Por Federico Diego van Mameren
04 Mayo 2014
Hace más de tres años, en la antesala del despacho del gobernador esperaban pacientemente un puñado de funcionarios y unos cuantos periodistas. De repente las espigadas puertas se abrieron y salió el mandatario provincial junto a otros funcionarios. Los 10 pasos que separan esa puerta del recinto donde están las secretarias se cortaron con la aparición de Alfredo Calvo, el titular de la Sociedad de Aguas de Tucumán (SAT). “No te preocupes por lo que dice LA GACETA ni por las críticas, vos preocupate por lo que yo pienso”. Alperovich desplegó esas palabras a los gritos.
Una situación casi idéntica se vivió cuando el ministro de Salud Pablo Yedlin hizo el papelón de autorizar el pago de cursos de capacitación a una fundación que aún no existía. Según Alperovich no había ninguna irregularidad y punto.
Durante sus años de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo ha tomado como vara de la gestión sus propios pareceres. Su palabra y sus decisiones siempre han sido más poderosas que la ley y que la razonabilidad de las instituciones. Así alguna vez llegó a desoír la resolución judicial que impedía la venta ambulante en el centro de la ciudad y él ordenó que se instalaran los ambulantes hasta que pasen las Fiestas de Reyes, sin importarle lo que había dispuesto la Justicia. Y, se cumplió la voluntad del titular del Ejecutivo.
Por conveniencia -nunca por ignorancia ni por equivocación- la confusión de la cosa pública con la cosa privada ha sido una verdadera constante en la vida de este Tucson, con leyes tan flácidas, como si nunca hubieran hecho ejercicio.
El italiano Norberto Bobbio supo advertir que lo público son aquellas cuestiones que se hacen de forma abierta a los espectadores y que lo privado se entiende que es lo que se dice y se hace en un círculo restringido, en privado. Lo público es de uso común, accesible a todos y por lo tanto abierto, explica el jurista, filósofo y politólogo. “Si uno de los presupuestos de la democracia es que los ciudadanos de un régimen democrático deben ser capaces de controlar las acciones de los gobernantes, fundamentalmente a través del voto, este control sería imposible si gran parte del proceso de toma de decisiones políticas se lleva a cabo en la oscuridad. Cuando los derechos de libertad están garantizados y protegidos, como debería suceder en un régimen democrático, ese control se vuelve más eficaz y se abre la posibilidad de la formación de una opinión pública”, agrega.
Cumplir con Bobbio es quizás un sueño por estos lares. Estas dos últimas semanas quedó clarísimo. Por el juego de las intrigas políticas quedó al descubierto documentación de la Anses que señala que una persona archiconocida en todo el país como Marianela Mirra había sido designada en la Legislatura y al mismo tiempo en un banco privado y en el Poder Ejecutivo. Las designaciones y la simultaneidad debían haber alertado que algo no estaba bien.
En la Cámara donde todo debería ser público y donde están los representantes de los ciudadanos se tapó todo. Ninguno de los 49 legisladores supo qué contestar al respecto cuando se trata de una cosa absolutamente pública. Es una designación que, además, se hace con dineros públicos. En el hipotético caso de que ninguno de los legisladores supieran algo, el secretario de la Cámara, el ex socialista Antonio Ruiz Olivares debería saberlo. Y, en última instancia, el presidente de la Legislatura, (en el momento de la designación era) Juan Manzur, lo debería saber y haber firmado la designación. Por lo general los nombramientos se realizan mediante una nota que firma el legislador interesado en la designación; pasa al secretario de la Legislatura y luego la firma el presidente. No obstante, también podría hacerse una designación por decisión del titular del cuerpo simplemente.
Mientras Manzur se hace el distraído por sus múltiples ocupaciones como ministro de Salud de la Nación, en la provincia, apenas trascendió el nombramiento de la ganadora de Gran Hermano, se buscó (el “se” implica desconocimiento e imprecisión, pero se hizo desde el Poder Ejecutivo) que alguien se hiciera cargo de la designación. Se rumoreó el lunes pasado que ese legislador iba a ser Gregorio García Biagosch, un sobreviviente de múltiples cambios políticos de la provincia. Comenzó siendo radical, simpatizó con la intervención federal y terminó bailando la música alperovichista. Cuando se enteró de que tenía que hacer este sacrificio, salió huyendo de la pista de baile.
