Por Abrehu Carlos
27 Abril 2014
Enero de 1986 preludió lo que sería un año estresante para el gobierno de Raúl Alfonsín y el mundo sindical liderado por Saúl Ubaldini. Tucumán fue uno de los teatros donde repercutió la contienda entre esos protagonistas.
Además de la cuestión económica, existía otra de naturaleza política. La concepción liberal de la UCR chocaba con la Argentina corporativa, de la que los sindicatos eran uno de sus pilares (Carlos Floria y César García Belsunce en La Argentina Política).
En el primer mes del 86, Ubaldini decidió pisar el acelerador de la confrontación que se extendería hasta el fin del gobierno radical. En ese momento aún se percibían los efectos de la desaceleración de la inflación, a causa del éxito inicial del Plan Austral.
Ubaldini hizo proclamar la medida de fuerza el 10 de enero, apuntando contra el ajuste salarial impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El diputado radical César Jaroslavsky, a su vez, habló del inicio de la campaña proselitista del peronismo, a propósito de la resolución cegetista. Los comicios estaban programados para septiembre de 1987, pero la carrera se largó.
Hacia el conflicto
Segundo Bernabé Jiménez, secretario general de la CGT Regional, afirmó sin medias tintas, que el paro era político, pero no de naturaleza partidista.
Reconocía que podía no obtenerse ninguna conquista con la medida de fuerza. En esas declaraciones del 20 de enero, anticipaba que advendría un plan de lucha prolongada. Esta es una advertencia al Gobierno nacional, insistía el líder peronista, en un reportaje de LA GACETA.
El plenario cegetista que organizó el paro, llamó a la unidad sindical. Uno de los oradores de la reunión, instó a que el paro del viernes 24 no fuese un día de paseo. La dirigencia dispuso que se persuadiese a quienes fueran a trabajar.
Sin embargo, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) no acató la huelga, pese a compartir los reclamos. Los senadores del PJ afirmaron que los trabajadores no conspiraban contra la democracia. Arturo Sassi, jefe del bloque de diputados radicales, cuestionó que el paro no se fundaba en razones gremiales, sino en el cuestionamiento del tratamiento de la deuda externa.
Choque de aparatos
El gobierno radical de la municipalidad fijó una posición principista ante la acción gremial. Reconoció el derecho de huelga, a la vez que se comprometió a garantizar el derecho a trabajar. Para ello, requirió a Guillermo Corbalán Costilla, jefe Policía, el auxilio de la fuerza pública. Confrontaban funcionarios radicales y sindicalistas del PJ.
La huelga del 24 tuvo un alto acatamiento en Tucumán. Esta ciudad mostró la fisonomía de un día feriado y el transporte de pasajeros no funcionó. Sólo un ómnibus de larga distancia fue atacado a pedradas.
La Municipalidad confirmó que no circularon los ómnibus, pero responsabilizó a Corbalán Costilla y al ministro José Cúneo Vergés por la falta de protección. En Concepción, gobernada por el peronista Mario Saracho, no hubo actividad en la municipalidad ni en los comercios. Monteros fue la contracara: los negocios y la municipalidad trabajaron. El intendente era el socialista democrático Juan Ruiz Olivares.
El día después
Después del 24 se recalentó la polémica. Jiménez denunció que la municipalidad trajo traído gente de afuera para que manejase los ómnibus, pero que Aetat se había opuesto. Luis Grimaldi lo negó y sostuvo que el paro no tenía el consenso de los choferes, Aetat desmintió a la CGT. La administración rierista, a la vez, ponderó la madurez de la sociedad. El del 24 disparó la serie de paros contra Alfonsín.
Además de la cuestión económica, existía otra de naturaleza política. La concepción liberal de la UCR chocaba con la Argentina corporativa, de la que los sindicatos eran uno de sus pilares (Carlos Floria y César García Belsunce en La Argentina Política).
En el primer mes del 86, Ubaldini decidió pisar el acelerador de la confrontación que se extendería hasta el fin del gobierno radical. En ese momento aún se percibían los efectos de la desaceleración de la inflación, a causa del éxito inicial del Plan Austral.
Ubaldini hizo proclamar la medida de fuerza el 10 de enero, apuntando contra el ajuste salarial impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El diputado radical César Jaroslavsky, a su vez, habló del inicio de la campaña proselitista del peronismo, a propósito de la resolución cegetista. Los comicios estaban programados para septiembre de 1987, pero la carrera se largó.
Hacia el conflicto
Segundo Bernabé Jiménez, secretario general de la CGT Regional, afirmó sin medias tintas, que el paro era político, pero no de naturaleza partidista.
Reconocía que podía no obtenerse ninguna conquista con la medida de fuerza. En esas declaraciones del 20 de enero, anticipaba que advendría un plan de lucha prolongada. Esta es una advertencia al Gobierno nacional, insistía el líder peronista, en un reportaje de LA GACETA.
El plenario cegetista que organizó el paro, llamó a la unidad sindical. Uno de los oradores de la reunión, instó a que el paro del viernes 24 no fuese un día de paseo. La dirigencia dispuso que se persuadiese a quienes fueran a trabajar.
Sin embargo, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) no acató la huelga, pese a compartir los reclamos. Los senadores del PJ afirmaron que los trabajadores no conspiraban contra la democracia. Arturo Sassi, jefe del bloque de diputados radicales, cuestionó que el paro no se fundaba en razones gremiales, sino en el cuestionamiento del tratamiento de la deuda externa.
Choque de aparatos
El gobierno radical de la municipalidad fijó una posición principista ante la acción gremial. Reconoció el derecho de huelga, a la vez que se comprometió a garantizar el derecho a trabajar. Para ello, requirió a Guillermo Corbalán Costilla, jefe Policía, el auxilio de la fuerza pública. Confrontaban funcionarios radicales y sindicalistas del PJ.
La huelga del 24 tuvo un alto acatamiento en Tucumán. Esta ciudad mostró la fisonomía de un día feriado y el transporte de pasajeros no funcionó. Sólo un ómnibus de larga distancia fue atacado a pedradas.
La Municipalidad confirmó que no circularon los ómnibus, pero responsabilizó a Corbalán Costilla y al ministro José Cúneo Vergés por la falta de protección. En Concepción, gobernada por el peronista Mario Saracho, no hubo actividad en la municipalidad ni en los comercios. Monteros fue la contracara: los negocios y la municipalidad trabajaron. El intendente era el socialista democrático Juan Ruiz Olivares.
El día después
Después del 24 se recalentó la polémica. Jiménez denunció que la municipalidad trajo traído gente de afuera para que manejase los ómnibus, pero que Aetat se había opuesto. Luis Grimaldi lo negó y sostuvo que el paro no tenía el consenso de los choferes, Aetat desmintió a la CGT. La administración rierista, a la vez, ponderó la madurez de la sociedad. El del 24 disparó la serie de paros contra Alfonsín.
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