Por Federico Türpe
03 Mayo 2014
La estrategia del gobierno en torno del “Marianelagate” se desarrolla sobre tres ejes principales: sostener el silencio corporativo tanto como sea posible; farandulizar el caso, reduciendo todo lo que se diga a la esfera “Rial-Intrusos”; y esmerilar a los medios y periodistas que intentan indagar sobre la corrupción en un sistema de prebendas y clientelismo con dinero público monumental.
Hasta ahora nadie ha podido explicar por qué el Estado ha destinado tanto dinero e influencias durante al menos cinco años en beneficio de la mediática Marianela Mirra y su familia.
Contratada en la Legislatura durante la presidencia del actual ministro de Salud de la Nación, vicegobernador en uso de licencia y diputado nacional testimonial, Juan Manzur. El ingreso de Mirra a la Cámara necesitó de dos firmas obligatorias, la de Manzur y la del secretario Juan Antonio Ruiz Olivares. Ambos decidieron callar y no responder sobre quién solicitó la incorporación de la modelo al cuerpo, pese a que Ruiz Olivares dijo el domingo pasado que el lunes, con la reanudación de la actividad oficial en el Estado, daría a conocer los detalles de ese contrato.
También calla el actual presidente subrogante del cuerpo, Regino Amado, quien firmó el despido de Mirra a partir del 1 de febrero de este año. ¿Quién solicitó su desvinculación? ¿Cuáles fueron los motivos?
El silencio es aún mayor en Casa de Gobierno. Según la AFIP, Mirra tributó como monotributista por trabajos efectuados para el “Superior Gobierno de la Provincia”, también hasta febrero de este año. Sólo el presidente del Ente Autártico Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón, justificó tareas de Mirra para ese organismo entre 2009 y 2010. ¿Para quién trabajó hasta 2014? ¿Qué tareas hizo? ¿Por qué fue desvinculada ahora?
Otra coincidencia: en febrero, Mirra también dejó de trabajar para el Banco del Tucumán S.A. donde se desempeñaba los últimos años. Fuentes confiables de esa entidad confirmaron que su ingreso al banco también vino “muy bien recomendado”.
Hasta aquí, el premio a la “lealtad peronista” se lo lleva al concejal de Yerba Buena, Luciano Villegas. Salió públicamente a hacerse cargo de los nombramientos de la madre y del hermano de Marianela en ese municipio. Aunque en un acto de “sincericidio” fue desautorizado por la propia Mirra: “Mentira. No fue él. Villegas no sabe ni hablar. Dejen de mentir. Trabajan para Toledo”, escribió la mediática en su cuenta de Twitter. El intendente Daniel Toledo también optó por hacer silencio.
Todos los caminos conducen a Roma, pero en Roma hay un emperador que está más preocupado por la sucesión, una que le garantice que nadie investigará la fiesta. Y en los nombres que se barajan para esa posible sucesión están, quizás, las razones del silencio corporativo.
El de Mirra es sólo un caso testigo entre muchísimos otros, pero que confirma hechos gravísimos en la administración del dinero público y la impunidad con que se emplean ñoquis en cualquier parte. Ya es obsceno el nombramiento discrecional de parientes, amigos, amantes y punteros en comunas, municipios, en la Legislatura, en la Justicia, en el Gobierno y hasta en entidades privadas asociadas al Estado.
Es la base de un sistema clientelar y prebendario que utiliza fondos públicos como si fueran privados para perpetuarse en el poder. Decenas de miles de empleados públicos regados por todo el territorio forman parte de un aceitado aparato electoral al servicio del gerente de turno. Para el caso, ni un solo legislador, ni oficialista ni opositor, hace pública su lista de empleados, amparados en una ley que les permite contratar gente a diestra y siniestra sin rendir cuentas a nadie. En Tucumán no puede saberse cuánto, ni en qué, ni en quiénes gasta la Legislatura millones de pesos que aportan los tucumanos de su agujereado bolsillo.