Designaciones sin dueño no hay una sino cientos. Nombramientos de ñoquis, no se cuentan con los dedos, porque no alcanzan. Irregularidades de la cosa pública avalados por todos no son de ahora, son una deuda de la democracia. Lo incompresible es que se haga con tanta desfachatez y que haya tanto ocultamiento. “Es esencial para la democracia el ejercicio de los distintos derechos de libertad, que permiten que se forme una opinión pública y aseguren de esta manera que las acciones de los gobernantes no se mantengan en secreto en las cámaras de consejo, sino que salgan de las sedes ocultas en las que tratan de escapar de los ojos del público y sean valoradas, juzgadas y criticadas cuando se hacen públicas”. Eso aconseja Bobbio pero prefieren no llevarle el apunte, al menos Ruiz Olivares y Manzur, un hombre que sueña con ser gobernador, nada menos. Cuando Manzur llegó a la Legislatura, tanto él como Alperovich se preocuparon por dejar sentado el despilfarro y el manejo incongruente que venía realizando en la Legislatura Fernando Juri. Pareciera que todo cambió para que no cambie nada.
Por aquellos tiempos, cuando LA GACETA le consultó a Manzur cómo iba a reordenar el presupuesto de la Legislatura para clarificar los gastos reservados y las designaciones que tanto dolor de cabeza decía Alperovich que le causaba, el vicegobernador contestó: “no se preocupen, ya van a ver cómo se va a ordenar todo”. ¿Será que no pudo o que el orden desde lo privado es distinto al público? De todo esto, Alperovich no habla porque esta estructura hegemónica, seguramente tiene su anuencia.
Cualquier nombramiento, sea de Mirra o de quien fuera, tiene un responsable. Si el político no quisiera convertir lo público en privado, y viceversa, todo esto no sería noticia.
Residencia complicada
Mientras este affaire deja al descubierto el bajísimo nivel de transparencia y de ética de algunos políticos tucumanos, el secretario de Obras Públicas de la Nación deambula por el interior tucumano como esos viejos carros lecheros que cuatro décadas atrás recorrían insondables caminos con tal de dejar el nutritivo líquido. José López no ha dejado ni un día de enviar mensajes a los tucumanos y ha aterrizado cuantas veces pudo. Se lo vio de la mano de Manzur, de Beatriz Rojkés y solo también. Por las dudas, el diputado nacional Alfredo Dato anda recitando a quien quiera oírlo el artículo 88 de la Constitución provincial: “Para ser elegido gobernador se requiere tener 30 años de edad, dos de residencia inmediata en la Provincia y de ciudadanía en ejercicio”. Este último requisito demuestra que López, por muy concepcionense que sea, está un poco flojo de papeles para ser gobernador. Se tendrá que conformar con una candidatura a diputado nacional en todo caso. Aunque en Tucumán, cada vez que se tuvieron que acomodar esos papeles, nadie se preocupó mucho. Ortega y los Bussi pueden dar fe de ello. A López, los alperovichistas le hacen sentir que tiene todos los derechos ganados para postularse de lo que quiera. La cantidad de obras que llegaron a la provincia -que de paso habilitó el enriquecimiento a muchos, públicos y privados- justifica que si López pide un lugar salible de lo que quiera, puede tenerlo.
Reacciones inesperadas
En la Universidad Nacional de Tucumán ya todo es conciliábulo. Es difícil encontrar intersticios donde los comicios no sean factor decisivo de cada acción. Salvo el rector Juan Alberto Cerisola que se ha convertido en el hombre invisible, todos los interesados universitarios no respetan límites. Por eso José Hugo Saab no dudó un instante en llamar por teléfono a su amigo gobernador y quejarse de la falta de apoyo de algunos funcionarios de la Casa de Gobierno. El dardo envenenado iba directamente al corazón del arquitecto Ricardo Salim, quien -según los bardonistas- es el responsable de que la candidata del arquitecto Eduardo Coletti haya resultado electa en el decanato de Arquitectura. Una exageración que encuentra asidero en la votación.
La serenidad nerviosa
Los tiempos de la Justicia son tan lentos que provocan taquicardia en la política. En la Justicia Federal sigue sin definirse qué pasará con las causas en la que el rector Cerisola está siendo investigado. Una auditoría idéntica a la que le hicieron a Cerisola sobre irregularidades en las obras señala la falta de rendiciones de cuenta en la facultad de Medicina. Y, el plan Más Cerca de la Nación que fue denunciado por la senadora radical Silvia Elías de Pérez a raíz de las falencias detectadas, intranquiliza a algunos funcionarios “sijosesistas”. Los jueces federales tienen pequeñas bombas en sus escritorios, aún no activadas.
