Por Gustavo Frías Silva
11 Abril 2014
El mantenimiento de los niveles de inversión en infraestructura rural básica es fundamental para mantener la competitividad de la producción de Tucumán, y debe formar parte de las políticas permanentes del Estado provincial y constituirse en una fuerte demanda de los productores y sus asociaciones. Es cierto que la provincia cuenta con una red de caminos y rutas bien distribuidas, pero deben existir, de manera permanente, planes de mejoramientos de una red terciaria indispensable para el sector productivo. Los programas de inversión pública en obras de riego, caminos rurales, rutas troncales e infraestructura productiva deben ser sostenidos y crecientes, como única garantía de que nuestras producciones sean generadoras de riqueza y empleo y las inversiones del sector privado generen agregado de valor y calidad.
Los gobiernos deben entender la urgencia de apuntalar, con inversión pública, las condiciones básicas de producción en nuestras economías, entendiendo que esto no solo amplía las posibilidades de acceso a nuevos mercados, sino que aumentan la generación de empleo y el arraigo de los pobladores rurales en su comunidad, con lo que se evita la migración de los productores y sus hijos, de un sistema de producción a los centros urbanos.
En cuanto a las construcciones de algunas obras de infraestructura rural, Tucumán, en alguna medida, a restablecido, hace un quinquenio ,parte de su infraestructura de riego que por muchos años de desinversión se había tornado obsoleta e ineficiente, y trababa cualquier esfuerzo del sector privado para lograr calidad y competitividad.
Las obras de mejoramiento de caminos llevadas adelante hace tiempo atrás, y las obras de riego en Tafí del Valle y Lules, están dando sus frutos, con grandes beneficios a los productores que disponen de agua de forma segura. Las proyectadas en Choromoro y Trancas cambiarán el horizonte productivo del área de influencia y son verdaderos alicientes a la inversión, a la incorporación de tecnología y al progreso de cultivos altamente demandantes de mano de obra y destinados a mercados cada vez más exigentes en calidad e inocuidad. Es de esperar que estos proyectos no sigan dormidos y que, rápidamente, comience su ejecución.
Otro tema fundamental es la recuperación actual de caminos rurales secundarios y terciarios con el objetivo de superar fuertes limitaciones al desarrollo de agroindustrias en el territorio de la provincia. Una de ellas es por la intransitabilidad temporaria de caminos y, paralelamente, para asegurar la conectividad de las unidades de producción con sus mercados y disminuir los tiempos y costos de traslado y transporte.
Falta una sistematización
Ponemos este tema en el tapete porque desde la semana pasada la zona de producción agrícola-ganadera del sur de la provincia, en los departamentos de La Cocha y Graneros, sumados al departamento de Santa Rosa, en Catamarca, sufren las consecuencias del desborde del río San Francisco y los arroyos La Posta y El Sueño, que dañaron cultivos de granos, caña de azúcar, y caminos y perjudicaron no solo a productores, sino también a pobladores localizados en esa cuenca.
El desborde se produce porque no existe en la zona ninguna sistematización de ríos, ni se realizaron obras de canalización en ninguno de estos cauces de agua, que cuando crecen corren por donde la naturaleza les permite. Esto no es algo nuevo, sino que se repite desde hace muchos años (estiman que más de 25 años); los pobladores y productores pueden dar certeza de estos hechos.
Poder recorrer estos lugares es hoy imposible. El tránsito vehicular por la ruta 334, que une La Cocha con Taco Ralo, y la ruta 333, que une la vía antes mencionada con la localidad de los Mistoles y Los Altos en Catamarca, está cortado, debido a que los cauces usan estas vías como lechos de río.
Los daños materiales producidos por el desborde de ríos y arroyos son cuantiosos, y no hay excusas que se puedan dar al respeto. Se suma la pérdida de bienes de quienes viven y trabajan allí. Realizar obras que solucionen este problema recurrente beneficiará a la población rural, ya que mejorará la accesibilidad a los servicios básicos de los centros urbanos ubicados en las inmediaciones de las trazas, y se reencauzará el agua de las lluvias.
