30 Abril 2014
BUENOS AIRES. Las obras sociales y prepagas deberán atender a quienes posean adicciones con estupefacientes, alcohol, tabaco, conductas compulsivas al juego, a las nuevas tecnologías, compras y alimentación, entre otras, según lo establece una iniciativa que quedó convertida en ley hoy en el Senado Nacional.
El proyecto aprobado en el Senado fue presentado en la Cámara baja por el diputado nacional Horacio Pietragalla, quien destacó que "mientras algunos hablan de tener una, dos o tres muertes, nosotros apostamos a la vida y a la juventud".
En declaraciones a Télam, el diputado del FpV y nieto recuperado sostuvo que el proyecto aborda "la prevención la asistencia y la inclusión", y establece la generación de diferentes espacios en el territorio del país "que van a ser los grandes articuladores para la asistencia primaria y contención" de esta problemática.
Anticipó además que, a través de este proyecto se crean estos espacios en el territorio nacional, priorizando a los lugares más vulnerables y se generan espacios como centros de integración o bien se adaptan los centros "que ya vienen funcionando" desde distintos gobiernos nacionales, municipales o locales.
El proyecto, aprobado por unanimidad en Diputados el 14 de noviembre de 2012, fue elaborado por Pietragalla y cuenta con la firma además de los diputados del FPV Eduardo de Pedro, Andrés Larroque, Marcos Cleri, Mayra Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Santillán y María Luz Alonso.
El proyecto del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, que fue aprobado hoy en el Senado por unanimidad, establece, además, la creación de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos, que estarán distribuidos por todo el país, aunque se priorizará los lugares de mayor vulnerabilidad social.
El objetivo de estos Centros será "promover en la población instancias de desarrollo personal y comunitario", según lo indica el propio texto legal aprobado.
La ley establece que las obras sociales, las prepagas y demás prestadoras de salud deberán brindar gratuitamente las prestaciones para la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático que, a su vez, quedará incorporado al Programa Médico Obligatorio.
La iniciativa también abarca a los pacientes internados en instituciones de salud mental.
El proyecto establece que el Estado incoporará con dispositivos de integración a las personas con consumos problemáticos que esten en una situación de vulnerabilidad social que atente contra el pleno desarrollo de sus capacidades y que esas circunstancias pongan en riesgo el éxito de su tratamiento.
La presidenta de la Comisión de Salud del Senado, la radical Silvia Elías de Pérez, elogió el proyecto impulsado por el oficialimo de la Cámara de Diputados, donde obtuvo unanimidad.
"El proyecto aborda integralmente el consumo problemático. Esto va mucho más allá que las meras adicciones", destacó Elías de Pérez y añadió "este es el primer paso para hacer de esto una política de Estado. Lo que estamos haciendo es garantizar el abordaje de este tema de manera correcta y como se debe".
El oficialista santacruceño Pablo González destacó que el proyecto forma parte "de una política de Estado apoyada fuertemente por la presidenta de la Nación. Acá se introduce un concepto de salud social, no de salud mental" destacó González. Y enfatizó que "se trata de un abordaje social, porque este problema es transversal y afecta a todas las familias". (TELAM)
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