Por Rubén Rodó
27 Abril 2014
Así como a la satrapía de los Saadi, la gente siempre la recordará por el asesinato de María Soledad Morales, José Alperovich quedará prendido en la memoria tucumana por el ominoso crimen de Paulina Lebbos. Además, claro, por los ocho muertos (o más) en los saqueos de diciembre de 2013 y la corrupción enraizada en su gestión. Por su ensañamiento y salvajismo, el crimen es un estigma que cargará hasta la tumba. Y más allá también. En un acto de imprudencia, el gobernador se enlodó solo en el hecho delictuoso, cuando dijo -a poco de encontrarse el cadáver de la estudiante- que conocía quién era el autor. Después, la hermeticidad del silencio absoluto y el encubrimiento inexpugnable durante siete años. Un blindaje de este tipo sólo se explica si hay alguien umbilicalmente atado al poder. Los fiscales Alejandro Noguera y Carlos Albaca que llevaron inicialmente el caso jamás citaron al zar para preguntarle qué es lo que sabe. ¿A qué se debe esa omisión judicial?
La causa Lebbos, extrañamente hoy adormecida, tras el impulso impreso por el nuevo fiscal, Diego López Ávila, volvió a la tapa de los diarios por el lamentable descargo que hiciera su antecesor ante la Corte Suprema. Albaca nada dice de su propia inacción como funcionario público en la pesquisa. En cambio, puso en duda de que la muerte de la joven fuera por estrangulamiento mecánico manual, como determinó la pericia forense. Esa fue su respuesta al informe demoledor de la fiscal de Cámara, Marta Ignacia Jerez, a pedido (tardíamente) del alto tribunal. Albaca empolló siete años la causa en su despacho. En ese lapso infinito no hubo ningún avance significativo en la investigación. Al contrario, avanzó hacia atrás.
Es más, Albaca mantuvo el secreto del sumario durante el mismo lapso -algo insólito- y nunca permitió la vista del expediente a Alberto Lebbos, padre de la víctima, a quien reconoció como querellante tras una fatigosa gestión. La Corte también tiene su cuota de responsabilidad en esta larga mora. A instancias de la Casa Rosada, fue despojado de la causa y se encargó la instrucción a López Ávila. Albaca hasta resistió la entrega del expediente como exigía Luis de Mitri, fiscal de Corte. Por su propia desidia, este funcionario tampoco puede hacerse el distraído ante la parálisis del proceso.
El estado judicial de Albaca es singularísimo y único. Es como si viviera en el limbo. Ante el inminente juicio político promovido a destiempo por la UCR (Lebbos se opuso a la presentación) renunció, pero subordinó su retiro efectivo al otorgamiento de la jubilación por Anses. O sea, para las calendas griegas. El zar aceptó su dimisión de inmediato, sin fecha cierta, dándole una generosa mano para evitarle el sofocón del juicio político. Toda renuncia lleva fecha concreta, no condicionada. Ergo, Albaca es un fiscal retirado en funciones a pleno, sin las responsabilidades de un titular. Renunció pero no renunció; es jubilado y no es jubilado. A la postre, resulta un jubilado en ejercicio de su cargo. ¿Extraño, no? Con la historia de un crimen espantoso como telón de fondo, es una caos para escritor de novela negra.
La fiscal de Cámara Jerez marcó a fuego a Albaca. En su reporte a la Corte afirma que su par de menor rango “no intentó comprobar el hecho delictuoso”, rematando que su conducta supone “una nula administración de justicia”. Albaca replicó, enfurecido. Esgrime una tesis duramente criticada desde adentro y fuera de la Justicia. Para él, la muerte de Paulina pudo devenir de “un ataque de asma con consumo de alcohol” y “eventualmente de sustancias tóxicas” o de prácticas de juegos sexuales. Le llovieron palos por doquier por su temeraria hipótesis. El primero en cruzarlo fue Alberto Lebbos. No dudó en calificarlo con durísimos epítetos.
