Por Irene Benito
04 Mayo 2014
Los ojos de Tribunales estuvieron posados en otras cosas mientras en la Fiscalía de la II Nominación de esta capital se gestaba la negación de justicia que casi estrangula al caso “Lebbos”. Siempre será más grato contemplar un paisaje agradable que enfocar la mirada hacia un panorama deleznable. Pero ver sin mirar o, directamente, elegir no ver ha coadyuvado a la configuración del desastre que el fiscal Carlos Ramón Albaca perpetró durante los siete años en que “investigó” la muerte de Paulina Lebbos.
La Corte dispuso de lentes calificados para detectar la bomba de relojería que fabricaba Albaca, pero prefirió ocuparlos para observar inocuidades. El -en teoría- poderoso Cuerpo de Auditores dejó pasar al elefante de la irregularidad por su afición a colocar la lupa fiscalizadora sobre las hormigas (que, en principio, salieron indemnes de la evaluación de su aptitud para trabajar con eficacia, eficiencia y efectividad). De la información que publicó este órgano se desprende que la Fiscalía II se libró de la auditoría programada porque (¡ay!) nunca salió sorteada, “suerte” que comparte con las oficinas a cargo del polémico Guillermo Herrera y del quisquilloso Washington Navarro Dávila. Empero, la Corte y, en especial, el ministro público Luis De Mitri y el ex presidente Antonio Estofán siempre pudieron corregir los caprichos del azar con una auditoría de reacción inmediata, fiscalización reservada para los supuestos de quejas y denuncias en general. Sobraban desde hacía años los motivos para echar una mirada al búnker de Albaca, pero a nadie se le ocurrió o nadie se animó a hacerlo.
El Cuerpo de Auditores dispone de un staff de 19 funcionarios (elegidos discrecionalmente) con rango promedio de secretario de Cámara. Esta dotación única en la organización judicial supone un gasto mensual en sueldos que grosso modo superan los $ 450.000. Tal jerarquía fue justificada inicialmente con la alta tarea encomendada al órgano promovido por los vocales Estofán y René Goane durante la presidencia inaugural del primero (dejó esa posición en octubre). En 2010, ambos presentaron al Cuerpo de Auditores como un antídoto contra el descrédito de la Justicia. Entonces, Goane dijo que la nueva dependencia debía controlar por lo menos una vez año a cada oficina y disparó contra los jueces del fuero penal por convertir en letra muerta al Código Procesal de 1991. Para más inri o escarnio, añadió: “habrá que hacer un curso para explicarles lo que dicen las normas”.
Apagado el rifirrafe de rigor entre la Corte y la magistratura herida por las afirmaciones de Goane, este volvió a abordar el tema para declamar que los miembros del alto tribunal se proyectaban por medio de los brazos y ojos del Cuerpo de Auditores. Luego el proyecto se embarró con la polémica sobre la supuesta amenaza que este representaba para la independencia judicial. En ese momento, Estofán defendió su criatura asegurando que no había nada raro. Frente a la pregunta “¿quién controla a los que controlan?”, el amigo del gobernador respondió: “la Corte es garante del funcionamiento correcto del Cuerpo de Auditores”.
Regresan con furia las palabras pronunciadas en defensa del instituto que no pudo o no quiso fiscalizar a Albaca. Una vista rápida al Cuerpo de Auditores basta para constatar que tras casi cuatro años no logró auditar a todas las unidades judiciales, que se “salteó” las oficinas conflictivas, y que su estructura de privilegio benefició al personal mimado por Goane y Estofán (por allí pasó, por ejemplo, Alfredo De Santis, funcionario cuyo ascenso a relator de De Mitri generó un revuelo en el foro). Hasta junio de 2013, cuando las circunstancias no dejaron más alternativa que abrir un sumario, la Corte permaneció ciega a los excesos ostensibles de Albaca: hizo falta que la bomba estalle para que todas las miradas acusadoras caigan al mismo tiempo sobre el fiscal intocable.
La Corte dispuso de lentes calificados para detectar la bomba de relojería que fabricaba Albaca, pero prefirió ocuparlos para observar inocuidades. El -en teoría- poderoso Cuerpo de Auditores dejó pasar al elefante de la irregularidad por su afición a colocar la lupa fiscalizadora sobre las hormigas (que, en principio, salieron indemnes de la evaluación de su aptitud para trabajar con eficacia, eficiencia y efectividad). De la información que publicó este órgano se desprende que la Fiscalía II se libró de la auditoría programada porque (¡ay!) nunca salió sorteada, “suerte” que comparte con las oficinas a cargo del polémico Guillermo Herrera y del quisquilloso Washington Navarro Dávila. Empero, la Corte y, en especial, el ministro público Luis De Mitri y el ex presidente Antonio Estofán siempre pudieron corregir los caprichos del azar con una auditoría de reacción inmediata, fiscalización reservada para los supuestos de quejas y denuncias en general. Sobraban desde hacía años los motivos para echar una mirada al búnker de Albaca, pero a nadie se le ocurrió o nadie se animó a hacerlo.
El Cuerpo de Auditores dispone de un staff de 19 funcionarios (elegidos discrecionalmente) con rango promedio de secretario de Cámara. Esta dotación única en la organización judicial supone un gasto mensual en sueldos que grosso modo superan los $ 450.000. Tal jerarquía fue justificada inicialmente con la alta tarea encomendada al órgano promovido por los vocales Estofán y René Goane durante la presidencia inaugural del primero (dejó esa posición en octubre). En 2010, ambos presentaron al Cuerpo de Auditores como un antídoto contra el descrédito de la Justicia. Entonces, Goane dijo que la nueva dependencia debía controlar por lo menos una vez año a cada oficina y disparó contra los jueces del fuero penal por convertir en letra muerta al Código Procesal de 1991. Para más inri o escarnio, añadió: “habrá que hacer un curso para explicarles lo que dicen las normas”.
Apagado el rifirrafe de rigor entre la Corte y la magistratura herida por las afirmaciones de Goane, este volvió a abordar el tema para declamar que los miembros del alto tribunal se proyectaban por medio de los brazos y ojos del Cuerpo de Auditores. Luego el proyecto se embarró con la polémica sobre la supuesta amenaza que este representaba para la independencia judicial. En ese momento, Estofán defendió su criatura asegurando que no había nada raro. Frente a la pregunta “¿quién controla a los que controlan?”, el amigo del gobernador respondió: “la Corte es garante del funcionamiento correcto del Cuerpo de Auditores”.
Regresan con furia las palabras pronunciadas en defensa del instituto que no pudo o no quiso fiscalizar a Albaca. Una vista rápida al Cuerpo de Auditores basta para constatar que tras casi cuatro años no logró auditar a todas las unidades judiciales, que se “salteó” las oficinas conflictivas, y que su estructura de privilegio benefició al personal mimado por Goane y Estofán (por allí pasó, por ejemplo, Alfredo De Santis, funcionario cuyo ascenso a relator de De Mitri generó un revuelo en el foro). Hasta junio de 2013, cuando las circunstancias no dejaron más alternativa que abrir un sumario, la Corte permaneció ciega a los excesos ostensibles de Albaca: hizo falta que la bomba estalle para que todas las miradas acusadoras caigan al mismo tiempo sobre el fiscal intocable.
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