29 Marzo 2014
Hallados culpables del delito de exacciones ilegales (pedido de coima), un gremialista fue condenado a tres años de prisión condicional; y un inspector de la Secretaría de Trabajo, a dos años.
Así lo dictaminó en la madrugada de ayer la sala III de la Cámara Penal, integrada por Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Juana Juárez (Ibáñez votó en disidencia).
Todo comenzó el jueves 19 de febrero de 2009 en una finca de la localidad de Benjamín Paz, propiedad de Ramón Vallejo y Antonia Salomé Cuevas.
Allí llegaron Ramón Orlando Medina, inspector de la Secretaría de Trabajo, y Jorge Luis Jerez, gremialista de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
Ambos llevaron adelante una inspección en la finca, que está arrendada a un ciudadano boliviano y donde se cultivan tomates. Luego de la revisión, Medina y Jerez dijeron al matrimonio que habían encontrado trabajadores en “negro”. Los dueños de la tierra adujeron que eso no era cierto, y que el arrendatario tenía todos los papeles en regla. Ante esto, el inspector y el sindicalista comenzaron a labrar un acta.
Según la versión del matrimonio, fue en ese momento cuando Medina y Jerez propusieron destruir los papeles a cambio de $ 2.000. La pareja -siempre según su denuncia- aceptó, pero pidió tiempo hasta el sábado siguiente para reunir el dinero.
Investigación
Cuando los empleados públicos se marcharon, Vallejo y Cuello realizaron la denuncia en la Fiscalía de Instrucción de la VIII° Nominación, a cargo de Adriana Giannoni. La fiscala ordenó que el caso sea investigado por la sección Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones.
El sábado siguiente, los policías esperaron ocultos la llegada de los empleados públicos. Según los investigadores, lograron sorprender in fraganti a Medina y a Jerez cuando, aparentemente, recibían los $ 2.000. En ese momento fueron aprehendidos.
Desde que comenzó el juicio, tanto Medina como Jerez estuvieron con prisión domiciliaria. En sus últimas declaraciones ante el tribunal, ambos clamaron por su inocencia.
“Jamas engañaría a un compañero. Nunca pedí plata mal habida a nadie”, manifestó Jerez. Luego, mirando al tribunal, añadió: “tengo tres hijos. Sólo quiero trabajar y salir de este mal momento. Jamás pisé una comisaría ni tengo una contravención”, aseguró.
Además de los años de prisión condicional, el tribunal resolvió que el sindicalista de Uatre sea inhabilitado por cuatro años para ejercer cargos gremiales. La inhabilitación a Medina para ocupar un cargo público es por tres años.
La representante del Ministerio Público, Juana Prieto de Sólimo, solicitó en su alegato cuatro años de prisión efectiva para los dos. “Se aprovecharon de la vulnerabilidad de las víctimas”, esgrimió.
Además, sostuvo que Medina, cuando se realizó la inspección, ya no cumplía funciones de inspector. “Desde mayo de 2008 estaba cumpliendo funciones administrativas en el Ministerio del Interior”, alegó la funcionaria judicial. El 11 de abril el tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia.
Así lo dictaminó en la madrugada de ayer la sala III de la Cámara Penal, integrada por Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Juana Juárez (Ibáñez votó en disidencia).
Todo comenzó el jueves 19 de febrero de 2009 en una finca de la localidad de Benjamín Paz, propiedad de Ramón Vallejo y Antonia Salomé Cuevas.
Allí llegaron Ramón Orlando Medina, inspector de la Secretaría de Trabajo, y Jorge Luis Jerez, gremialista de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
Ambos llevaron adelante una inspección en la finca, que está arrendada a un ciudadano boliviano y donde se cultivan tomates. Luego de la revisión, Medina y Jerez dijeron al matrimonio que habían encontrado trabajadores en “negro”. Los dueños de la tierra adujeron que eso no era cierto, y que el arrendatario tenía todos los papeles en regla. Ante esto, el inspector y el sindicalista comenzaron a labrar un acta.
Según la versión del matrimonio, fue en ese momento cuando Medina y Jerez propusieron destruir los papeles a cambio de $ 2.000. La pareja -siempre según su denuncia- aceptó, pero pidió tiempo hasta el sábado siguiente para reunir el dinero.
Investigación
Cuando los empleados públicos se marcharon, Vallejo y Cuello realizaron la denuncia en la Fiscalía de Instrucción de la VIII° Nominación, a cargo de Adriana Giannoni. La fiscala ordenó que el caso sea investigado por la sección Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones.
El sábado siguiente, los policías esperaron ocultos la llegada de los empleados públicos. Según los investigadores, lograron sorprender in fraganti a Medina y a Jerez cuando, aparentemente, recibían los $ 2.000. En ese momento fueron aprehendidos.
Desde que comenzó el juicio, tanto Medina como Jerez estuvieron con prisión domiciliaria. En sus últimas declaraciones ante el tribunal, ambos clamaron por su inocencia.
“Jamas engañaría a un compañero. Nunca pedí plata mal habida a nadie”, manifestó Jerez. Luego, mirando al tribunal, añadió: “tengo tres hijos. Sólo quiero trabajar y salir de este mal momento. Jamás pisé una comisaría ni tengo una contravención”, aseguró.
Además de los años de prisión condicional, el tribunal resolvió que el sindicalista de Uatre sea inhabilitado por cuatro años para ejercer cargos gremiales. La inhabilitación a Medina para ocupar un cargo público es por tres años.
La representante del Ministerio Público, Juana Prieto de Sólimo, solicitó en su alegato cuatro años de prisión efectiva para los dos. “Se aprovecharon de la vulnerabilidad de las víctimas”, esgrimió.
Además, sostuvo que Medina, cuando se realizó la inspección, ya no cumplía funciones de inspector. “Desde mayo de 2008 estaba cumpliendo funciones administrativas en el Ministerio del Interior”, alegó la funcionaria judicial. El 11 de abril el tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia.
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