Una situación casi idéntica se vivió cuando el ministro de Salud Pablo Yedlin hizo el papelón de autorizar el pago de cursos de capacitación a una fundación que aún no existía. Según Alperovich no había ninguna irregularidad y punto.
Durante sus años de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo ha tomado como vara de la gestión sus propios pareceres. Su palabra y sus decisiones siempre han sido más poderosas que la ley y que la razonabilidad de las instituciones. Así alguna vez llegó a desoír la resolución judicial que impedía la venta ambulante en el centro de la ciudad y él ordenó que se instalaran los ambulantes hasta que pasen las Fiestas de Reyes, sin importarle lo que había dispuesto la Justicia. Y, se cumplió la voluntad del titular del Ejecutivo.
Por conveniencia -nunca por ignorancia ni por equivocación- la confusión de la cosa pública con la cosa privada ha sido una verdadera constante en la vida de este Tucson, con leyes tan flácidas, como si nunca hubieran hecho ejercicio.
El italiano Norberto Bobbio supo advertir que lo público son aquellas cuestiones que se hacen de forma abierta a los espectadores y que lo privado se entiende que es lo que se dice y se hace en un círculo restringido, en privado. Lo público es de uso común, accesible a todos y por lo tanto abierto, explica el jurista, filósofo y politólogo. “Si uno de los presupuestos de la democracia es que los ciudadanos de un régimen democrático deben ser capaces de controlar las acciones de los gobernantes, fundamentalmente a través del voto, este control sería imposible si gran parte del proceso de toma de decisiones políticas se lleva a cabo en la oscuridad. Cuando los derechos de libertad están garantizados y protegidos, como debería suceder en un régimen democrático, ese control se vuelve más eficaz y se abre la posibilidad de la formación de una opinión pública”, agrega.
Cumplir con Bobbio es quizás un sueño por estos lares. Estas dos últimas semanas quedó clarísimo. Por el juego de las intrigas políticas quedó al descubierto documentación de la Anses que señala que una persona archiconocida en todo el país como Marianela Mirra había sido designada en la Legislatura y al mismo tiempo en un banco privado y en el Poder Ejecutivo. Las designaciones y la simultaneidad debían haber alertado que algo no estaba bien.
En la Cámara donde todo debería ser público y donde están los representantes de los ciudadanos se tapó todo. Ninguno de los 49 legisladores supo qué contestar al respecto cuando se trata de una cosa absolutamente pública. Es una designación que, además, se hace con dineros públicos. En el hipotético caso de que ninguno de los legisladores supieran algo, el secretario de la Cámara, el ex socialista Antonio Ruiz Olivares debería saberlo. Y, en última instancia, el presidente de la Legislatura, (en el momento de la designación era) Juan Manzur, lo debería saber y haber firmado la designación. Por lo general los nombramientos se realizan mediante una nota que firma el legislador interesado en la designación; pasa al secretario de la Legislatura y luego la firma el presidente. No obstante, también podría hacerse una designación por decisión del titular del cuerpo simplemente.
Mientras Manzur se hace el distraído por sus múltiples ocupaciones como ministro de Salud de la Nación, en la provincia, apenas trascendió el nombramiento de la ganadora de Gran Hermano, se buscó (el “se” implica desconocimiento e imprecisión, pero se hizo desde el Poder Ejecutivo) que alguien se hiciera cargo de la designación. Se rumoreó el lunes pasado que ese legislador iba a ser Gregorio García Biagosch, un sobreviviente de múltiples cambios políticos de la provincia. Comenzó siendo radical, simpatizó con la intervención federal y terminó bailando la música alperovichista. Cuando se enteró de que tenía que hacer este sacrificio, salió huyendo de la pista de baile.
