28 Abril 2014
Imputarán por sedición durante los saqueos a 50 policías
Son ocho los policías que permanecen detenidos por haber encabezado la revuelta en la Subjefatura. Las imágenes de la toma del edificio donde funciona el 911. Dos fiscales toman declaración a efectivos que habrían impedido trabajar a sus pares.
CON CASCOS. La mayoría de los policías que se sublevó el 9 y 10 de diciembre cubrió sus rostros para evitar sanciones administrativas y penales. la gaceta / foto de Analia Jaramillo (archivo)
La causa judicial por la que se investiga la presunta sedición de policías durante la protesta salarial de diciembre del año pasado sumaría en los próximos días unos 50 efectivos imputados más, quienes habrían evitado que sus pares salieran a custodiar las calles.
Fuentes judiciales informaron que los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni tomaron declaración durante la semana que pasó a unos 70 policías que fueron víctimas de compañeros quienes, a punta de pistola, los obligaron a descender de los móviles del 911 o les impidieron ingresar a las dependencias en las que trabajaban. Entre los policías que están declarando también se encuentran jefes y ex jefes policiales.
La Justicia ya habría identificado a un grupo de unos 50 efectivos que fueron registrados en diversas filmaciones, y que serán citados como imputados una vez que finalicen las declaraciones de los testigos.
Caos en las calles
La causa se había iniciado luego de que entre el 9 y 11 de diciembre de 2013, un grupo de policías encabezara una protesta frente a la subjefatura de Policía, reclamando una mejora salarial y la incorporación de efectivos que habían sido cesanteados.
En esos días, la fuerza de seguridad desapareció de las calles y comenzaron saqueos y robos que finalizaron una vez que el Gobierno cedió y acordó un 35% de aumento salarial. Pero la Justicia decidió seguir adelante con la denuncia que el Poder Ejecutivo provincial había realizado, acusando de sedición a los policías que encabezaron la protesta.
Los fiscales López Ávila y Giannoni pidieron la detención de los policías cesanteados Diego Alberto Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel René Chaile y Pablo Pedro Pérez y de los suboficiales Sergio Omar Hogas, Federico Antonio Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia María Belén Bedmar.
Estos ocho policías continúan detenidos con prisión preventiva, y a ellos se les sumarían los otros 50 imputados que serán citados en los próximos días. Fuentes de las fiscalías intervinientes comentaron que López Ávila y Giannoni aún no resolvieron si pedirán medidas privativas de la libertad contra ellos.
Encapuchados
La causa avanzaría contra aquellos policías que lograron ser identificados, ya que la mayoría actuó con los rostros cubiertos. Entre ellos se encuentra un suboficial que trabajaría en una comisaría de la capital, y que ingresó a la base del sistema de emergencias “911” y con su arma obligó a los policías que estaban trabajando a salir del edificio, según fuentes judiciales. El efectivo habría sido reconocido por algunos compañeros.
También se habían cubierto los rostros los policías que agredieron a vecinos del barrio Sur, frente a la seccional 2ª, luego de los saqueos. El 10 de diciembre, los efectivos trasladaban a dos presuntos saqueadores hasta la dependencia, y los vecinos comenzaron a gritarles por haber abandonado la ciudad.
La respuesta fue una brutal golpiza contra varios de los vecinos en las esquinas de Buenos Aires y La Madrid y General Paz y Buenos Aires. El fiscal López Ávila comentó que, si bien habrían logrado identificar a los agresores mediante filmaciones de teléfonos celulares, el problema es que sólo un vecino realizó la denuncia.
“Necesitamos que la gente que fue víctima de este hecho se acerque a la fiscalía, ya que están identificados los agresores y necesitamos afianzar las pruebas con sus declaraciones”, solicitó el fiscal.
Represión en la plaza
Luego de que el Gobierno provincial firmara el acuerdo con los policías que encabezaron las protestas, un importante número de tucumanos se concentró en la plaza Independencia para manifestarse en contra de los incidentes ocurridos en esos días. La respuesta oficial fue reprimir a los que estaban en el principal paseo público de la provincia.
