No hay connivencia con el poder, dice Terraf

En los hechos, desde la reforma de la Constitución provincial de 2006, el Tribunal de Cuentas (TC) actúa como una especie de cuarto poder del Estado. Pero a diferencia del Ejecutivo, de la Legislatura y de la Justicia, el organismo de control no tiene un ente externo que lo controle. Existe, sin embargo, alguien que sí puede exigirle al TC explicaciones y rendiciones, según afirmó su presidente, Miguel Chaibén Terraf, en compañía de los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci. “Nos parece bien que nos pregunten, que nos controlen, y por ahí también viene la respuesta: la ciudadanía es la que controla al controlador, por las vías que corresponden”, aseguró Terraf. El interrogante y la posterior respuesta surgieron durante una entrevista con LA GACETA, realizada la semana pasada en el edificio de calle Congreso al 100.

- El abogado Oscar López planteó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo que los excedentes financieros son inconstitucionales. ¿Qué opinión les merece esta denuncia?

- Vidal: Hay una denuncia en el fuero penal, hecha (por este letrado) el 12 de noviembre de 2012. El 5 de diciembre siguiente nos presentamos de forma voluntaria y espontánea con el vocal Díaz Ricci ante el fiscal, a los efectos de evacuar cualquier tipo de duda sobre la denuncia. Ya en marzo del año pasado empezaron a llegar oficios de la Fiscalía de Instrucción y se fueron contestando. También se hizo presente la auditora del Poder Judicial. Y siempre se les dio absolutamente todo el material que tenemos. Eso está totalmente documentado.

- ¿En qué consistió la explicación o respuesta del TC?

- Vidal: Los excedentes financieros (surgen) de una ley, la N° 6.930. Es muy clara: todo lo que sobre del presupuesto del año se transfiere a una cuenta bancaria y deja de tener imputación presupuestaria. Esa cuenta se habilita a efectos de que el TC pueda tener un gasto en cuestiones de capacitación o de lo que se considere necesario. La ley no especifica para qué, pero sí (los destina) como refuerzo.

- Díaz Ricci: Esta es una ley cuyo sentido era que hubiera ahorro presupuestario, de incentivarlo. Se lo lograba diciendo que los ahorros de un año se trasladan al siguiente, con la ventaja de que se puede disponer (de esos fondos) para otros menesteres. Eso es la Ley de Excedentes Financieros (LEF), (y esa potestad) fue otorgada al Poder Legislativo, al Judicial, y al Tribunal de Cuentas, tres poderes del Estado independientes.

- ¿Los excedentes financieros se manejan de manera arbitraria?

- Vidal: No hay arbitrariedad siempre y cuando nos remitamos a la letra de la ley. El TC está facultado. Podrá utilizar (lee) “como refuerzo financiero transitorio o con cargo e imputación a la cuenta bancaria conforme lo disponga la reglamentación”. Nunca se reglamentó esta ley. Pero tanto el Poder Judicial como la Legislatura y el Tribunal de Cuentas pueden hacer uso de esa plata en cuestiones de la institución. Hoy en día hay edificios que está ejecutando de Poder Judicial que se están haciendo con parte de excedentes financieros y parte del presupuesto. Si necesitamos, qué sé yo, renovar el parque informático, lo hacemos a través del excedente financiero. Se rinde cuentas, no lógicamente como los gastos presupuestarios.

- El abogado López hace hincapié en que no se especifica el destino de esos fondos...

- Terraf: La Cuenta de Excedentes Financieros (CEF) fue puesta en vigencia por ley a partir de 1999. En el resto de la administración, el presupuesto que no ejecuta no puede ser usado, se clausura. La CEF faculta a que el ahorro que por administración lleve adelante cada uno de esos poderes y el TC queda como refuerzo presupuestario del ejercicio siguiente. El TC requiere, y ese detalle fue entregado a la Fiscal de Instrucción de la I° Nominación, la debida autorización de cada uno de los fondos.

- ¿Qué opinión merece la denuncia de López?