La verdadera preocupación del Estado provincial ,por lo productivo y social, puede medirse por los niveles de inversión en infraestructura rural, porque esto implica una seria apuesta al mediano y largo plazo. Mas allá de quién las inaugure, es un capital social irremplazable, claramente promotor del desarrollo rural sostenible y la mejor forma de redistribución e inclusión social.
Los gobiernos deben entender la urgencia de apuntalar, con inversión pública, las condiciones básicas de producción en nuestras economías, entendiendo que esto no solo amplía las posibilidades de acceso a nuevos mercados, sino que aumentan la generación de empleo y el arraigo de los pobladores rurales en su comunidad, con lo que se evita la migración de los productores y sus hijos, de un sistema de producción a los centros urbanos.
En cuanto a las construcciones de algunas obras de infraestructura rural, Tucumán, en alguna medida, a restablecido, hace un quinquenio ,parte de su infraestructura de riego que por muchos años de desinversión se había tornado obsoleta e ineficiente, y trababa cualquier esfuerzo del sector privado para lograr calidad y competitividad.
Las obras de mejoramiento de caminos llevadas adelante hace tiempo atrás, y las obras de riego en Tafí del Valle y Lules, están dando sus frutos, con grandes beneficios a los productores que disponen de agua de forma segura. Las proyectadas en Choromoro y Trancas cambiarán el horizonte productivo del área de influencia y son verdaderos alicientes a la inversión, a la incorporación de tecnología y al progreso de cultivos altamente demandantes de mano de obra y destinados a mercados cada vez más exigentes en calidad e inocuidad. Es de esperar que estos proyectos no sigan dormidos y que, rápidamente, comience su ejecución.
Otro tema fundamental es la recuperación actual de caminos rurales secundarios y terciarios con el objetivo de superar fuertes limitaciones al desarrollo de agroindustrias en el territorio de la provincia. Una de ellas es por la intransitabilidad temporaria de caminos y, paralelamente, para asegurar la conectividad de las unidades de producción con sus mercados y disminuir los tiempos y costos de traslado y transporte.
Falta una sistematización
Ponemos este tema en el tapete porque desde la semana pasada la zona de producción agrícola-ganadera del sur de la provincia, en los departamentos de La Cocha y Graneros, sumados al departamento de Santa Rosa, en Catamarca, sufren las consecuencias del desborde del río San Francisco y los arroyos La Posta y El Sueño, que dañaron cultivos de granos, caña de azúcar, y caminos y perjudicaron no solo a productores, sino también a pobladores localizados en esa cuenca.
El desborde se produce porque no existe en la zona ninguna sistematización de ríos, ni se realizaron obras de canalización en ninguno de estos cauces de agua, que cuando crecen corren por donde la naturaleza les permite. Esto no es algo nuevo, sino que se repite desde hace muchos años (estiman que más de 25 años); los pobladores y productores pueden dar certeza de estos hechos.
Poder recorrer estos lugares es hoy imposible. El tránsito vehicular por la ruta 334, que une La Cocha con Taco Ralo, y la ruta 333, que une la vía antes mencionada con la localidad de los Mistoles y Los Altos en Catamarca, está cortado, debido a que los cauces usan estas vías como lechos de río.
Los daños materiales producidos por el desborde de ríos y arroyos son cuantiosos, y no hay excusas que se puedan dar al respeto. Se suma la pérdida de bienes de quienes viven y trabajan allí. Realizar obras que solucionen este problema recurrente beneficiará a la población rural, ya que mejorará la accesibilidad a los servicios básicos de los centros urbanos ubicados en las inmediaciones de las trazas, y se reencauzará el agua de las lluvias.
La verdadera preocupación del Estado provincial ,por lo productivo y social, puede medirse por los niveles de inversión en infraestructura rural, porque esto implica una seria apuesta al mediano y largo plazo. Mas allá de quién las inaugure, es un capital social irremplazable, claramente promotor del desarrollo rural sostenible y la mejor forma de redistribución e inclusión social.
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