Designaciones sin dueño no hay una sino cientos. Nombramientos de ñoquis, no se cuentan con los dedos, porque no alcanzan. Irregularidades de la cosa pública avalados por todos no son de ahora, son una deuda de la democracia. Lo incompresible es que se haga con tanta desfachatez y que haya tanto ocultamiento. “Es esencial para la democracia el ejercicio de los distintos derechos de libertad, que permiten que se forme una opinión pública y aseguren de esta manera que las acciones de los gobernantes no se mantengan en secreto en las cámaras de consejo, sino que salgan de las sedes ocultas en las que tratan de escapar de los ojos del público y sean valoradas, juzgadas y criticadas cuando se hacen públicas”. Eso aconseja Bobbio pero prefieren no llevarle el apunte, al menos Ruiz Olivares y Manzur, un hombre que sueña con ser gobernador, nada menos. Cuando Manzur llegó a la Legislatura, tanto él como Alperovich se preocuparon por dejar sentado el despilfarro y el manejo incongruente que venía realizando en la Legislatura Fernando Juri. Pareciera que todo cambió para que no cambie nada.
Por aquellos tiempos, cuando LA GACETA le consultó a Manzur cómo iba a reordenar el presupuesto de la Legislatura para clarificar los gastos reservados y las designaciones que tanto dolor de cabeza decía Alperovich que le causaba, el vicegobernador contestó: “no se preocupen, ya van a ver cómo se va a ordenar todo”. ¿Será que no pudo o que el orden desde lo privado es distinto al público? De todo esto, Alperovich no habla porque esta estructura hegemónica, seguramente tiene su anuencia.
Cualquier nombramiento, sea de Mirra o de quien fuera, tiene un responsable. Si el político no quisiera convertir lo público en privado, y viceversa, todo esto no sería noticia.
Residencia complicada
Mientras este affaire deja al descubierto el bajísimo nivel de transparencia y de ética de algunos políticos tucumanos, el secretario de Obras Públicas de la Nación deambula por el interior tucumano como esos viejos carros lecheros que cuatro décadas atrás recorrían insondables caminos con tal de dejar el nutritivo líquido. José López no ha dejado ni un día de enviar mensajes a los tucumanos y ha aterrizado cuantas veces pudo. Se lo vio de la mano de Manzur, de Beatriz Rojkés y solo también. Por las dudas, el diputado nacional Alfredo Dato anda recitando a quien quiera oírlo el artículo 88 de la Constitución provincial: “Para ser elegido gobernador se requiere tener 30 años de edad, dos de residencia inmediata en la Provincia y de ciudadanía en ejercicio”. Este último requisito demuestra que López, por muy concepcionense que sea, está un poco flojo de papeles para ser gobernador. Se tendrá que conformar con una candidatura a diputado nacional en todo caso. Aunque en Tucumán, cada vez que se tuvieron que acomodar esos papeles, nadie se preocupó mucho. Ortega y los Bussi pueden dar fe de ello. A López, los alperovichistas le hacen sentir que tiene todos los derechos ganados para postularse de lo que quiera. La cantidad de obras que llegaron a la provincia -que de paso habilitó el enriquecimiento a muchos, públicos y privados- justifica que si López pide un lugar salible de lo que quiera, puede tenerlo.
Reacciones inesperadas
En la Universidad Nacional de Tucumán ya todo es conciliábulo. Es difícil encontrar intersticios donde los comicios no sean factor decisivo de cada acción. Salvo el rector Juan Alberto Cerisola que se ha convertido en el hombre invisible, todos los interesados universitarios no respetan límites. Por eso José Hugo Saab no dudó un instante en llamar por teléfono a su amigo gobernador y quejarse de la falta de apoyo de algunos funcionarios de la Casa de Gobierno. El dardo envenenado iba directamente al corazón del arquitecto Ricardo Salim, quien -según los bardonistas- es el responsable de que la candidata del arquitecto Eduardo Coletti haya resultado electa en el decanato de Arquitectura. Una exageración que encuentra asidero en la votación.
La serenidad nerviosa
Los tiempos de la Justicia son tan lentos que provocan taquicardia en la política. En la Justicia Federal sigue sin definirse qué pasará con las causas en la que el rector Cerisola está siendo investigado. Una auditoría idéntica a la que le hicieron a Cerisola sobre irregularidades en las obras señala la falta de rendiciones de cuenta en la facultad de Medicina. Y, el plan Más Cerca de la Nación que fue denunciado por la senadora radical Silvia Elías de Pérez a raíz de las falencias detectadas, intranquiliza a algunos funcionarios “sijosesistas”. Los jueces federales tienen pequeñas bombas en sus escritorios, aún no activadas.
Lo más popular