- Terraf: Si uno quiere denunciar algo no hace falta ser tan soez; hay una párrafo en que dice “el otrora honorable Tribunal de Cuentas”. Nosotros jamás nos autonominamos “honorables”, no sé por qué él hace eso. Esa es una variación que ha tenido la denominación en esta gestión; nos parece que no nos corresponde a nosotros autoasignarnos ese mote; eso depende de cómo nos conceptúa (cada persona). Más allá de esto, el TC ejecuta lícita, legal y éticamente los fondos correspondientes a lo que lícita, legal y éticamente le han sido asignados por el mérito a la buena administración. No es que el TC sobreestima su presupuesto y por eso le sobra dinero. Lo que este tribunal hace, como todos los organismos, es elevar a consideración del Poder Legislativo, y en principio (a través del) PE, el presupuesto. Muchas veces (el texto) ha sido considerado tal cual había sido (enviado), muchas veces ha sido recortado por cuestiones de índole económica o política, que no nos corresponde evaluar. El TC no tiene la facultad de sancionar su propio presupuesto; pero sí de administrarlo.

- ¿Cómo se logra el ahorro?

- Terraf: El TC no prevé un ahorro premeditado. Este organismo tiene más de 15 personas cumpliendo funciones fuera de su ámbito. El legislador (alperovichista) Ramiro González Navarro (contador fiscal en uso de licencia) es una de esas 15 o 17 personas que el Tribunal ha reemplazado por otros. ¿Qué hace el TC para que una persona que hace cuatro o 10 años está acá, y ya ha aprendido a trabajar con nosotros, no se vaya? Nosotros tenemos ocho cargos para que, cuando vuelva González Navarro, yo traslade (ese empleado) para donde tenemos lugar. Esa es una forma. La otra manera es una política de control del propio TC, que presupone que en un momento del año necesita que todo su personal realice su tarea en horario extraordinario. Por ejemplo, hemos tenido que salir a controlar más de 400 obras de la DAU y hemos detectado irregularidades en 89. Tenemos que poner un equipo completo a que trabaje, y eso no lo teníamos previsto, y lo tenemos que pagar. Tenemos que salir en forma diaria cuatro días a la semana a controlar comunas rurales, tenemos que pagar extensiones horarias, el gasto que significa el envío de la gente; nosotros todos esos montos los tenemos que contemplar, porque si se llegan a presentar no podemos evitar el control por falta de presupuesto. Lo que en realidad propicia López es que no se haga el control.

- ¿Cuál es el saldo en la cuenta de excedentes financieros?

- Terraf: El saldo es de $ 18 millones.

- ¿Por qué creen que López puso la lupa sobre los excedentes financieros del TC y no sobre los otros poderes?

- Terraf: Las motivaciones de López no las conozco, pero me parece fantástico que se haya encargado del tema. Este tipo de denuncia, a la que considero frontal, viene a plantear algo que genera una duda y el abogado tiene derecho a sacarla. A mí no me deja ningún sabor amargo. ¿Por qué no lo hace con la Justicia, o con el Poder Legislativo? No lo sé. No puedo contestar yo eso. Pero sí nos da la oportunidad de tratar esta cuestión. Los fondos extrapresupuestarios no son reservados ni ocultos.

- El sistema del control propio, ¿es el mejor?

- Terraf: Es el sistema vigente. Por ahí suena como arbitrario que yo le controle los gastos a todo el mundo y nadie me controle lo que gasto yo, sino yo mismo. Pero es lo vigente. Como adicto al control que soy, estaría totalmente de acuerdo en que alguien controle al controlador.

- ¿Los condiciona que la Legislatura apruebe su presupuesto?

- Terraf: No, para nada. Hay un equilibrio de poderes en la democracia donde funciona tanto el PE, el Legislativo y el Judicial en un sistema de contrapesos de control perfectamente establecido.

- Díaz Ricci: El presupuesto es una ley, pero a la iniciativa la tiene el PE, que es el administrador y quien fija las políticas públicas. Cuando enviamos nuestro borrador es al PE, que lo puede modificar, como sucede generalmente, y lo envía al Legislativo.

- Como órgano de control, no debe ser sencillo tener contratados...