José Cano, titular de la UCR, manifestó que es “una canallada y de una bajeza injustificable pretender atacar a una víctima que no puede defenderse”. Y se pregunta: ¿A quién encubre el fiscal? El Partido Obrero señala que Albaca “en su delirio encubridor ensucia la memoria de Paulina y sus familiares para demostrar que no hubo homicidio”. “Merece nuestro repudio más enérgico” dice la CTA, con la firma de Salvador Agliano,
La camarista Liliana Vitar, presidente de la Asociación de Magistrados, interpretó que Albaca “volvió a matar a Paulina Lebbos”, en su descargo ante la Corte. Y agrega: “Menoscabar la vida y la sexualidad de la mujer implica discriminación”. También voces fuera del país lo golpearon. Para el Comité de América Latina y el Caribe para Defensa de los Derechos de la Mujer, Albaca es “un misógino y un sexista, inadmisible en un funcionario judicial”. De Susana Trimarco, adalid de la lucha contra la trata de personas e hiperactiva defensora de mujeres ultrajadas, en un suceso de tanta gravedad, no se oyó una palabra, ni un reproche. ¿Será por su proximidad política al kirchnerismo y a Alperovich?
Si bien la Corte en julio de 2013 abrió un sumario administrativo para analizar el desempeño de Albaca en la pesquisa (a cargo de Jerez), con la respuesta del fiscal tendrá que decidir qué hacer. Y si pronto, mejor. Como órgano supremo, tiene el ineludible deber legal -y moral- de velar por la prestación de un correcto servicio de justicia. Si demorara una resolución, la sociedad podría interpretar su mudez como complicidad. Hasta puede apartarlo de sus funciones. La situación de Albaca en su cargo es particular, según penalistas y no sólo ellos. Está desvinculado y en un vacío legal como un outsider con poder total, a la espera de la incierta jubilación con el 82% móvil.
El alto tribunal ya recibió dos embestidas: la del padre de la víctima y la del radicalismo. Lebbos acusó a Albaca de encubrimiento agravado ante López Ávila; y a la Corte solicitó la suspensión y que impulse un juicio político contra el funcionario. El enjuiciamiento es inviable, porque Albaca renunció y su dimisión fue aceptada. Antes, la UCR había accionado penalmente contra él por incumplimiento de los deberes de funcionario. Como fundamentación usó el reporte de la instructora del sumario, sin tocar una coma.
Sólo Albaca pudo ver en un cuerpo espantosamente mutilado -como el de Paulina- que su muerte fue por causas naturales. Su respuesta, sin hilar tan fino, significa negar un crimen espantoso y su posterior ocultamiento a cal y canto. López Ávila, su sucesor, determinó en corto tiempo lo que él no hizo en siete años. Procesó por encubrimiento a dos sujetos, hoy en prisión, al comprobar que desde el celular que pertenecía a la víctima hicieron llamadas telefónicas, sin que hasta ahora pudieran explicar por qué el aparato móvil estaba en sus manos el día de la desaparición. También, fueron procesados por el mismo delito tres policías de Raco y altos jerarcas de la fuerza. Resultó llamativo que cuando la investigación viboreaba por los entresijos del poder, tres expertos colaboradores de López Ávila fueron separados de sus funciones, sin una explicación válida.
El caso Marita Verón
Se conocieron, finalmente, los fundamentos del fallo condenatorio a los implicados en el secuestro de Marita Verón. El camarista Emilio Páez de la Torre explicó su voto en disidencia y reiteró su conocida posición. Para él, el tribunal del cual formó parte “no se encuentra en condiciones de fijar penas a los acusados por una sencilla razón: no ha declarado previamente su responsabilidad penal”. Y va más allá con una grave afirmación, al sostener que tampoco “el tribunal ha leído el expediente, ni las actas de debate, ni la sentencia que fue revocada”. Una pétrea contundencia que echa sombras al fallo de la mayoría.
No obstante, sus pares Dante Ibáñez y Juana Juárez mandaron al patíbulo a los 10 acusados con prisión de entre 10 y 22 años. Actuaron como robots. Ambos justifican su pronunciamiento señalando que fue la codicia el móvil del secuestro de Marita para su posterior explotación sexual, porque es “un negocio redituable para quienes lo realizan”. Juárez reconoce que la Corte pudo haber anulado y ordenado realizar otro juicio. Admitió también que el alto tribunal recurrió a un mecanismo no contemplado expresamente en la legislación. Recordó que el mismo proceder se aplicó en el caso “República de Cromagnon” y que la Corte provincial lo utilizó dos veces anteriores.
