02 Mayo 2014
CRITICADO Y CRÍTICO. Bustamante (izquierda) y Rogel Chaler en las elecciones de consejeros del año pasado. la gaceta / foto de ANALIA JARAMILLO (archivo)
Una nueva disputa amplió la brecha que separa a la conducción del Colegio de Abogados de la Capital del grupo que lidera el colegiado Fernando Rogel Chaler. Este letrado cuestionó por escrito el aval que la entidad otorgó a Antonio Bustamante para una eventual candidatura a consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM).
“El Colegio no tiene la función de dar avales a candidatos: eso es una extralimitación”, opinó Rogel Chaler, que encabeza una línea interna opositora denominada Abogados Agremiados y preside la Asociación de Abogados de Tucumán. Según su opinión, el aval que el Consejo Directivo dio a Bustamante afecta el principio de igualdad de oportunidades. “Máxime cuando el beneficiado representa al Colegio ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y es el que maneja la información (electoral). Para cuando los colegas se enteren del aval, Bustamante ya habrá presentado el suyo en la reunión de la FACA, en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.
Francisco García Posse, titular del Colegio, confirmó por teléfono la decisión de avalar a Bustamante y reenvió la nota que dirigió a Ricardo De Felipe, presidente de la FACA. “Este aval se otorga en mérito a la trayectoria, capacidad y trabajo que el letrado viene realizando durante largos años en defensa de la abogacía organizada”, expresa el texto en cuestión. García Posse manifestó que el aval no es exclusivo ni excluyente: “si otro colega lo requiere y si entendemos que está comprometido con la colegiación, también lo tendrá”. El dirigente añadió que la intención del Consejo es contrarrestar la intromisión de los partidos políticos en las elecciones del estamento de los letrados (el CM está compuesto por representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía). “No queremos crear desigualdad de condiciones sino alentar las candidaturas de profesionales independientes con experiencia en la actividad gremial”, añadió.
Una cuestión ética
Si de trayectoria se trata, Bustamante es casi imbatible: su biografía incluye la participación en las dos primeras gestiones del CM como consejero suplente (períodos 1998-2002 y 2002-2006); la presidencia del Colegio y la intervención en las tres primeras mesas directivas del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán (fue re-reelecto consejero titular en 2013). “No he decidido aún si seré candidato”, comentó Bustamante también por teléfono. Además, dijo que la FACA está discutiendo el tema y que esta es la oportunidad propicia para buscar la opción que mejor represente a los abogados del interior (este consejero es elegido por los profesionales de la matrícula federal de todas las provincias). Bustamante anticipó que, si llegase a pujar por la consejería titular en el CM y a ganar el comicio programado para agosto, renunciará a su silla en el Consejo local. “No estoy obligado a hacerlo, pero corresponde por una cuestión ética”, precisó.
Este posible proyecto electoral genera rechazo en el sector afín a Rogel Chaler, que milita en el Partido Justicialista y asesora a Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación. “(Bustamante y García Posse) usan el Colegio de Abogados en beneficio de un grupo y para fines evidentemente personales: lo venimos denunciando desde hace tiempo”, expresó. Y dijo que el aval controvertido fue emitido con la oposición de José Adle, secretario de la entidad, y del vocal Félix Gutiérrez.
A comienzos de este año, García Posse y Rogel Chaler habían chocado como consecuencia del listado de conjueces para la Justicia Federal de Tucumán que propuso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta nómina de 15 abogados (aún no aprobada por el Senado) incluye a numerosos miembros de la asociación de Rogel Chaler, que está entre los bendecidos. “La mayor parte de ellos tienen una pública y reconocida relación con el poder político de turno, tanto nacional como provincial”, reprochó García Posse. El letrado “agremiado” dijo que la crítica obedecía a la pretensión de las autoridades del Colegio de conservar lugares de influencia para que la Justicia favorezca sus intereses.
“El Colegio no tiene la función de dar avales a candidatos: eso es una extralimitación”, opinó Rogel Chaler, que encabeza una línea interna opositora denominada Abogados Agremiados y preside la Asociación de Abogados de Tucumán. Según su opinión, el aval que el Consejo Directivo dio a Bustamante afecta el principio de igualdad de oportunidades. “Máxime cuando el beneficiado representa al Colegio ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y es el que maneja la información (electoral). Para cuando los colegas se enteren del aval, Bustamante ya habrá presentado el suyo en la reunión de la FACA, en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó.
Francisco García Posse, titular del Colegio, confirmó por teléfono la decisión de avalar a Bustamante y reenvió la nota que dirigió a Ricardo De Felipe, presidente de la FACA. “Este aval se otorga en mérito a la trayectoria, capacidad y trabajo que el letrado viene realizando durante largos años en defensa de la abogacía organizada”, expresa el texto en cuestión. García Posse manifestó que el aval no es exclusivo ni excluyente: “si otro colega lo requiere y si entendemos que está comprometido con la colegiación, también lo tendrá”. El dirigente añadió que la intención del Consejo es contrarrestar la intromisión de los partidos políticos en las elecciones del estamento de los letrados (el CM está compuesto por representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía). “No queremos crear desigualdad de condiciones sino alentar las candidaturas de profesionales independientes con experiencia en la actividad gremial”, añadió.
Una cuestión ética
Si de trayectoria se trata, Bustamante es casi imbatible: su biografía incluye la participación en las dos primeras gestiones del CM como consejero suplente (períodos 1998-2002 y 2002-2006); la presidencia del Colegio y la intervención en las tres primeras mesas directivas del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán (fue re-reelecto consejero titular en 2013). “No he decidido aún si seré candidato”, comentó Bustamante también por teléfono. Además, dijo que la FACA está discutiendo el tema y que esta es la oportunidad propicia para buscar la opción que mejor represente a los abogados del interior (este consejero es elegido por los profesionales de la matrícula federal de todas las provincias). Bustamante anticipó que, si llegase a pujar por la consejería titular en el CM y a ganar el comicio programado para agosto, renunciará a su silla en el Consejo local. “No estoy obligado a hacerlo, pero corresponde por una cuestión ética”, precisó.
Este posible proyecto electoral genera rechazo en el sector afín a Rogel Chaler, que milita en el Partido Justicialista y asesora a Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación. “(Bustamante y García Posse) usan el Colegio de Abogados en beneficio de un grupo y para fines evidentemente personales: lo venimos denunciando desde hace tiempo”, expresó. Y dijo que el aval controvertido fue emitido con la oposición de José Adle, secretario de la entidad, y del vocal Félix Gutiérrez.
A comienzos de este año, García Posse y Rogel Chaler habían chocado como consecuencia del listado de conjueces para la Justicia Federal de Tucumán que propuso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta nómina de 15 abogados (aún no aprobada por el Senado) incluye a numerosos miembros de la asociación de Rogel Chaler, que está entre los bendecidos. “La mayor parte de ellos tienen una pública y reconocida relación con el poder político de turno, tanto nacional como provincial”, reprochó García Posse. El letrado “agremiado” dijo que la crítica obedecía a la pretensión de las autoridades del Colegio de conservar lugares de influencia para que la Justicia favorezca sus intereses.
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