- Terraf: No tenemos contratados. Son políticas institucionales. Nosotros decidimos, con gran acierto, que nuestros principales asesores son nuestros empleados. ¿A quién voy a contratar de afuera? Por eso yo les decía que debemos proteger a los que están hace seis o siete años. No es fácil controlar. Acá necesitamos fundamentalmente gente apta desde lo moral, desde lo ético. ¿Para qué queremos un contador de Harvard con 10 de promedio si no nos sirve moralmente? Necesitamos gente que conozcamos. Uno se mueve también con la confianza.

Durante la entrevista, el tribunal valoró el rango constitucional que se le otorgó con la reforma de 2006.

- Terraf: El poder político de la Provincia ha sustentado (el control) dándole cada vez mayores atribuciones (al TC). En 2006 se expresó con la voluntad de que el control sea constitucional. ¿Porque les es cómodo este control? No es así. No es que somos conniventes con el poder y no controlamos. Es bastante incómodo, bastante. Porque todas las cuestiones que la oposición ha hecho gala desde la época de Esteban Jerez se han basado en actuaciones del TC. Silvia Elías de Pérez hace campaña en todos lados, ¿gracias a la investigación que hace quién? ¿O los 89 casos de irregularidades de la DAU los ha detectado quién? Después ella encontró uno que vendía choripanes...

- Usted (a Terraf) se define como adicto al control. ¿Qué opinión tiene de que la Legislatura no trate la Cuenta de Inversión?

- Terraf: Son preguntas que no puedo contestar yo; puedo contestar sobre lo que surge de la obligación que se me da y que tengo de cumplir, pero en un ámbito tan distante del TC como es la Legislatura, porqué la trata, porqué no... Creo que son preguntas para la Legislatura.

- Pero ese tratamiento, ¿podría evitar denuncias como la de López?

- Terraf: No creo, porque el mismo informe que recibe la Legislatura sobre la Cuenta de Inversión está en internet el día que se informa. No es que la Legislatura recibe un informe y en el sitio web se pone una carilla. Está al alcance de todos los ciudadanos del mundo.

- Pero no figuran los anexos...

- Terraf: No es que no figuren; figura el listado, pero no podemos volcar todo eso en un acuerdo.

- Vidal: Cabe aclarar cómo es el proceso; la Cuenta de Inversión es realizada por la Contaduría General de la Provincia; la envía al TC a efectos de que efectúe un informe. Cuando llega, acá, tiene una cantidad de folios impresionante. El hecho de que sea remitida luego a la Legislatura cierra el tema presupuestario.

- Terraf: Otro dato: la Cuenta de Inversión de 2010, de la Ciudad de Buenos Aires, con anexos, tenía 69 folios; la de Tucumán, sin sus anexos, 110 folios, y con sus anexos, más de 5.000.

- Uno de los últimos acuerdos (el N° 785/14) sobre la DAU describe prácticamente una maniobra en lo que hace a la utilización de la ley 7.960 para realizar contratos directos superando los límites de la ley. Esta es una situación que el TC le ha marcado a Miguel Brito. ¿Cómo le cae al controlador que ese funcionario sea asesor de un senador oficialista (Sergio Mansilla)?

- Terraf: No nos corresponde eso. Brito tiene el derecho de trabajar donde consiga trabajo; no somos nosotros quienes definimos la suerte personal de Brito. Nuestra relación con él es absolutamente institucional, no tiene nada que ver con su vida personal. Lo que él haga o le permitan hacer es una cuestión que no nos incumbe de ninguna manera

- Pero Brito continúa vinculado al oficialismo...

- Terraf: No molesta, para nada. Es una cuestión de incumbencia totalmente ajena a nosotros. Si como tribunal se personalizan las cuestiones, no habla bien. Parece que puede haber un encono, pero lo que se repite es el error. Si se comete un error parece cosa de nada, pero si son cinco errores... Nosotros trabajamos como tribunal, y eso es algo que importa mucho resaltar. No nos serviría de nada a nosotros trabajar desde lo técnico y lo legal si falta lo ético y lo moral. Es un complemento que debe existir necesariamente en todos los integrantes de este organismo.