En la cuarta provincia más pobre del país, la corrupción debiera ser, además de imprescriptible, un delito de rango equiparable al de lesa humanidad.
Hasta ahora nadie ha podido explicar por qué el Estado ha destinado tanto dinero e influencias durante al menos cinco años en beneficio de la mediática Marianela Mirra y su familia.
Contratada en la Legislatura durante la presidencia del actual ministro de Salud de la Nación, vicegobernador en uso de licencia y diputado nacional testimonial, Juan Manzur. El ingreso de Mirra a la Cámara necesitó de dos firmas obligatorias, la de Manzur y la del secretario Juan Antonio Ruiz Olivares. Ambos decidieron callar y no responder sobre quién solicitó la incorporación de la modelo al cuerpo, pese a que Ruiz Olivares dijo el domingo pasado que el lunes, con la reanudación de la actividad oficial en el Estado, daría a conocer los detalles de ese contrato.
También calla el actual presidente subrogante del cuerpo, Regino Amado, quien firmó el despido de Mirra a partir del 1 de febrero de este año. ¿Quién solicitó su desvinculación? ¿Cuáles fueron los motivos?
El silencio es aún mayor en Casa de Gobierno. Según la AFIP, Mirra tributó como monotributista por trabajos efectuados para el “Superior Gobierno de la Provincia”, también hasta febrero de este año. Sólo el presidente del Ente Autártico Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón, justificó tareas de Mirra para ese organismo entre 2009 y 2010. ¿Para quién trabajó hasta 2014? ¿Qué tareas hizo? ¿Por qué fue desvinculada ahora?
Otra coincidencia: en febrero, Mirra también dejó de trabajar para el Banco del Tucumán S.A. donde se desempeñaba los últimos años. Fuentes confiables de esa entidad confirmaron que su ingreso al banco también vino “muy bien recomendado”.
Hasta aquí, el premio a la “lealtad peronista” se lo lleva al concejal de Yerba Buena, Luciano Villegas. Salió públicamente a hacerse cargo de los nombramientos de la madre y del hermano de Marianela en ese municipio. Aunque en un acto de “sincericidio” fue desautorizado por la propia Mirra: “Mentira. No fue él. Villegas no sabe ni hablar. Dejen de mentir. Trabajan para Toledo”, escribió la mediática en su cuenta de Twitter. El intendente Daniel Toledo también optó por hacer silencio.
Todos los caminos conducen a Roma, pero en Roma hay un emperador que está más preocupado por la sucesión, una que le garantice que nadie investigará la fiesta. Y en los nombres que se barajan para esa posible sucesión están, quizás, las razones del silencio corporativo.
El de Mirra es sólo un caso testigo entre muchísimos otros, pero que confirma hechos gravísimos en la administración del dinero público y la impunidad con que se emplean ñoquis en cualquier parte. Ya es obsceno el nombramiento discrecional de parientes, amigos, amantes y punteros en comunas, municipios, en la Legislatura, en la Justicia, en el Gobierno y hasta en entidades privadas asociadas al Estado.
Es la base de un sistema clientelar y prebendario que utiliza fondos públicos como si fueran privados para perpetuarse en el poder. Decenas de miles de empleados públicos regados por todo el territorio forman parte de un aceitado aparato electoral al servicio del gerente de turno. Para el caso, ni un solo legislador, ni oficialista ni opositor, hace pública su lista de empleados, amparados en una ley que les permite contratar gente a diestra y siniestra sin rendir cuentas a nadie. En Tucumán no puede saberse cuánto, ni en qué, ni en quiénes gasta la Legislatura millones de pesos que aportan los tucumanos de su agujereado bolsillo.
En la cuarta provincia más pobre del país, la corrupción debiera ser, además de imprescriptible, un delito de rango equiparable al de lesa humanidad.
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