Lucía Cid Ferreira - Socióloga, Dra. en DDHH y Desarrollo
Una investigación mediante encuesta realizada desde el Centro de Investigaciones Sociológicas en esta ciudad en 2008, encontró un mayor nivel de aprobación de la “justicia por mano propia” en los sectores sociales más vulnerables, aquellos que precisamente tienen mayor dificultad de acceso a la Justicia. Sin embargo, la percepción de que la Justicia no da cuenta del problema de inseguridad se extiende a muchos sectores de la población. Es posible que la falta de respuestas satisfactorias frente a los hechos concretos combinado con el alto nivel de desconfianza en las instituciones públicas que revelan todas las encuestas propicien, en un cierto porcentaje de la población, una cultura favorable a mecanismos alternativos de autoprotección, por fuera de los mecanismos institucionalizados.
Pero, ¿cuáles serían las respuestas satisfactorias frente al problema de inseguridad? Mucho se discute sobre este problema y con frecuencia las visiones están atravesadas por intereses que se alejan de las necesidades concretas de las personas. En principio cabe identificar las causas del deterioro social que abona este tipo de conflictividad social que llamamos inseguridad. Una de esas causas que aparece como tal vez la principal entre otras varias es el aumento de la desigualdad económico-social. Se ha constatado una correlación entre el índice de GINI y la evolución de los delitos contra la propiedad.
Por otro lado, nuestras investigaciones en zonas urbanas caracterizadas por la pobreza indican que el nivel de vulnerabilidad social (considerado según la posesión o no de diversos tipos de capital: económico, cultural, social, etc.), no la pobreza per se, está relacionado con mayores niveles de victimización y delito. Pero hay que resaltar que los hechos de inseguridad no son producidos solamente por delincuentes comunes asociados a condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Existe en la Argentina un gran desarrollo del delito organizado, que se vincula con diversas estructuras de poder, que también generan muchos hechos de inseguridad que afectan a los ciudadanos comunes; aunque la relación de una cosa con otra quede tal vez oscurecida por la falta de inmediatez y visibilidad.
Los linchamientos que se viene produciendo no se justifican moralmente bajo ningún concepto y es probable que, más allá de una justificada desconfianza hacia las instituciones públicas, estén movidos por sentimientos racistas y discriminatorios.
Los linchamientos pueden transformarse, o no, en una tendencia social, dependiendo del curso que se tome. Es necesario, por una parte, enfrentar el problema de la falta de acceso a la Justicia, para todos: sean víctimas o victimarios. Y, por supuesto, tomar conciencia de que el problema de fondo radica en una estructura social caracterizada por un altísimo nivel de desigualdad, la que favorece todo tipo de violencias.