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) donde consta que hasta el año pasado Albaca no reunía los aportes necesarios para obtener la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Este trámite tenía “blindado” al titular de la Fiscalía II°, ya que había presentado la renuncia condicionada ante el Poder Ejecutivo (PE) y la CSJT para pasar al sector pasivo.
En febrero pasado, con este proceso jubilatorio en curso, la comisión de Juicio Político decidió archivar pedidos de remoción que habían formulado el PRO, a través de Colombres Garmendia, y la UCR, con la firma del diputado José Cano. El grupo a cargo de Terán Nougués tuvo en consideración que la Carta Magna establece la extinción de la acusación cuando el procesado dimite a su cargo. Ahora, con el nuevo pedido de destitución del macrismo, se reimpulsó el expediente. “Si no puede renunciar, siguen corriendo los plazos de juicio político”, advirtió el legislador Guillermo Gassenbauer, vicepresidente de esa comisión parlamentaria.
Colombres Garmendia consideró válido su requerimiento de formación del Jurado de Enjuiciamiento. “Es de esperar que ahora sí la comisión actúe con la celeridad y transparencia que amerita este asunto de extrema gravedad, ya que este fiscal no sólo tuvo un pésimo desempeño en la causa ‘Lebbos’, sino que en su descargo realizado ante la Corte Suprema demostró una falta total de profesionalismo y calidez humana, poco más que insultando la memoria de la víctima, apelando a manifestaciones de una bajeza atroz para justificar su mal y polémico desempeño”, sostuvo Colombres Garmendia.
Apuntó luego contra el gobernador, José Alperovich. “Es muy cuestionable que le haya aceptado la renuncia sin haber confirmado que este funcionario judicial estaba en regla con su documentación previsional”, añadió.
Los expedientes iniciales
El Ejecutivo ya recibió la notificación de la situación previsional de Albaca, que fue advertida por la Anses a la CSJT. Ayer a la mañana, mientras recorría obras en el barrio Victoria, Alperovich fue consultado sobre el curso que podrían seguir los pedidos de juicio político que originalmente habían planteado el PRO y la UCR (para entonces no se había oficializado la nueva acusación del macrismo). “La renuncia (del fiscal) estaba condicionada a que le acepten la jubilación. Si no se la aceptan… La verdad que desde el punto de vista legal no sé cómo es”, comentó el gobernador.
La notificación del alto tribunal y la eventual respuesta que podría dar la Casa de Gobierno está siendo analizada por el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse, y el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Estos deberían determinar si el PE responderá o no respecto al futuro administrativo de Albaca.
El fiscal, mientras tanto, estaría intentando solucionar su situación ante Anses con abogados previsionales. Ya no resolverá el caso “Salinas”, su desafío inicial. Y ahora, la irresoluta causa “Lebbos”, de la que se desprendió el año pasado, podría marcar su despedida de Tribunales.
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