La Cámara que integraron Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano no encontró pruebas suficientemente sólidas. De ahí que dispusiera la absolución de los acusados. El caso Marita Verón no ha concluido, ni mucho menos. Quedan aún recursos ante la Corte Provincial y de la Nación. Ésta definirá, finalmente, un suceso de tanta repercusión, teñido en todo su trámite por intereses políticos antes que por el rigor jurídico.
La causa Lebbos, extrañamente hoy adormecida, tras el impulso impreso por el nuevo fiscal, Diego López Ávila, volvió a la tapa de los diarios por el lamentable descargo que hiciera su antecesor ante la Corte Suprema. Albaca nada dice de su propia inacción como funcionario público en la pesquisa. En cambio, puso en duda de que la muerte de la joven fuera por estrangulamiento mecánico manual, como determinó la pericia forense. Esa fue su respuesta al informe demoledor de la fiscal de Cámara, Marta Ignacia Jerez, a pedido (tardíamente) del alto tribunal. Albaca empolló siete años la causa en su despacho. En ese lapso infinito no hubo ningún avance significativo en la investigación. Al contrario, avanzó hacia atrás.
Es más, Albaca mantuvo el secreto del sumario durante el mismo lapso -algo insólito- y nunca permitió la vista del expediente a Alberto Lebbos, padre de la víctima, a quien reconoció como querellante tras una fatigosa gestión. La Corte también tiene su cuota de responsabilidad en esta larga mora. A instancias de la Casa Rosada, fue despojado de la causa y se encargó la instrucción a López Ávila. Albaca hasta resistió la entrega del expediente como exigía Luis de Mitri, fiscal de Corte. Por su propia desidia, este funcionario tampoco puede hacerse el distraído ante la parálisis del proceso.
El estado judicial de Albaca es singularísimo y único. Es como si viviera en el limbo. Ante el inminente juicio político promovido a destiempo por la UCR (Lebbos se opuso a la presentación) renunció, pero subordinó su retiro efectivo al otorgamiento de la jubilación por Anses. O sea, para las calendas griegas. El zar aceptó su dimisión de inmediato, sin fecha cierta, dándole una generosa mano para evitarle el sofocón del juicio político. Toda renuncia lleva fecha concreta, no condicionada. Ergo, Albaca es un fiscal retirado en funciones a pleno, sin las responsabilidades de un titular. Renunció pero no renunció; es jubilado y no es jubilado. A la postre, resulta un jubilado en ejercicio de su cargo. ¿Extraño, no? Con la historia de un crimen espantoso como telón de fondo, es una caos para escritor de novela negra.
La fiscal de Cámara Jerez marcó a fuego a Albaca. En su reporte a la Corte afirma que su par de menor rango “no intentó comprobar el hecho delictuoso”, rematando que su conducta supone “una nula administración de justicia”. Albaca replicó, enfurecido. Esgrime una tesis duramente criticada desde adentro y fuera de la Justicia. Para él, la muerte de Paulina pudo devenir de “un ataque de asma con consumo de alcohol” y “eventualmente de sustancias tóxicas” o de prácticas de juegos sexuales. Le llovieron palos por doquier por su temeraria hipótesis. El primero en cruzarlo fue Alberto Lebbos. No dudó en calificarlo con durísimos epítetos.
José Cano, titular de la UCR, manifestó que es “una canallada y de una bajeza injustificable pretender atacar a una víctima que no puede defenderse”. Y se pregunta: ¿A quién encubre el fiscal? El Partido Obrero señala que Albaca “en su delirio encubridor ensucia la memoria de Paulina y sus familiares para demostrar que no hubo homicidio”. “Merece nuestro repudio más enérgico” dice la CTA, con la firma de Salvador Agliano,
La camarista Liliana Vitar, presidente de la Asociación de Magistrados, interpretó que Albaca “volvió a matar a Paulina Lebbos”, en su descargo ante la Corte. Y agrega: “Menoscabar la vida y la sexualidad de la mujer implica discriminación”. También voces fuera del país lo golpearon. Para el Comité de América Latina y el Caribe para Defensa de los Derechos de la Mujer, Albaca es “un misógino y un sexista, inadmisible en un funcionario judicial”. De Susana Trimarco, adalid de la lucha contra la trata de personas e hiperactiva defensora de mujeres ultrajadas, en un suceso de tanta gravedad, no se oyó una palabra, ni un reproche. ¿Será por su proximidad política al kirchnerismo y a Alperovich?
