Por Fernando Stanich
05 Mayo 2014
Susana Trimarco tiene, al menos, el consuelo de que por la desaparición de su hija la Justicia dictó, hace casi un mes, 10 condenas. Alberto Lebbos, en cambio, busca hace siete años que alguien pague por el horroroso crimen de su hija. Ambos casos comparten el triste cartel de haberse convertido, en la última década, en dos de los hechos impunes más emblemáticos del país. Ambos presentan, además, un común denominador: sucedieron en Tucumán. Ambos, incluso, perturbarán hasta el último día de su mandato al gobernador, José Alperovich.
Aunque le cueste asumir al oficialismo, la realidad indica que ambos hechos prácticamente monopolizaron la atención del tercer mandato alperovichista. El 11 de diciembre de 2012, el tribunal integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano había emitido el fallo absolutorio que hizo crujir por primera vez al alperovichismo. Un día después, en un hecho inédito, el gobernador se puso a disposición de la madre de Marita Verón, yendo a visitarla a la sede de su fundación. Desde entonces, y hasta el 8 de abril pasado, cuando otra cámara dictó las condenas para una decena de acusados -revocación del fallo absolutorio de la Corte Suprema mediante-, el poder político se movió al ritmo del caso Verón. Ningún oficialista estaba convencido de lo que hacía, pero la presión de quedar bien con el kirchnerismo y no embravecer aún más a Trimarco los fue llevando, literalmente, de las narices. En el medio quedó un enredado proceso de juicio político trunco contra los tres camaristas que habían firmado la absolución y la certeza de que, tal como está planteado legalmente, el novel Jury de Enjuiciamiento para magistrados difícilmente pueda funcionar alguna vez.
A lo largo de 2012 y 2013, el alperovichismo pasó por todos los estados de ánimo posibles a raíz del caso Verón y, paralelamente, fue agigantando su preocupación por los empujones, cada vez más violentos, del caso Lebbos. Sólo el esmero del padre de Paulina mantiene aún en un rincón al oficialismo. Alberto Lebbos, desde hace siete años, grita en la plaza Independencia que el crimen de su hija permanece impune porque hay personas vinculadas al poder político involucradas. En diciembre, en un juicio accesorio al asesinato de la joven, dos ex policías fueron condenados y detenidos por ocultar y adulterar pruebas en el lugar en el que encontraron el cuerpo. Recién entonces, la Justicia consideró probado el encubrimiento del homicidio que tanto gritó Lebbos. Casi en paralelo, un sumario administrativo de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el fiscal Carlos Albaca, que tuvo a su cargo el caso hasta junio de 2013, “había incumplido las obligaciones inherentes a su cargo y que había sido funcional a la parálisis de la investigación”. Acorralado por los pedidos de juicio político, Albaca presentó su dimisión y Alperovich se la aceptó sin titubear, contradiciendo la postura que había adoptado para con los jueces del caso Verón, a quienes mantuvo bajo el yugo legislativo pese a sus renuncias.
Pero el destino volvió a poner al crimen de Paulina como una cuestión de Estado. La Anses truncó las ansias de retiro del fiscal y la Corte anuló los trámites jubilatorios. Otra vez, bajo presión, el alperovichismo deberá resolver si lleva a juicio político al cuestionado fiscal. En Casa de Gobierno, desde que Lebbos vinculó a hijos del poder con el encubrimiento del crimen de Paulina, se preocupan por aclarar que ningún oficialista le debe ningún favor al fiscal Albaca. Ahora, cuando ya comienza a despedirse del poder, es el propio gobernador el que tendrá la oportunidad de demostrar con acciones que nada lo ata al fiscal y que si el funcionario judicial actuó mal durante la investigación preparatoria, deberá ir a juicio político.
A diferencia de la mamá de Marita, Alberto Lebbos no tiene línea directa con la Casa Rosada. Y ese no es un dato menor. El alperovichismo, a diferencia de lo que ocurrió con Susana Trimarco, no sentirá mediante el papá de Paulina la presión kirchnerista encima. Sí, en cambio, la de los partidos opositores y de la sociedad tucumana, que también espera una explicación.
Aunque le cueste asumir al oficialismo, la realidad indica que ambos hechos prácticamente monopolizaron la atención del tercer mandato alperovichista. El 11 de diciembre de 2012, el tribunal integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano había emitido el fallo absolutorio que hizo crujir por primera vez al alperovichismo. Un día después, en un hecho inédito, el gobernador se puso a disposición de la madre de Marita Verón, yendo a visitarla a la sede de su fundación. Desde entonces, y hasta el 8 de abril pasado, cuando otra cámara dictó las condenas para una decena de acusados -revocación del fallo absolutorio de la Corte Suprema mediante-, el poder político se movió al ritmo del caso Verón. Ningún oficialista estaba convencido de lo que hacía, pero la presión de quedar bien con el kirchnerismo y no embravecer aún más a Trimarco los fue llevando, literalmente, de las narices. En el medio quedó un enredado proceso de juicio político trunco contra los tres camaristas que habían firmado la absolución y la certeza de que, tal como está planteado legalmente, el novel Jury de Enjuiciamiento para magistrados difícilmente pueda funcionar alguna vez.
A lo largo de 2012 y 2013, el alperovichismo pasó por todos los estados de ánimo posibles a raíz del caso Verón y, paralelamente, fue agigantando su preocupación por los empujones, cada vez más violentos, del caso Lebbos. Sólo el esmero del padre de Paulina mantiene aún en un rincón al oficialismo. Alberto Lebbos, desde hace siete años, grita en la plaza Independencia que el crimen de su hija permanece impune porque hay personas vinculadas al poder político involucradas. En diciembre, en un juicio accesorio al asesinato de la joven, dos ex policías fueron condenados y detenidos por ocultar y adulterar pruebas en el lugar en el que encontraron el cuerpo. Recién entonces, la Justicia consideró probado el encubrimiento del homicidio que tanto gritó Lebbos. Casi en paralelo, un sumario administrativo de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el fiscal Carlos Albaca, que tuvo a su cargo el caso hasta junio de 2013, “había incumplido las obligaciones inherentes a su cargo y que había sido funcional a la parálisis de la investigación”. Acorralado por los pedidos de juicio político, Albaca presentó su dimisión y Alperovich se la aceptó sin titubear, contradiciendo la postura que había adoptado para con los jueces del caso Verón, a quienes mantuvo bajo el yugo legislativo pese a sus renuncias.
Pero el destino volvió a poner al crimen de Paulina como una cuestión de Estado. La Anses truncó las ansias de retiro del fiscal y la Corte anuló los trámites jubilatorios. Otra vez, bajo presión, el alperovichismo deberá resolver si lleva a juicio político al cuestionado fiscal. En Casa de Gobierno, desde que Lebbos vinculó a hijos del poder con el encubrimiento del crimen de Paulina, se preocupan por aclarar que ningún oficialista le debe ningún favor al fiscal Albaca. Ahora, cuando ya comienza a despedirse del poder, es el propio gobernador el que tendrá la oportunidad de demostrar con acciones que nada lo ata al fiscal y que si el funcionario judicial actuó mal durante la investigación preparatoria, deberá ir a juicio político.
A diferencia de la mamá de Marita, Alberto Lebbos no tiene línea directa con la Casa Rosada. Y ese no es un dato menor. El alperovichismo, a diferencia de lo que ocurrió con Susana Trimarco, no sentirá mediante el papá de Paulina la presión kirchnerista encima. Sí, en cambio, la de los partidos opositores y de la sociedad tucumana, que también espera una explicación.
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