Fuentes judiciales comentaron que estos incidentes también fueron investigados por la Justicia, pero los fiscales se encontraron con la negativa de las personas golpeadas a prestar declaración. Sólo una mujer que resultó herida en la represión realizó una denuncia, pero fue en contra del policía que se encontraba en la guardia del Centro de Salud. El efectivo, según relató la víctima a los fiscales, la habría insultado y le habría dicho que se merecía los golpes por haber estado protestando en la plaza.
Fuentes judiciales informaron que los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni tomaron declaración durante la semana que pasó a unos 70 policías que fueron víctimas de compañeros quienes, a punta de pistola, los obligaron a descender de los móviles del 911 o les impidieron ingresar a las dependencias en las que trabajaban. Entre los policías que están declarando también se encuentran jefes y ex jefes policiales.
La Justicia ya habría identificado a un grupo de unos 50 efectivos que fueron registrados en diversas filmaciones, y que serán citados como imputados una vez que finalicen las declaraciones de los testigos.
Caos en las calles
La causa se había iniciado luego de que entre el 9 y 11 de diciembre de 2013, un grupo de policías encabezara una protesta frente a la subjefatura de Policía, reclamando una mejora salarial y la incorporación de efectivos que habían sido cesanteados.
En esos días, la fuerza de seguridad desapareció de las calles y comenzaron saqueos y robos que finalizaron una vez que el Gobierno cedió y acordó un 35% de aumento salarial. Pero la Justicia decidió seguir adelante con la denuncia que el Poder Ejecutivo provincial había realizado, acusando de sedición a los policías que encabezaron la protesta.
Los fiscales López Ávila y Giannoni pidieron la detención de los policías cesanteados Diego Alberto Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel René Chaile y Pablo Pedro Pérez y de los suboficiales Sergio Omar Hogas, Federico Antonio Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia María Belén Bedmar.
Estos ocho policías continúan detenidos con prisión preventiva, y a ellos se les sumarían los otros 50 imputados que serán citados en los próximos días. Fuentes de las fiscalías intervinientes comentaron que López Ávila y Giannoni aún no resolvieron si pedirán medidas privativas de la libertad contra ellos.
Encapuchados
La causa avanzaría contra aquellos policías que lograron ser identificados, ya que la mayoría actuó con los rostros cubiertos. Entre ellos se encuentra un suboficial que trabajaría en una comisaría de la capital, y que ingresó a la base del sistema de emergencias “911” y con su arma obligó a los policías que estaban trabajando a salir del edificio, según fuentes judiciales. El efectivo habría sido reconocido por algunos compañeros.
También se habían cubierto los rostros los policías que agredieron a vecinos del barrio Sur, frente a la seccional 2ª, luego de los saqueos. El 10 de diciembre, los efectivos trasladaban a dos presuntos saqueadores hasta la dependencia, y los vecinos comenzaron a gritarles por haber abandonado la ciudad.
La respuesta fue una brutal golpiza contra varios de los vecinos en las esquinas de Buenos Aires y La Madrid y General Paz y Buenos Aires. El fiscal López Ávila comentó que, si bien habrían logrado identificar a los agresores mediante filmaciones de teléfonos celulares, el problema es que sólo un vecino realizó la denuncia.
“Necesitamos que la gente que fue víctima de este hecho se acerque a la fiscalía, ya que están identificados los agresores y necesitamos afianzar las pruebas con sus declaraciones”, solicitó el fiscal.
Represión en la plaza
Luego de que el Gobierno provincial firmara el acuerdo con los policías que encabezaron las protestas, un importante número de tucumanos se concentró en la plaza Independencia para manifestarse en contra de los incidentes ocurridos en esos días. La respuesta oficial fue reprimir a los que estaban en el principal paseo público de la provincia.
Fuentes judiciales comentaron que estos incidentes también fueron investigados por la Justicia, pero los fiscales se encontraron con la negativa de las personas golpeadas a prestar declaración. Sólo una mujer que resultó herida en la represión realizó una denuncia, pero fue en contra del policía que se encontraba en la guardia del Centro de Salud. El efectivo, según relató la víctima a los fiscales, la habría insultado y le habría dicho que se merecía los golpes por haber estado protestando en la plaza.
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