Si bien la Corte en julio de 2013 abrió un sumario administrativo para analizar el desempeño de Albaca en la pesquisa (a cargo de Jerez), con la respuesta del fiscal tendrá que decidir qué hacer. Y si pronto, mejor. Como órgano supremo, tiene el ineludible deber legal -y moral- de velar por la prestación de un correcto servicio de justicia. Si demorara una resolución, la sociedad podría interpretar su mudez como complicidad. Hasta puede apartarlo de sus funciones. La situación de Albaca en su cargo es particular, según penalistas y no sólo ellos. Está desvinculado y en un vacío legal como un outsider con poder total, a la espera de la incierta jubilación con el 82% móvil.
El alto tribunal ya recibió dos embestidas: la del padre de la víctima y la del radicalismo. Lebbos acusó a Albaca de encubrimiento agravado ante López Ávila; y a la Corte solicitó la suspensión y que impulse un juicio político contra el funcionario. El enjuiciamiento es inviable, porque Albaca renunció y su dimisión fue aceptada. Antes, la UCR había accionado penalmente contra él por incumplimiento de los deberes de funcionario. Como fundamentación usó el reporte de la instructora del sumario, sin tocar una coma.
Sólo Albaca pudo ver en un cuerpo espantosamente mutilado -como el de Paulina- que su muerte fue por causas naturales. Su respuesta, sin hilar tan fino, significa negar un crimen espantoso y su posterior ocultamiento a cal y canto. López Ávila, su sucesor, determinó en corto tiempo lo que él no hizo en siete años. Procesó por encubrimiento a dos sujetos, hoy en prisión, al comprobar que desde el celular que pertenecía a la víctima hicieron llamadas telefónicas, sin que hasta ahora pudieran explicar por qué el aparato móvil estaba en sus manos el día de la desaparición. También, fueron procesados por el mismo delito tres policías de Raco y altos jerarcas de la fuerza. Resultó llamativo que cuando la investigación viboreaba por los entresijos del poder, tres expertos colaboradores de López Ávila fueron separados de sus funciones, sin una explicación válida.
El caso Marita Verón
Se conocieron, finalmente, los fundamentos del fallo condenatorio a los implicados en el secuestro de Marita Verón. El camarista Emilio Páez de la Torre explicó su voto en disidencia y reiteró su conocida posición. Para él, el tribunal del cual formó parte “no se encuentra en condiciones de fijar penas a los acusados por una sencilla razón: no ha declarado previamente su responsabilidad penal”. Y va más allá con una grave afirmación, al sostener que tampoco “el tribunal ha leído el expediente, ni las actas de debate, ni la sentencia que fue revocada”. Una pétrea contundencia que echa sombras al fallo de la mayoría.
No obstante, sus pares Dante Ibáñez y Juana Juárez mandaron al patíbulo a los 10 acusados con prisión de entre 10 y 22 años. Actuaron como robots. Ambos justifican su pronunciamiento señalando que fue la codicia el móvil del secuestro de Marita para su posterior explotación sexual, porque es “un negocio redituable para quienes lo realizan”. Juárez reconoce que la Corte pudo haber anulado y ordenado realizar otro juicio. Admitió también que el alto tribunal recurrió a un mecanismo no contemplado expresamente en la legislación. Recordó que el mismo proceder se aplicó en el caso “República de Cromagnon” y que la Corte provincial lo utilizó dos veces anteriores.
La Cámara que integraron Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano no encontró pruebas suficientemente sólidas. De ahí que dispusiera la absolución de los acusados. El caso Marita Verón no ha concluido, ni mucho menos. Quedan aún recursos ante la Corte Provincial y de la Nación. Ésta definirá, finalmente, un suceso de tanta repercusión, teñido en todo su trámite por intereses políticos antes que por el rigor jurídico.
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